La paradoja jurídica en la que hemos ingresado, nos tiene atrapados y sin salida. En el ámbito de la justicia, todo cabe, todo puede pasar y nada llama la atención. Miremos algunos hechos que por sí mismos deberían ser figuras paradigmáticas del absurdo, ejemplos de lo que no se debe hacer en el ámbito de la sana administración de justicia.
Se apertura un Juicio de Responsabilidades al Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Se esgrimen acusaciones que no tienen base jurídica. Juicio promovido desde el mismo Gobierno que se propone controlar la Corte Suprema para facilitar sus intenciones de judicializar la política y deshacerse de sus enemigos. El bochorno de acusarlo de retardación en un juicio de esta en pleno proceso, es de por sí digno de risa.
Sin embargo la comedia no se detiene en ese punto. Convoca a la Presidente interina de la Corte Suprema a una reunión para coordinar acciones entre los poderes, y acto seguido se le instaura un juicio por prevaricato, junto a otros Ministros y conjueces, con lo cual de los siete miembros que quedaron en la Corte Suprema cinco tienen juicio por prevaricato. ¿Cómo se puede tener a una Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal de la nación con cinco de sus siete miembros acusados de prevaricar?
Para más abundamiento de la comedia y del absurdo que se vive en este ámbito, resulta que el Tribunal conformado para juzgar el juicio de responsabilidades de octubre, tiene a los dos Ministros que dirigen este juicio, acusados de prevaricato y a tres conjueces en la misma situación. De los siete miembros del Tribunal, cinco están acusados de prevaricar.
Es decir quienes administran justicia están siendo procesados a su vez. En buenas cuentas, todos están acusados y entre acusados se desarrollan juicios, en los que unos juzgan y otros son juzgados. Quien pueda explicar esto en las aulas universitarias, podría competir a un galardón universal.
No contento el Gobierno con haber configurado esta singular manera de administrar justicia, resulta que el Ministro de Defensa, fíjense bien: Ministro de Defensa, cuyas facultades otorgadas por la ley están referidas al ambiente militar y toda la red que esto involucra, se inmiscuye en las paredes de la justicia y declara en nombre suyo, del gobierno y por supuesto de las Fuerzas Armadas, que el actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia no volverá a sus funciones, porque al señor Ministro no le da la gana. Así de simple.
Nadie dice nada. Todos escuchan y leen sus declaraciones pero se hace silencio. En cualquier sociedad mínimamente civilizada, esta intromisión hubiera causado una crisis de confianza en el poder Ejecutivo y sería sin duda tema de resolución del Congreso ante semejante atrevimiento. Pero en Bolivia no pasa nada.
Siguiendo con todo este cuadro que nos mantiene y nos sostiene, el señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia Ángel Irusta, presidente del Tribunal en el juicio octubre, viene a La Paz a pedirle al Ejecutivo dinerito que pueda costear el gasto de los conjueces, acusados de prevaricato, para continuar con el juicio. Y claro, este dinerito que pide será entregado, siempre y cuando, estos conjueces hagan lo que se les ordena.
El juicio de octubre da para todo. Para pedir más presupuesto, para que Rogelio Mayta cobre cada fin de mes, para que el Fiscal Mendoza administre 3 millones de bolivianos, para que los activistas de las victimas viajen a Sucre de vez en cuando, para que el Gobierno insulte a otros Presidentes latinoamericanos, para pedirles votos a los ciudadanos de El Alto. ¡Qué juicio este! Cómo para hacerlo durar otros cinco años y que encima los jueces digan que dura porque es complejo el proceso. ¡Cómo no ha de ser complejo, si de él viven tantos!
Todos procesados por todo, todos pidiendo dinero para todos, todos declarados delincuentes sin sentencia y todos viviendo de la delincuencia jurídica que nos tiene aprisionados a todos. ¡Háganme el favor!
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