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viernes, 17 de septiembre de 2010

con toda su energía El Deber protesta contra la "justicia por mano propia" que segó más de 100 vidas en el periodo de Evo

Tres hermanos fueron presuntamente linchados en una comunidad campesina localizada en el departamento de Cochabamba. Allí, una enardecida turba les quitó la vida después de someterlos a una brutal golpiza tras responsabilizarlos de la muerte de otro poblador ocurrida días antes. Se supo que, incluso, las víctimas fueron sepultadas cuando los signos vitales todavía no les habían abandonado. El horrendo crimen fue atribuido inicialmente a un conflicto de límites, aunque también se especula que el triple linchamiento del que escaparon dos mujeres habría tenido que ver con el narcotráfico.
De acuerdo con registros, entre 2006 y 2009, en el país se han producido más de 100 casos de linchamiento. Es, entre estos casos, patético el recuerdo del linchamiento del alcalde de Ayo Ayo, secuestrado, torturado y quemado en aquella localidad altiplánica en junio de 2004 y cuyos familiares siguen buscando justicia seis años después.
La práctica de una suerte de ‘justicia ciudadana’ o por mano propia es atribuida, o es consecuencia más bien, de los elevados e insufribles niveles de pobreza, la delincuencia y la impunidad que la coronan y que, en muchos casos, ha beneficiado a los autores de tanta espantosa barbarie, sin faltar incluso los reincidentes en pleno siglo XXI que escarnecen todos los parámetros de la convivencia con sello de civilización.
No se puede negar que existe un aflojamiento en la aplicación de medidas de protección a la comunidad, no sólo aquí en nuestra urbe, sino también en las del resto del país, infelizmente. Y si falla el sistema protector de modo ostensible y garrafal, pues aquella otra instancia, la llamada a castigar con la severidad del caso a los delincuentes, a los criminales que sin asco tronchan vidas, o hace unas veces de la vista gorda u otras tuerce los alcances de la ley penal y extiende impunidad en beneficio de quienes han teñido sus manos en sangre fraterna.
Acerca del sobrecogedor suceso, el Ministerio de Gobierno lo ha tipificado como un hecho criminal que no responde a la aplicación de la justicia comunitaria y que el delito de asesinato debe ser sancionado con la mayor rigurosidad.
Es mucho más certero el juicio del Defensor del Pueblo que atribuye el incalificable hecho a una “ausencia del Estado” en diversas regiones del país.
Para que la pavorosa cifra de ciudadanos ajusticiados por otros no siga incrementándose dramáticamente en Bolivia, es menester reparar aquella ‘ausencia’ del Estado en el territorio nacional e imprimir la máxima severidad a quienes se extravían en los tortuosos caminos del crimen.

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