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martes, 15 de marzo de 2016

las compras directas están cargadas de incorrectas, corruptas, hasta perversas...el dinero fácil que se entrega a los proveedores, proveedores que reparten comisiones con tal de acomodar su producto, no es nada nuevo. lo malo, gravemente perjudicial es "comprar sin licitar" en forma directa facilitando los negociados. El Deber, SC

Más allá del actual escándalo por un presunto tráfico de influencias a favor de un conglomerado chino (algo que deberá aclararse a la brevedad), han surgido otras sombras en torno a la actual administración del país encabezada por Evo Morales. Según datos publicados a nivel global, el 99% de las adquisiciones estatales bolivianas se han pactado mediante contratos directos sin ninguna licitación. Este oscuro panorama tendrá que ser aclarado. Se trata de una danza de cientos y cientos de millones de dólares para un país que aún es considerado pobre a escala mundial y donde cada billete del erario público debería ser cuidadosamente utilizado de la forma más prudente y honesta posible. 

Múltiples contratos han sido otorgados sin control a muchas empresas y se realizaron compras masivas sin los procesos previos de rigor. Un libro próximo a publicarse comenta –con abundancia de datos– que las licitaciones gubernamentales prácticamente han desaparecido desde la asunción del MAS al poder. Las adjudicaciones por procesos licitatorios cayeron del 76% en 2004 al 41% en 2010, al 8% en 2013 y al 1% en 2014. Sí, eso significa que de cada 100 compras públicas 99 se hacen de forma directa y solo una es licitada. Por este camino es inevitable que se generen múltiples sospechas de potenciales corruptelas. He aquí que el dinero del pueblo ha sido transferido de forma directa a quienes el Gobierno creyó pertinente otorgar contratos. Esta situación tiene que resolverse. También cabe cuantificar el monto de inversión pública que ha ido a proyectos concretos de genuino uso social, no solo a canchas de fútbol u otras obras de alto impacto mediático y bajo contenido real, como parece ha venido sucediendo.

Todo este oscuro panorama –que comienza a ‘destaparse’– requiere prudencia con mano firme en la rigurosa investigación que, tarde o temprano, tendrá que ejecutarse. Creemos que el organismo estatal encargado –la Contraloría– no es hoy el mejor conducto; se duda de su objetividad por falta de un nombramiento constitucional. 

Comisiones del Gobierno e inclusive aquellas formadas con el concurso de la oposición tampoco resultan ser lo mejor en un tema como el que nos ocupa, ya que se pueden deslizar múltiples subjetividades o disfrazarse intereses de un lado u otro. En este caso, delicado y de interés nacional, auditoría e investigación deberían estar a cargo de un intachable ente internacional especializado que, de forma neutral y con solvencia, diseccione minuciosamente los procesos de adjudicación de esta última década. El pueblo quiere saber de qué se trata y adónde fue su dinero. Lo demanda con urgencia

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