Uno de los peores males del boliviano es la impaciencia. Así coincidieron hace unos años, especialistas en lucha contra la corrupción de diferentes partes del mundo que se reunieron en Bolivia, país que sigue ocupando sitiales deshonrosos en el clásico ranking del organismo “Transparencia Internacional”.
Son impacientes porque meten un gol y ya se entusiasman con clasificar al Mundial o cuando pretenden solucionar de un plumazo un problema que ha tomado siglos en estructurarse y convertirse en un modo de vida. Es más, los expertos creen que si Bolivia eliminara de un día para otro la corrupción, por una suerte de decreto divino, ley sobrenatural o algo parecido, el caos reinaría al día siguiente, pues la gente no sabría cómo solucionar sus problemas, los burócratas no tendrían las herramientas necesarias para echar a andar el aparato estatal y los usuarios no sabrían a quién recurrir para agilizar sus cosas. Como dicen por ahí, la corrupción es una suerte de lubricante que mueve los engranajes de las relaciones humanas en el país.
Pero eso no quiere decir que la situación actual es buena, ni que hay que dejarla como está, porque la corrupción forma parte del esquema de desigualdades y de injusticias que oprimen a la población sobre todo a los más débiles que no tienen los recursos ni los contactos necesarios para aprovecharse de las “ventajas” de un sistema corrupto.
La gran pregunta es cómo hacemos para avanzar y ahora que surge un nuevo informe adverso, cuestionar por qué no estamos progresando ya que tal como lo demuestran los hechos, los bolivianos estamos retrocediendo, hecho que puede ocasionar decepción y pesimismo.
La primera respuesta se encuentra en el modelo del Estado, pensado y estructurado bajo un concepto medieval de rey, caudillo o autócrata con todo el poder para hacer las leyes y manejarlas a su antojo. De esa manera el servidor público goza de todos los privilegios y armas para pisotear a la población y agredirla sin miramientos, como ese policía que pide coima o golpea a un ciudadano o como el ministro que decide por cuenta propia que una compra o una obra se deben ejecutar rápidamente, sin licitación y sin ajustarse a ningún tipo de presupuesto.
Está bien hacer las leyes, pero estas no sirven de nada sin el componente del control. En Bolivia, los gobernantes siempre han soñado con la acumulación del poder que les permite eternizarse en los cargos y eso sólo se puede conseguir eliminando las garantías y las herramientas que le deberían permitir al Poder Judicial cumplir una de sus misiones fundamentales, la de obligar al Gobierno a cumplir y hacer cumplir las leyes.
El tercer factor es la desigualdad. Bolivia puede vivir todos los periodos de bonanza, pero si no consigue que la lluvia de dinero se traduzca en una estructura y en un modelo productivo sostenible que le ayude a la gente a mejorar para siempre sus condiciones de vida, que le garantice un trabajo digno y educación para sus hijos, simplemente estará apuntalando los desbalances sociales, perpetuando los abismos que pivotean una ecuación perversa en la que conviven opresores y oprimidos. El Gobierno actual asegura tener la receta para solucionar este conflicto, pero los resultados demuestran que los avances son muy limitados y efímeros.
El tercer factor es la educación. Está demostrado que una de las mejores armas contra la corrupción es la formación del ser humano y en ese aspecto obviamente, estamos años luz de la situación óptima.
Son impacientes porque meten un gol y ya se entusiasman con clasificar al Mundial o cuando pretenden solucionar de un plumazo un problema que ha tomado siglos en estructurarse y convertirse en un modo de vida. Es más, los expertos creen que si Bolivia eliminara de un día para otro la corrupción, por una suerte de decreto divino, ley sobrenatural o algo parecido, el caos reinaría al día siguiente, pues la gente no sabría cómo solucionar sus problemas, los burócratas no tendrían las herramientas necesarias para echar a andar el aparato estatal y los usuarios no sabrían a quién recurrir para agilizar sus cosas. Como dicen por ahí, la corrupción es una suerte de lubricante que mueve los engranajes de las relaciones humanas en el país.
Pero eso no quiere decir que la situación actual es buena, ni que hay que dejarla como está, porque la corrupción forma parte del esquema de desigualdades y de injusticias que oprimen a la población sobre todo a los más débiles que no tienen los recursos ni los contactos necesarios para aprovecharse de las “ventajas” de un sistema corrupto.
La gran pregunta es cómo hacemos para avanzar y ahora que surge un nuevo informe adverso, cuestionar por qué no estamos progresando ya que tal como lo demuestran los hechos, los bolivianos estamos retrocediendo, hecho que puede ocasionar decepción y pesimismo.
La primera respuesta se encuentra en el modelo del Estado, pensado y estructurado bajo un concepto medieval de rey, caudillo o autócrata con todo el poder para hacer las leyes y manejarlas a su antojo. De esa manera el servidor público goza de todos los privilegios y armas para pisotear a la población y agredirla sin miramientos, como ese policía que pide coima o golpea a un ciudadano o como el ministro que decide por cuenta propia que una compra o una obra se deben ejecutar rápidamente, sin licitación y sin ajustarse a ningún tipo de presupuesto.
Está bien hacer las leyes, pero estas no sirven de nada sin el componente del control. En Bolivia, los gobernantes siempre han soñado con la acumulación del poder que les permite eternizarse en los cargos y eso sólo se puede conseguir eliminando las garantías y las herramientas que le deberían permitir al Poder Judicial cumplir una de sus misiones fundamentales, la de obligar al Gobierno a cumplir y hacer cumplir las leyes.
El tercer factor es la desigualdad. Bolivia puede vivir todos los periodos de bonanza, pero si no consigue que la lluvia de dinero se traduzca en una estructura y en un modelo productivo sostenible que le ayude a la gente a mejorar para siempre sus condiciones de vida, que le garantice un trabajo digno y educación para sus hijos, simplemente estará apuntalando los desbalances sociales, perpetuando los abismos que pivotean una ecuación perversa en la que conviven opresores y oprimidos. El Gobierno actual asegura tener la receta para solucionar este conflicto, pero los resultados demuestran que los avances son muy limitados y efímeros.
El tercer factor es la educación. Está demostrado que una de las mejores armas contra la corrupción es la formación del ser humano y en ese aspecto obviamente, estamos años luz de la situación óptima.
Está bien hacer las leyes, pero estas no sirven de nada sin el componente del control. En Bolivia, los gobernantes siempre han soñado con la acumulación del poder que les permite eternizarse en los cargos y eso sólo se puede conseguir eliminando las garantías constitucionales.
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