Preocupa que casi en forma diaria muchas importantes autoridades del Estado, particularmente del Órgano Ejecutivo, hagan declaraciones, afirmaciones, acusaciones que violan derechos consagrados por la Constitución Política del Estado (CPE) que el MAS y el Gobierno impulsaron hasta su aprobación mediante referendo.
Son incalculables las acusaciones en contra de ciudadanos, hombres y mujeres, sin ningún sustento, situación que se agrava porque, como las mismas autoridades reconocen, la administración de justicia va de mal en peor, por lo que el agredido ciudadano no tiene a quién recurrir en su defensa.
Ahora, como resultado del referendo constitucional, el Primer Mandatario amenazó con una depuración en el aparato estatal de los servidores públicos no comprometidos con el MAS o el proceso de cambio que impulsa, aunque luego pareció dar un paso atrás, y les “pidió” salir del Estado.
La CPE establece que se “prohíbe y sanciona toda forma de discriminación”, entre otras, por “credo religioso, ideología, filiación política o filosófica (...)”. Esto significa que un servidor público puede tener la filiación que prefiera y no puede ser echado por ello.
Hay más. La CPE establece también que en “el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden ni a privarse de lo que éstas no prohíban”, y en ninguna norma (salvo que sea secreta) se establece que para ser servidor público se requiere ser militante del MAS o adscribirse a su proyecto político.
Por lo señalado, una vez más se debe exhortar a las autoridades a acatar y dar por hecho los resultados del referendo constitucional, dejar de hacer campaña y volcar su atención a la buena administración del Estado, que buena falt hace.
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