En este, como en otros asuntos diplomáticos, se pone en evidencia la necesidad de que la Cancillería recupere sus atribuciones
Si se analizara lo que está sucediendo en el mundo bajo parámetros racionales y en función al interés nacional, y no sobre preconceptos y prejuicios ideológicos, se comprendería que hay acciones que ningún gobierno —sea que busque su reproducción sine die en el poder o sea consecuente con los principios básicos del sistema democrático— ejecutaría si éstas lo distanciaran de otras naciones, particularmente de aquellas poderosas con las que se tiene que lidiar y convivir a lo largo del tiempo.
Además, los países que tienen una cabal comprensión de la importancia de las relaciones internacionales respetan algunos principios básicos que generalmente están incluidos en sus respectivas constituciones, uno de los cuales es que las relaciones internacionales son dirigidas por el Presidente con el apoyo de su Ministro de Relaciones Exteriores (en el caso boliviano, esta organización está incluida en los artículos 172 y 175 de la Constitución). Cuando esta línea de mando se trunca, sobrevienen problemas e incluso obstáculos que son difíciles de superar, como se ha podido observar en varias oportunidades en esta gestión y se está viviendo en estos momentos con Brasil, a propósito de la solicitud de asilo de un senador de la oposición.
Desde el momento en que Brasil ha concedido el asilo requerido, la Cancillería boliviana ha solicitado revisar la decisión para lo cual ha remitido al Gobierno brasilero documentación sobre las acusaciones que existen contra el senador. Pero, simultáneamente, varias e importantes autoridades del Gobierno y de la Asamblea Legislativa han criticado públicamente, incluso con adjetivos inadmisibles no sólo en el mundo diplomático, la decisión soberana del vecino país. Y ante una solicitud pública del Embajador brasileño —seguramente con autorización de su Gobierno— para que se agilicen los trámites, se ha realizado otra serie de declaraciones de autoridades ajenas al Ministerio de Relaciones Exteriores a cual más virulentas.
Es decir, una vez más, mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores sigue los procedimientos oficiales, el resto del Gobierno opta por la abierta agresión, generando, como se ha señalado, condiciones que pueden poner en peligro las relaciones con Brasil, sin comprender, aparentemente, lo que ello significa, peor aún si no se trata, de ninguna manera, de velar por la dignidad y la soberanía nacionales, sino de buscar imponer en forma por demás rudimentaria y arbitraria —como lo hacen en el país— su idea sobre cómo el vecino país (o cualquiera que acoja a quien se sienta acosado por este Gobierno, como ya ha ocurrido con Perú, Estados Unidos y Paraguay) debería actuar.
Así, incluso en el supuesto de que las denuncias de corrupción sobre el mencionado senador tuvieran asidero legal, la actitud asumida por las autoridades convierte el tema en un nuevo acto de acoso político y afecta negativamente el curso de las relaciones con Brasil, lo que puede tener consecuencias imprevisibles.
En este contexto, cabe agregar a la pregunta que titula este editorial, la siguiente: ¿no podrían recuperar las autoridades de la Cancillería su atribución de dirigir, junto al Presidente, las relaciones exteriores del país?
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