La renuncia de seis jueces cautelares de Cochabamba –que ha sido rechazada por el Consejo de la Magistratura–confirma lo que desde diversos sectores del país se viene denunciando: la injerencia del Órgano Ejecutivo, fundamentalmente a través del Ministerio Público y algunas comisiones legislativas, en la administración judicial para ponerla a su servicio.
Son diversos los instrumentos que se ha dotado a la Fiscalía para dar curso a acciones que atentan contra el principio de que el juez sólo se debe a su conciencia a la hora de aplicar la ley, y van desde la oferta prebendal hasta la acción represiva que tiene, en este caso, un doble cauce: uno, procesal, la suspensión del cargo a denuncia formal del fiscal; el otro económico, pues el juez –hombre o mujer-- no goza del salario mientras dure la suspensión, sin poder, además, realizar otros trabajos.
Así se comprende que se haya acentuado la tendencia a la sumisión del Órgano Judicial hacia el Ministerio Público y al Órgano Ejecutivo, sumisión que nunca, al parecer, es suficiente para muchos operadores del Órgano Ejecutivo y el partido de gobierno, que buscan copar todos los espacios de poder para, lamentablemente, no sólo favorecer intereses particulares y sectarios, sino que, además, se muestra una preocupante incapacidad administrativa.
Pero, está claro que sin un aparato judicial relativamente independiente y eficiente la anomia social que afecta al país puede desabordarse generando profundas brechas de confianza y mancomunidad. De ahí que, más allá de intereses sectarios, importa que las autoridades asuman conciencia de que la existencia de un órgano judicial independiente, si bien puede limitar la comisión de arbitrariedades que con pretexto del “cambio” se cometen, ayudaría a la consolidación de un estado de mínima gobernanza. Haciendo una analogía, bien harían en reflexionar en que si hay algo que permitió que el sistema democrático se mantenga en el país, pese a los duros embates que ha recibido, es porque en 1992 el sistema político, en un acto lúcido de sobrevivencia, logró consolidar un órgano electoral conformado por personalidades independientes y de reconocido prestigio académico y moral (lamentablemente, eso también ha sido subvertido en estos seis últimos años).
Además, deberían recordar que una de las ofertas del MAS en la oposición y cuando llegó al poder, fue la transformación del sistema judicial para ponerlo al servicio de la ciudadanía y no de los grupos de poder. Y podrán observar que en la medida en que el Gobierno incumple esta oferta hay un severa interpelación de parte de la gente a ello, como se ha demostrado en la ilegítima elección de autoridades del Órgano Judicial, así puedan tener pírricas victorias especialmente en temas penales y cuando se trata de personas de la oposición.
En ese contexto, lo que han hecho los jueces cautelares al presentar su renuncia debería ser aprovechado para, de una buena vez, dar plena independencia al Órgano Judicial, pues esa actitud demuestra que se está llegando al límite de lo tolerable. Si se mantiene la injerencia, la responsabilidad de lo que suceda a futuro en este campo será exclusiva del Gobierno y el MAS.
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