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sábado, 9 de febrero de 2013

quién pagará los platos rotos? se pregunta Manfredo cuando se refiere al atropello jurídico más grande y perverso entre los excesos del MAS. caos judicial que afecta a propios y extraños. se va registrando en la memoria para "el juicio de responsabilidades"


"El que las hace las paga”, dice el refrán, así que ahora tendremos que ver quién o quiénes pagarán por los platos rotos, después de conocido el fallo de inconstitucionalidad, que emitió el Tribunal Constitucional, por algunos artículos amañados de la Ley Marco de Autonomías, permitiendo la suspensión de autoridades legalmente elegidas, a sola acusación formal de un fiscal. Este ha sido el atropello jurídico más grande y perverso, propiciado por los jerarcas del MAS, entre sus muchos excesos cometidos en su afán de hacer de la justicia un arma letal contra sus enemigos. Le sirvió al MAS para deshacerse de Mario Cossío y Ernesto Suárez, y le falló el intento para guillotinar, sin consideración, a su presa mayor, el gobernador Rubén Costas.
Bolivia vive un caos judicial de proporciones incalculables que se observa por todos lados y que afecta a propios y extraños. Jamás, ni en los peores momentos de su historia, se habían aprobado y utilizado leyes tan desnaturalizadas como las del tema que nos ocupa. ¿Cómo un conjunto de ciudadanos, de autoridades, pudieron elaborar una trampa de esa clase? ¿Cómo los gobernantes han podido presionar a algunos faltos de espíritu para obligarlos a aplicar esas leyes? ¿Cómo en nombre del “cambio” y en supuesta defensa de la democracia se puede llegar a extremos tan graves? ¿Quién va a responder por los irreparables daños materiales y morales causados a gobernadores, alcaldes y concejales que fueron destituidos y además acosados y perseguidos? ¿Con qué cara van a presentarse ante los electores burlados las personas que a título de “interinos” o de “suplentes” se brindaron para el escamoteo? Porque, hasta donde se puede ver, habrán muchos en el Estado Plurinacional que tendrán que ser demandados por haber elaborado, conscientemente, de manera intencional, este atentado de lesa patria.
La prevaricación que sucede en gran parte de la justicia boliviana se ha convertido en norma, justamente por estas leyes reñidas con una Constitución que el propio gobierno ha hecho aprobar en medio de protestas, gases y balazos. Los casos de prevaricato se denuncian por todas partes y algunos de los prevaricadores están ahora en la cárcel, desesperados, probando de su propio veneno, denunciando a las más altas autoridades nacionales de haberlos presionado para que cometieran un sinfín de fechorías de las que dicen estar arrepentidos y que conmueven las conciencias de las personas de bien. Recién ahora, después de años, está saliendo a la luz un enredo sinuoso de sujetos, leyes y víctimas, que han convivido inexplicablemente dentro del gobierno del MAS, desde mucho antes de que se proclamara la creación del Estado Plurinacional.
Si bien se afirma que el fallo del Tribunal Constitucional no tiene carácter retroactivo, es decir que los perjuicios cometidos no serán enmendados, el ex alcalde de Potosí René Joaquino, limpio ganador de su cargo por una innegable mayoría de votos, ha vuelto a ocupar su silla municipal, llevado en andas por sus partidarios. Podría suceder lo mismo con los seis concejales cruceños que fueron apartados de sus curules en una maniobra que, para colmo, hizo recaer la presidencia del Concejo Municipal en uno de los dos únicos concejales masistas. Se supone que habrá otras reivindicaciones de esa naturaleza, garantizadas por la ley, que se producirán en el curso de los próximos días.
Ahora, aunque la cuestión legal no sea exactamente la misma, entendemos cómo desde el poder se manejó el Órgano Judicial en otros casos, y el por qué de la implacable persecución de los cruceños acusados de separatismo y terrorismo luego del asesinato de los tres mercenarios en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, en abril del 2009. Hoy entendemos cómo, sojuzgando a la justicia o amenazándola, la dirigencia masista se vengó de sus enemigos, sacando sus manos del delito para mostrarse limpios, ante una opinión pública desconcertada por la persistente propaganda gubernamental por un lado y por los hechos reales, que trascendieron al público, por el otro.
El caso de Leopoldo Fernández, ahora víctima de serias lesiones en su salud que hacen temer por su vida – algunas causadas por su prolongado e infame encierro en las cárceles de San Pedro y Chonchocoro – es también parte de la justicia que muestra su rostro más feo en el inicio de la ampliamente anunciada era pachacutista que presuntamente debería traer tantos bienes a los bolivianos. Aunque el caso Fernández no tenga relación directa con los artículos de la Ley Marco de Autonomías, da una idea perfecta sobre cómo se aplica la tortura legal en la Bolivia que hoy nos toca vivir.
Lo anterior y mucho más se está registrando en la memoria popular, en su carne, porque, sin leyes de excepción, sin artículos engañosos incluidos en una ley como la de Autonomías o cualquier otra, sólo en base a lo que reza la Constitución, muchos personajes de la jerarquía masista, sujetos conocidos por la población, se están ganando un juicio de responsabilidades que, inevitablemente, les llegará más temprano que tarde.

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