Lo que se temía ocurrió. La tarde del jueves, efectivos de la Policía y comunarios de Mallku Quta se enfrentaron con violencia. Un compatriota, sin importar el bando al que pertenecía, murió. Hay una familia, hermanos bolivianos, que llora por la desgracia. Hay otros seres humanos que sufren dolor por las heridas recibidas. Cinco personas están retenidas contra su voluntad y temen por sus vidas.
Parece el argumento de una película de terror, pero es mucho más. Es la triste realidad.
¿Cómo permitimos que las cosas lleguen a un punto que parece sin retorno y que sólo parece tener como consecuencia mayores niveles de violencia?
Por supuesto que la principal responsabilidad es de las autoridades nacionales. Debieron hacer mayores esfuerzos para evitar el siempre inútil y estéril derramamiento de sangre.
Desde esta misma columna editorial, ayer invocábamos a que los responsables de la Fiscalía y el Ministerio Público cumplan su trabajo, repongan el orden y sienten la presencia del Estado en esa región, pero con absoluta y escrupulosa observancia de los derechos humanos, y que se someta a debido proceso a quienes incurrieron en delitos, para que sean sancionados de acuerdo con lo que ordenan las leyes vigentes en el país.
Mallku Quta se convirtió en un “agujero negro” —en realidad, debe haber muchos en el país— en el territorio nacional, donde no hay ley ni otra cosa que no sea la voluntad de sus pobladores. Es un descuido del Estado que data desde la fundación de la República, en 1825.
Pero qué se puede pensar de colectividades que no acatan las leyes nacionales y que desconocen un contrato de exploración de riqueza mineral suscrito por la Corporación Minera de Bolivia con una empresa privada.
Los recursos naturales, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, no pertenecen al dueño del terreno o, si se quiere, territorio en el que son encontrados, sino que son patrimonio de todo el pueblo boliviano.
Por ello, los comunarios de Mallku Quta no pueden reclamar como suyos la plata, el indio, el galio o la tierra común y corriente que allí se encuentre.
Tampoco pueden atribuirse la potestad de convertirse en un órgano judicial paralelo al único que existe en el país ni pretender aplicar penas en contra de cinco personas a las que mantienen secuestradas. Los campesinos, en esa zona, están armados, causan zozobra en la población y atentan contra la libertad de locomoción de las personas. El Código Penal define esas acciones como el conjunto de elementos que forman el terrorismo y la subversión contra el orden establecido.
Ante ello, lo lógico es mantener la calma y actuar con determinación. Es necesario que el Estado siente presencia en esa zona y que no se baje la guardia un solo instante, que se aplique la ley y que quienes conducen a una colectividad por un camino erróneo se atengan a las consecuencias de sus acciones.
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