Cayo Salinas jurista de muchos kilates, conoce las leyes a pie juntillas y nos muestras las aberraciones del evisto "camino de la autodestrucción" inevitable.

El Gobierno ha asumido como estrategia de defensa, que la intervención a los marchistas del Tipnis es responsabilidad de actores ajenos a la órbita oficialista. No fueron los partidos políticos de oposición, el clero boliviano ni los propietarios o periodistas de medios de comunicación los que dieron la orden de intervenir la marcha. Nadie, en su sano juicio, se atrevería a afirmar lo contrario.

Ocurre que cuando un régimen se sustenta únicamente en la imagen de su conductor, tarde o temprano llegan los autogoles y al ser así, es indispensable encontrar otro tipo de responsables. Por ello es que la búsqueda de estos es el primer expediente al que se recurre con el propósito de mantener incólume la figura del líder. El problema se presenta cuando el bien jurídico dañado ha sido aquel que sirvió de plataforma discursiva para imponer un tipo de Estado diferente al “abrogado”. Cuando así sucede, la cosa se pone difícil, al punto de colocarse en entredicho no sólo el modelo, sino la credibilidad de sus actores. He ahí el origen del “yo no fui”, que seguramente hubiera sido sustituido por el “yo lo hice” en alusión a la responsabilidad gubernamental, si acaso los marchistas o el coyuntural adversario hubiese sido otro. Pasó en Sucre donde se iniciaron acciones legales contra los autores del maltrato a indígenas en la plaza principal, --lo que no parece sucederá en este caso-- y luego en Pando y Cochabamba.

Ése el origen de la búsqueda de chivos expiatorios que pretende evitar el desgaste político fruto de las contradicciones del discurso.

Así, fueron los medios de información los primeros en ser atacados. Se los responsabilizó de haber desinformado y contribuido al descrédito gubernamental, cuando el rol que desempeñaron no fue otro que reflejar los hechos tal como acontecieron. En todo caso, los que hoy critican a canales y periódicos, fueron los que celebraron el papel que desempeñaron en los acontecimientos de febrero y octubre de 2003. Posteriormente, fueron los policías los que estuvieron en el ojo de la tormenta. Aquellos que cumplieron la orden de desmovilización (lamentablemente lo hicieron a punta de patada y golpe de laque, sin que hasta ahora se sepa si efectivamente hubo algún funcionario oficialista que lo ordenó así, o por el contrario, la vulneración a los derechos humanos practicada maniatando y amordazando indígenas provino como consecuencia del momento) son los que ahora están sindicados de ser posibles autores de un plan para dañar el proceso liderado por el presidente Evo Morales.

Más tarde fue la derecha boliviana, aquella que según el Gobierno está tan bien articulada (?) que es capaz de no sólo infiltrarse en la marcha, sino de dirigirla. La lógica no pudo ser otra que colocar en el escenario a diversos autores como posibles causantes de la masacre a fin de generar duda en la opinión pública y así, proteger el iter del proceso y la imagen de su conductor.

Lo cierto es que el Gobierno ha perdido tacto político en el manejo de este tema al punto que los esfuerzos por recomponer la figura de Evo son notorios. Ni los medios de comunicación, menos la Policía y menos aún la derecha son los causantes de este descalabro. La responsabilidad es sólo gubernamental. Y mientras la tozudez de mantener el trazo que daña un Parque Nacional y los deseos de Lula de que así sea persistan, los costos ambientales, políticos y electorales serán incalculables. 

El autor es abogado