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martes, 1 de marzo de 2016

Los Tiempos con firmeza reclama una serena y concreta explicación que corresponda a las dudas de hoy. el tema de fondo se relaciona con el manejo de los contratos millonarios ordenados por el Jefe del Estado, sobre los que aún no se pronuncian los aludidos sino que salen por peteneras.

Se debe entender que restablecer lazos de confianza entre gobernantes y gobernados es una condición fundamental para garantizar una buena gobernanza y la vigencia del sistema democrático y de derecho, y las instituciones nacionales
La sucesión de hechos reñidos con el espíritu cívico de un país y la moral que involucran a los primeros mandatarios de Bolivia exigen de parte de estos una serena y concreta explicación, en la que se responda a las dudas que han surgido en la sociedad y no, como ha estado sucediendo hasta ayer, se busque eludir las necesarias respuestas a través de relatos sobre presuntas acciones conspirativas internas e internacionales en contra de ellos.
Se trata de hechos que, precisamente porque se hace referencia a ellos de la misma manera más allá de las distintas dimensiones que cada uno tiene, afectan a la confianza que la ciudadanía debe tener respecto a sus principales autoridades para la buena marcha de la sociedad.
El común denominador es la prevalencia de la mentira o las medias verdades por sobre la verdad llana, así sea dolorosa. Y va desde un tema de tan poca importancia como la obtención de un título universitario o una libreta militar, pasa por el reconocimiento explícito y acatamiento de los resultados del referendo constitucional convocado por ellos mismos, y termina con una compleja relación sentimental del Primer Mandatario, a partir de la cual hay un hijo al que primero se lo dio por muerto, cuando, al parecer está vivo, y un presunto tráfico de influencias en beneficio de empresas que suscriben contratos con el Estado.
La culpa de esos hechos no radica en el imperialismo, en la oposición o en periodistas, sino en que sucedieron y, por tanto, surgieron diferentes posiciones y acciones. Es decir, si tales mentiras, medias verdades o mensajes contradictorios no hubieran sido hechos, no habría posibilidad de denuncia alguna. Por tanto, la ciudadanía necesita que se aclaren no las consecuencias de esos hechos, sino la razón de haberlos cometido; es decir, que las autoridades asuman conciencia de la responsabilidad estatal que tienen. Y, si corresponde, presentar con dignidad las debidas excusas y el compromiso de no volver a actuar de esa manera.
Mientras las autoridades sigan eludiendo dar explicaciones claras de los temas de fondo, no sólo que se mantendrá una perversa pedagogía cívica, en sentido de que el ejercicio del poder no tiene ningún limite y justifica cualquier transgresión, afecte a quien afecte, sino que también erosionará la legitimidad de la que este proceso político y sus conductores gozaron en los pasados años.
Es decir, se debe entender que restablecer lazos de confianza entre gobernantes y gobernados es una condición fundamental para garantizar una buena gobernanza y la vigencia del sistema democrático y de derecho, y las instituciones nacionales. Por ello, los primeros mandatarios deberían reflexionar sobre el tema y en forma solemne explicar al país qué ha pasado y cómo garantizarán que no vuelva a pasar.
Esto es lo que precisa con urgencia la sociedad y lo requiere a la brevedad posible para evitar que la legitimad a la que hacemos referencia se siga erosionando.

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