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jueves, 27 de enero de 2011

manejo transparente de la plata del pueblo.sobornos. comisiones. declaración fraguada deben desaparecer. Lucha contra la Corrupción(LP de LP)

El Gobierno y los legisladores no deben olvidar que el acceso a la información es un derecho fundamental que tienen que respetar y legislar…

La lucha contra la corrupción se ha convertido, en casi todo el mundo, en un desafío que muchos países están afrontando con una alta dosis de voluntad, y otros no la toman tan en serio o prefieren ignorarla o buscar la paja en el ojo ajeno.

Esa lucha viene aparejada de la necesidad imperiosa de hacer que los gobiernos manejen en forma transparente los recursos económicos que administran y no usarlos arbitraria o discrecionalmente, sin dar cuenta a nadie mientras ejercen las funciones públicas. No se dan cuenta de que después de dejar esas funciones no faltará quien formule acusaciones y ponga a sospechosos en el banquillo de los acusados. La eliminación de sobornos, de comisiones por concesiones, adquisiciones, la declaración fraguada de bienes y otros actos de corrupción deberían estar destinados a desaparecer. Los funcionarios públicos deberían dar cuenta de todo lo que hacen y de las decisiones que toman, en forma detallada y documentada, a quien se lo pida.

Por eso, los mismos Estados se han comprometido, en el marco de los organismos internacionales de los que forman parte, como las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos (OEA), a adoptar las políticas necesarias para combatir a la corrupción y para administrar los países en forma cristalina, eficaz y eficiente.

En Bolivia, una de las normas más efectivas es la conocida como Ley SAFCO que establece una serie de mecanismos para utilizar los recursos del Estado. A pesar de ello, no ha sido del todo suficiente. Siempre se ha encontrado el modo de eludirla, incluyendo el dictado de decretos para compras directas, pasando por encima de la ley.

Uno de los métodos, el más moderno que se conoce para reducir la corrupción en la Administración Pública, es la Ley de Acceso a la Información Pública (AIP) que muchos países en el mundo están adoptando. Bolivia tiene, al respecto, un decreto supremo de 2005 que nadie lo cumple, ni los que pueden beneficiarse con la información ni los que están obligados a suministrarla. Estos últimos practican lo que se ha dado en llamar la “cultura del secreto”, sin entender que toda la información que maneja el Estado es, por principio, pública y debía no sólo dársela al que la pida, sin condiciones como las que piden Insumos Bolivia y otras instituciones, sino publicarla en los sitios electrónicos de cada institución pública.

A fines de 2010 se presentó a una comisión de la Cámara de Diputados un proyecto de Ley de AIP que no pasaba el mínimo análisis de rigurosidad y más parecía cumplir simplemente con el propósito de decir: “tenemos una ley de acceso a la información, somos transparentes”, pero que en el fondo no sirva de mucho. Parece tan poco importante para el Gobierno que no figura entre las leyes que el Ejecutivo y el Legislativo se proponen tratar en la presente gestión.

Los legisladores y el Gobierno no deben olvidar que el acceso a la información es un derecho fundamental y que tienen la obligación de respetarlo y legislarlo, para toda la información estatal, en el marco de los estándares internacionales, y no simplemente aprobar una ley que por inaplicable no sólo quede archivada, sino que, además, deje al país a expensas de los corruptos, como siempre ha sucedido.

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