La desobediencia civil es un recurso de acción política nada novedoso en el ámbito socio político del país. Esta acción política se manifiesta a través de un no hacer, no acatar, es decir negarse a realizar alguna disposición emanada de la autoridad. Es una forma de cuestionar la legitimidad de los mandatos. Así como tal, este fenómeno se ha ido extendiendo por diversas regiones del país para estacionarse hoy en Oruro, después de que el Congreso boliviano aprobase una ley nombrando el aeropuerto como “Juan Evo Morales Ayma”.
El por qué los orureños se resisten a este nombramiento lo conocemos por intermedio de los medios de comunicación; sin embargo, considero que el asunto de la legitimidad, es decir, el reconocimiento, la aceptación, el consentimiento por parte de la población, al derecho de mandar, es crucial en el análisis.
La legitimidad adquiere, entonces, una dimensión fundamental para explicar esta resistencia pública al mandato. Quienes mandan –como primer argumento- en todos los casos, tienen la obligación de considerar que toda disposición supone un sistema colectivo de valores sobre el cual se levanta la creencia generalizada de que deben observarse las normas y, en consecuencia, obedecer a aquéllos que las aplican.
En el caso del aeropuerto orureño, los mandantes del Legislativo pasaron por alto la institucionalidad vigente, instituciones que se sustentaron, por generaciones, en la existencia de un orden legal estatuido objetivamente y aceptado sin objeciones. Asimismo, quienes hacen las leyes, están con el imperativo de convocar al sentimiento y las tradiciones del conglomerado afectado a fin de consensuar y conciliar procedimientos y decisiones que justifiquen el propósito del nuevo nombre. Nada de esto se observó, al contrario, emergieron argumentos interesados de gente rastrera con afanes de ganarse un poroto político. Como tercer argumento, quienes mandan son representantes, es decir, portavoces de quienes los eligieron, en virtud a ello, estos señores, antes de defender intereses partidarios están comprometidos, prioritariamente, de responder por su región, por su gente y finalmente por los intereses de aquellos que los llevaron al cargo. Los representantes se convirtieron en vulgares “letrados” destructores de la historia orureña. De este modo es como se está construyendo inestabilidad y conflicto. Oruro, desobediente ahora, reclama legítimamente, más allá de la esperada humildad de nuestro Presidente.
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