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martes, 25 de octubre de 2011

se ha desactivado la bomba? pregunta Mario Rueda Peña refiriéndose al TIPNIS y su incidencia en el caldeado ambiente político que no termina de extinguirse


Se equivocaron cuantos consideraron que el Gobierno iba a terminar calcinado en las llamas del conflicto del Tipnis. Alentaba este vaticinio la circunstancia de que a lo del Parque Isiboro Sécure agregaran lo suyo otras comunidades indígenas de diferentes lugares del país que se habían sumado a la marcha de los originarios de aquella reserva natural. Esta adhesión les abrió las puertas del Palacio de Gobierno para plantear sus propias demandas.
Resultado: una compleja plataforma de l6 puntos para el diálogo que muy a regañadientes el Jefe del Estado se vio forzado a sostener con la contraparte indígena a fin de que el caso no pasara a mayores y sobre el cual proyectaba inquietantes sombras premonitorias un ostensible respaldo ciudadano en casi todas las ciudades del país e inclusive en determinados sectores de los movimientos sociales afines al MAS.
Parecía que lo del Tipnis quedaba resuelto con la determinación del Jefe del Estado de que el tramo carretero no partiera en dos el Parque Isiboro Sécure. Muchos suponían que los indígenas se limitarían a prolongar su vigilia en la Plaza Murillo hasta que la Asamblea Legislativa Plurinacional acatara el veto presidencial. Pero las mechas tonales de otros pueblos indígenas a cuyos líderes no se les pudo cerrar las puertas del Palacio de Gobierno, no hicieron sino aumentar los decibeles del tic tac de la bomba.
Los representantes de los pueblos indígenas tacuarembó, acae, cuitaputuqui y pirití, que viven en las faldas de la serranía del Parque Nacional Aguaragüe del Chaco tarijeño, plantearon algo que el vocero del gobierno calificó después de “preacuerdo” y que al Jefe del Estado, a juzgar por sus declaraciones sobre el caso , le aceleró los sístoles y diástoles. Ante eso de que por razones ecológico-ambientales se paralizaran totalmente las actuales operaciones hidrocarburíferas en el Aguaragüe (es lo que exigen los indígenas de la región), el Jefe del Estado salió al frente con frases equivalentes a sollozo íntimo: “Con esta paralización Bolivia dejaría de percibir un ingreso anual de 3.960 millones de dólares”. Esta cifra corresponde a los réditos que en volumen total, en el respectivo marco jurídico, le garantizan al Estado varias empresas transnacionales que operan en la zona, entre las que cabe mencionar a Petrobras, de Brasil. Salida transaccional: sí, se enfrenta el problema, pero con un plan previo de corrección de fallas para la preservación ambiental, sin la parálisis alguna de la actividad productiva.
En la lista de exigencias figuran compensaciones económicas a los pueblos indígenas por los daños ambientales y la contaminación del agua; la descentralización del Oriente Chaco y Amazonas con la respectiva provisión de recursos presupuestarios; efectiva incorporación de los pueblos indígenas al Seguro Universal de Salud; Plan de Dotación de Viviendas para los nativos y Plan de Uso y Acceso de la Información y Comunicación a los pueblos indígenas, entre otros puntos.
Respecto a los resultados obtenidos, brotan ya signos de desacuerdos entre los que negociaron y sus bases indígenas. Tic tac, ¿indicativo de que no fue totalmente desactivada la bomba? Esperamos que no y que el acuerdo entre el Gobierno y su contraparte indígena ponga punto final al asunto.

El autor es periodista

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