La economía boliviana se ha movido durante años al ritmo del péndulo ideológico. Cuando gobierna la derecha prevalece la moda de las privatizaciones. Cuando el electorado gira a la izquierda, domina la corriente estatizadora. La consecuencia es negativa, ya que no quedan reglas del juego claras y duraderas. Quizás eso explica la inestabilidad de la inversión privada nacional y extranjera en el país, cuando todas las naciones se disputan en este momento los capitales disponibles en el planeta para generar más riqueza.
La inversión siempre prefiere los países serios y seguros. Los cambios inesperados ahuyentan el capital y sin recursos no se genera riqueza.
Lo peor que le puede ocurrir a un país es caminar al ritmo de la ideología de moda. En Bolivia otra vez la economía siente la influencia de la pasión política más que de la razón. Se dio en la década de los 80, cuando la palabra Estado sonaba mal y cuando la privatización era la panacea contra todos los males.
Se lo vive ahora, cuando lo privado ha sido satanizado y cuando las nacionalizaciones y estatizaciones son prácticamente el credo del Gobierno. Lo cierto es que ni la administración privada ni la estatal garantizan la viabilidad y productividad de una empresa. Hay compañías privadas malas y hay entidades estatales pésimas.
Precisamente, la ola de las privatizaciones de los años 80 y 90 usó la justificación de que, por naturaleza propia, una compañía pública era ineficiente y corrupta. Ciertamente, hubo casos patéticos de ‘elefantes blancos’ del Estado que nunca funcionaron o que devoraron los limitados recursos públicos y fueron una carga para los gobiernos. Sin embargo, privatizar por privatizar no fue tampoco la solución, ya que se ‘entregaron’ valiosos bienes del Estado.
Pero tampoco nacionalizar por nacionalizar o estatizar por estatizar garantizan soluciones.
Últimamente sonaron mucho las nacionalizaciones de las petroleras, de las generadoras de energía y de ENTEL, así como la inesperada estatización de las acciones de Soboce en Fancesa. En el caso de las nacionalizaciones, hay un evidente aumento de los beneficios para la comunidad en el sector de los hidrocarburos y de la telefónica estatal. El traspaso de las generadoras también impactó en las tarifas eléctricas. Sin embargo, hay interrogantes sobre el futuro de las inversiones y la eficiencia de la gestión de estas compañías.
En el caso de Fancesa, han surgido más dudas que certezas. El primer efecto de la sonada estatización de la cementera es el temor extendido entre los accionistas de las otras ex empresas estatales privatizadas, que tal vez serán ahora cautelosos con sus inversiones.
Paradójicamente, a las pocas horas de la estatización el presidente Morales pidió a los empresarios que sean socios del Estado y que inviertan. Sin embargo, los negocios no se mueven con el corazón, sino con señales y acciones que dan certidumbre. Bolivia necesita capital, no interesa si privado o público, para crear riqueza. Las inversiones vendrán si se ofrecen condiciones de seguridad jurídica y de ninguna manera incertidumbre y riesgos.
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