A cuatro años de la balacera en el hotel Las Américas, la opinión pública nacional dispone de mayores y mejores elementos de juicio para considerar que lo ocurrido aquella madrugada del 16 de abril de 2009 fue parte de un burdo montaje. De una trama escabrosa y siniestra sobre ‘terrorismo’, ‘magnicidio’ y ‘separatismo’ que el Gobierno nacional, sus operadores y voceros sostienen aún con el mayor desparpajo, sin una sola prueba a la mano. En cambio, son cada vez más apabullantes las evidencias de que aquellas supuestas acciones fueron utilizadas como descarado pretexto para pulverizar la gesta autonomista, desatar una implacable cacería contra opositores políticos y debilitar a la institucionalidad en Santa Cruz, donde está enraizada la mayor resistencia al régimen masista.
Transcurrido el tiempo, en medio de inesperados vaivenes, de fuertes revelaciones y de groseras contradicciones, la versión oficial sobre aquel luctuoso suceso caratulado como ‘caso Rózsa’ se ha vuelto insostenible. El Gobierno se encuentra extraviado en su propio laberinto después de que no arribaran a parte alguna las investigaciones a cargo del fiscal Marcelo Soza y, por el contrario, quedara al descubierto toda una red de extorsión compuesta por abogados y fiscales vinculados escandalosamente al mismo caso. La situación de Soza también se ha vuelto laberíntica con los audios presentados por la senadora pandina Carmen Eva Gonzales, en los que se registra su voz en comprometedores diálogos sobre las pesquisas que le encomendaron y que detallan aspectos de la monumental patraña. Está meridianamente claro que el trillado caso Rózsa no habría soportado una investigación seria. Como la que demandaron insistentemente organismos internacionales y los países a cuyas nacionalidades correspondían las personas acribilladas a balazos cuando se encontraban a medio vestir en sus habitaciones del hotel por fuerzas de élite de la Policía boliviana.
Cuatro años después, decenas de ciudadanos, cruceños en su mayoría, permanecen privados de libertad sin que sean respetados sus más elementales derechos. Con sus vidas y haciendas destrozadas. Probablemente no exista forma de reparar el daño causado contra todos ellos. Transcurridos cuatro años, el embuste persiste con activa participación de jueces y fiscales incapaces de enderezar lo que está torcido. De comprometerse únicamente con la búsqueda de la verdad histórica de los hechos. De administrar justicia con absoluta independencia. Es imperativo que la verdad se abra paso entre las sombras. Ya no puede tolerarse por más tiempo la falacia utilizada contra Santa Cruz y su gente.
Consejo Editorial: Pedro F. Rivero Jordán, Juan Carlos Rivero Jordán, Tuffí Aré Vázquez, Lupe Cajías, Agustín Saavedra Weise y Percy Áñez Rivero
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