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lunes, 3 de octubre de 2011

ABC de Madrid publica esta crónica mencionando el descontento que impera en Bolivia entre las FFAA y la Policía por separado.


La brutal represión de la Policía contra indígenas opuestos a la construcción de una carretera ha provocado que sectores con diferentes intereses se unan para reclamar la dimisión del presidente y participen juntos en una huelga general

Día 01/10/2011
La decepción de los indígenas llegó de la mano de uno de ellos, por eso les duele tanto. El desencanto de la clase media se produjo al mismo tiempo entre los de arriba y los de abajo, los que se ven a la derecha y los que prefieren la izquierda. Evo Morales ha conseguido algo difícil no sólo en Bolivia, sino en cualquier otro país del mundo: la unión de ricos, pobres y desclasados, frente al espanto que produjo el desmantelamiento de la Policía, a golpes y culatazos, de un campamento indígena contrario a la construcción de una importante autovía en el corazón del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
Indios chimanes, yuracarés y trinitarios mojeños formaban el grueso de la columna que marchaba a La Paz desde Trinidad, capital de Beni, el departamento que, junto con Cochabamba, estaría afectado por la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, la ruta de la discordia.
Unas 1.500 familias de pueblos del Amazonas boliviano desfilaban, desde el 15 de agosto, por los caminos del país más pobre de Sudamérica y el segundo del continente por detrás de Haití. La meta era, y es, llegar a la capital para evitar el ultraje a «la pachamama», madre tierra, territorio sagrado para ellos.
La construcción de la autovía de 306 kilómetros implica, según el trazado del segundo tramo, la tala de 177 kilómetros de árboles. Contra esto y ante la certeza de que la obra se convertirá en una puerta gigantesca a miles de campesinos cocaleros que ya han cuajado las laderas de la selva de siembras ilegales, se rebelan los «marchistas» apaleados el domingo por la Policía antimotines.
Las consecuencias inmediatas de aquella intervención le costaron esta semana a Evo Morales una huelga general, manifestaciones, cortes de carreteras, protestas que no cesan y la dimisión de dos ministros y varios funcionarios de segunda línea de su Gobierno. Además, por primera vez en sus seis años de mandato, los suyos y los que jamás le votarían unieron sus voces pidiendo su dimisión. La izquierda y la derecha se daban la mano.
Desbordado el presidente, como en crisis anteriores, tuvo que dar marcha atrás con el proyecto vial. Lo mismo sucedió durante el «gasolinazo» de enero, cuando el pueblo se echó a la calle para revertir el aumento de precio del combustible. En esta ocasión Morales salió a pedir perdón, pero no fue suficiente. «El presidente no logra tranquilizar al país. No hay señales de que las demandas y el malestar ciudadano se calmen», advierte el profesor de la Universidad de San Andrés, Carlos Cordero.
«Estamos en el principio de una espiral de conflictos —continúa— y esto no va a parar hasta el 16 de octubre». Esa es la fecha de las elecciones a magistrados, fruto de la pintoresca Constitución que promulgó e impulsó Evo Morales con el Movimiento Al Socialismo (Mas). El presidente interpretó esta convocatoria como un plebiscito a su gestión y el pueblo le ha tomado la palabra. Además «la ocasión puede servir como escenario de protesta ciudadana. Más del 50% de votos blancos o nulos restarían legitimidad y el revocatorio de su mandato estaría servido», analiza Cordero.

Descontento del Ejército

En este contexto se encuadra el descontento de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. «El Ejército no se moviliza porque el mes pasado, en un escenario sin precedentes, algunos de sus miembros fueron condenados a diez y quince años de prisión por su participación en la represión de 2003 que desembocó en la dimisión y posterior huida de Bolivia del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada», recuerda la historiadora Ximena Costa.
El malestar de las FF.AA. se extiende a la Policía, estigmatizada por el Gobierno al tratar de hacerles únicos responsables de los sucesos del domingo y, prácticamente, dejar abandonado a su suerte al destacamento que apela a la «obediencia debida».
Adolfo Chávez, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (Cibod) difundió en las últimas horas un documento que mostraba la intervención directa del Palacio de Gobierno en el «Plan de desconcentración», como se bautizó la operación. Posiblemente filtrado por los policías, la respuesta oficial la ofreció el vicepresidente García Linera, uno de los cerebros del Ejecutivo: «Ni del presidente ni del Ejecutivo salió esa orden».

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