El periodismo internacional observa con curiosidad las elecciones de renovación judicial que se dan en Bolivia, elecciones que los bolivianos miran con una mezcla de indiferencia y reproche.
Los extranjeros observan el espectáculo boliviano con asombro, porque no se imaginan cómo, un país con tantas falencias, haya decidido gastar tanto dinero en un experimento inverosímil.
La actitud de los bolivianos es de incertidumbre porque no entienden la necesidad de esta elección, sobre todo si no hay opciones claras entre los candidatos. Y es de reproche porque no entienden cómo se puede hacer un derroche tan grande para cambiar casi nada.
¿No hay elecciones de jueces en el mundo porque los estadistas no han descubierto la fórmula de elegirlos, fórmula que, en cambio, ha sido diseñada por los gobernantes bolivianos?
¿O es que en el resto del mundo no se elige así a los jueces porque, simplemente, no corresponde la consulta popular para algo tan especializado?
En medio del debate sobre esta elección, alguien preguntó si sería correcto designar al director de una planta nuclear por voto popular.
El resto del planeta no elige sus jueces con el voto popular y eso no significa que todos los jueces que tienen sean malos. Ocurre, simplemente, que tienen un método diferente para llegar a esta selección natural de los que administran la justicia.
Todas estas observaciones surgidas en el exterior no son un reproche. Simplemente tratan de entender cómo es que un país pobre puede darse el lujo de hacer un experimento caro e innecesario.
El riesgo es que todas estas interrogantes asimilen el resultado de semejante ensayo como algo obvio: los jueces no son elegidos por el voto popular en el mundo porque no corresponde, como se ha comprobado en Bolivia.
Para los bolivianos, la observación externa es una molestia. Muestra que nadie pudo cambiar la voluntad de un gobierno que se propuso hacer un experimento vano.
Los más críticos de este ensayo preguntan en el país cuál es la diferencia entre un juez designado por el presidente Morales en persona, como lo son los actuales, y uno que haya sido seleccionado por sus parlamentarios, sin participación de los opositores, como es el caso de esta lista.
La pregunta clave: ¿cómo responderán los miembros del Tribunal Constitucional a la consulta sobre la re-reelección del presidente Morales que no autoriza la Constitución?
Si ese tribunal aprobara esta violación de la Carta Magna, se habría consumado todo el proceso. Si el tribunal respondiera con una negativa, quedaría la posibilidad de que el fallo fuera cuestionado y los jueces revocados por “voluntad popular”, como está previsto que pueda ocurrir.
Con lo que se llega a la conclusión de que quizá todo este proceso pretendidamente democrático fue ideado sólo para justificar la re-reelección del presidente Morales.
En este momento, cuando la popularidad del gobierno está tan baja, corresponde preguntar si todo este esfuerzo no fue inútil.
De todos modos, el país está mostrándose ante el mundo como el lugar donde, gastando mucho dinero, se quiere demostrar de manera empírica porqué la elección de los jueces no puede ser hecha con el voto popular.
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