Google+ Followers

lunes, 30 de enero de 2012

crónica de El Deber muestra la tensión que está provocando la llegada a La Paz del "falso TIPNIS" instrumentado por EM para anular la Ley Corta


En medio de una creciente tensión social por la reinstalación del conflicto por el Tipnis, pero con un débil respaldo de sectores sociales afines al MAS, más de 800 indígenas agrupados en torno al Consejo Indígena del Sur (Conisur) arriban hoy a La Paz para instalar una vigilia en la plaza Murillo en demanda de la anulación de la denominada Ley Corta que suspendió la carretera a través de la reserva natural y declaró su intangibilidad.
En respuesta a la ofensiva de esta organización, la subcentral del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) instalarán desde mañana una vigilia ante la posibilidad de que la Asamblea Legislativa abra la posibilidad de volver a debatir la ley corta.
Corresponde al "auténtico TIPNIS", hoy llega a LP "el falso"

Los marchistas del Conisur aseguran que los originarios movilizados suman más de 4.000, pese a que reportes periodísticos muestran que no llegan al millar de personas.
Tras 40 días de marcha, los indígenas pernoctaban anoche en una escuela alteña donde realizaron reuniones de organización de la protesta de hoy.
Hasta el momento, los marchistas cuentan con el respaldo expreso de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, ambos núcleos afines al masismo.
Sin embargo, los dirigentes de Conisur no recibieron el apoyo de la Central Obrera Boliviana (COB), de los cooperativistas mineros ni de las juntas vecinales de El Alto ni de La Paz, que son las organizaciones con mayor capacidad de movilización.
Tampoco se movilizaron hasta el momento las federaciones de productores de hojas de coca, uno de los pilares del MAS.
Julia Ramos, líder de la Confederación de Mujeres Campesinas, anunció que recibió comunicación de varias afiliadas de base, "especialmente de La Paz", que participarán en el último tramo de la marcha del Conisur. Agregó que las "Bartolinas" brindarán todo su apoyo para se modifique la ley corta y para que se realice una consulta previa con todos los pueblos que habitan en el Tipnis.
El dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, Guzmán Aliaga, afirmó: "Expresamos nuestro respaldo moral a los hermanos indígenas del Conisur que están marchando desde hace más de un mes, los recibiremos en La Paz".
Pero la respuesta de los indígenas de tierras bajas no se hizo esperar. El presidente de la Subcentral Tipnis, Fernando Vargas anunció ayer que una comisión de la Cidob arribará a La Paz para instalar una vigilia en el eventual caso que la Asamblea Legislativa convoque a sesión para modificar la ley 180 de protección al Tipnis. "De la Cidob está yendo una comisión a La Paz el martes. El objetivo es hacer vigilia sobre el tema de la ley de protección al Tipnis y para ver si el Gobierno trata de abrogar la ley", anunció Vargas a ANF. Vargas precisó que esta comisión estará compuesta por dirigentes de las regionales de la Cidob como la: Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (Cpemb), la Central de Pueblos Indígenas del Beni (Cpib), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (Cirabo) y otros.
El Gobierno recibirá a los movilizados El máximo dirigente del Conisur, Gumercindo Pradel, en declaraciones al canal estatal TVB, aseguró que su organización está dispuesta a entablar un diálogo con el Ejecutivo y con los indígenas de la Cidob y la subcentral de pueblos originarios del Tipnis a fin de llegar a un acuerdo que garantice la construcción de la carretera sin afectar el medioambiente.
Sin embargo, cuestionó la decisión del titular la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob), Adolfo Chávez, de establecer una alianza política con el gobernador Rubén Costas. “Fue una metida de pata, así lo ha reconocido el mismo Fernando Vargas”, dijo Pradel.
El dirigente indígena, Eslin Gil Rojas, aseguró que los marchistas "no vamos a ir a hacer enfrentamiento".
Ayer, el Poder Ejecutivo y el defensor del Pueblo insistieron en la necesidad de abrir una instancia de diálogo. 
La representante de la ONU  en Bolivia, Yoriko Yasukawa, alertó de la posibilidad de una “convulsión social” y demandó la apertura de una instancia de diálogo.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, expresó su confianza para que la Cidob y el Conisur puedan consensuar soluciones favorables.
Sin embargo, la Cidob y la subcentral de los pueblos indígenas del Tipnis rechazaron cualquier posibilidad de diálogo con el Conisur.
Romero destacó que la llegada de la marcha del Conisur plantea un "escenario muy importante" para encontrar una salida al conflicto. "Se espera que los actores directos puedan encontrarse y hallar soluciones", complementó. La autoridad sostuvo que las demandas de la marcha del Conisur serán escuchadas por las autoridades gubernamentales.
Anular la ley encendería el conflictoFernando Mayorga | Analista políticoPese a la presión que plantea la marcha que acaba de llegar a La Paz, considero que la demanda de los indígenas del Conisur no logrará que se reabra el debate legislativo en torno a la ley corta que prohíbe la construcción de la carretera, porque esto significaría reabrir un frente de conflicto muy sensible para la población y para los sectores opositores a la actual gestión de Gobierno.
Es obvio que no va a anular la norma, porque sería abrir un conflicto nuevamente en el cual el Gobierno tuvo un desempeño negativo y que lo alejaría aún más de las bases indígenas de tierras bajas organizadas en torno a la Cidob. La visita de Evo Morales a los indígenas guaraníes explica también esta preocupación. Tampoco creo que haya tal presión de los sectores cocaleros en favor de la vía para ampliar la frontera agrícola para la coca, ya que los productores lo están haciendo con o sin carretera. La decisión de construir la carretera respondía más a una visión estratégica de integración del Estado, más que a presiones internas (cocaleros) o externas (Brasil). El Gobierno está en un problema porque deberá atender, aunque sea de manera parcial los pedidos de Conisur, pero no la anulación de la ley corta. 
Creo que la Asamblea legislativa va a aprovechar la circunstancia para aprobar una ley de consulta previa que permita prevenir los conflictos que pueden venir de manera frecuente por la tensión entre la CPE y los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Los sectores al interior del MAS van a acatar la decisión que adopte el Gobierno, porque son orgánicos a la voz del oficialismo.

No hay comentarios: