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lunes, 4 de enero de 2016

citamos de nuevo a El Deber que marca las prioridades ante el nuevo 2016, terminada "la bonanza" hora es de convocar a las Instituciones y ciudadanos a participar en la toma de decisiones, basta ya del absolutismo que deja en mano del Estado, casi todo el que hacer de los ciudadanos.

El inicio de un nuevo año siempre invita a renovar la fe y las esperanzas en un futuro mejor. Trazamos metas dando prioridad a lo importante y dejando de lado esfuerzos que no condujeron a nada. Por analogía, la vida política nacional bien podría dar un giro hacia lo prioritario este 2016, luego de constatar que el país ha dilapidado recursos en multimillonarios procesos electorales, consultas populares y aparatosas reformas estructurales que, al final, no tienen mayor incidencia en el desarrollo social y económico de los ciudadanos.

La motivación para mejorar ciertas prestaciones –como la salud, la educación, la generación de empleos de calidad y el cuidado del medioambiente– ahora nace de la necesidad de reaccionar frente a la finalización de un largo periodo de bonanza económica. El Estado benefactor y clientelista ya no va más, a menos que se quiera recurrir a un mayor endeudamiento y a incrementar el déficit fiscal. Además, no es lo más eficiente que unos pocos estrategas se arroguen la capacidad de tomar siempre las decisiones correctas a la hora de asignar los recursos públicos. 

Ha llegado la hora de que el Estado cree las condiciones para que los ciudadanos, el sector privado y la sociedad en su conjunto cobren protagonismo en el modelo de desarrollo, tal como están haciendo otros países donde el estancamiento económico se instaló con anterioridad. Ayudaría en ese propósito que la institucionalidad democrática retome los roles que le competen. La Asamblea Legislativa, por ejemplo, con mayoría oficialista, debe comenzar a legislar con agenda propia, sin someterse a las directrices del Poder Ejecutivo. 

Desde esas instancias se deben impulsar reformas de vital importancia como estas: simplificar regímenes tributarios y ampliar el universo de contribuyentes; eliminar trabas burocráticas y restricciones a la exportación; crear incentivos a la producción de bienes y servicios con valor agregado; empoderar a los profesionales en salud y educación en busca de la idoneidad, sin cuoteo político ni consignas ideológicas; actualizar leyes que en su momento consiguieron que los mismos productores se adhieran a los paradigmas del desarrollo sostenible para poder exportar productos acabados de alta calidad y con certificación ‘verde’. En definitiva, el respetable crecimiento económico que hemos tenido hasta ahora no ha sido suficiente para superar penosas realidades nacionales como la informalidad, la inseguridad jurídica y muchas otras precariedades estructurales. Es tiempo de prestarles la debida atención

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