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jueves, 6 de febrero de 2014

los partidos de Gobierno creen que pueden manejar a su militancia como "animales sin decisión propia" se equivocan al imponer aportes obligados so pena de perder el cargo público que detentan gracias al MAS en este caso. El Deber protesta por esta distorsión en la política.

Toda democracia se fundamenta en la información transparente sobre el mundo de la política. La opacidad en el financiamiento de las campañas electorales no hace más que distorsionar este principio y mantener un sistema en el que los más poderosos pueden ganar más espacios de poder gracias a sus billeteras. En sistemas democráticos más desarrollados como EEUU o Europa, los electores saben perfectamente de dónde provienen los fondos que los políticos utilizan para solventar sus campañas electorales. En Bolivia no, y ese déficit no es menor en una democracia que se está haciendo más compleja y participativa.
No sorprende la paradoja que se da en nuestro país cuando vemos a políticos de distintos colores que utilizan prácticas extorsivas y prebendalistas que apuntan a un mismo fenómeno, el abuso de poder. A escala local, nos enteramos de que el partido en función del gobierno municipal ha invitado a los funcionarios públicos a realizar un “aporte voluntario” del 5% de sus sueldos para que el dinero luego sea abonado a una cuenta de la agrupación ciudadana Santa Cruz para Todos, a fin de apoyar la campaña del alcalde Percy Fernández a la relección.
Para ello, los aportantes deben firmar dos documentos. Uno en el que indican que por “decisión libre y voluntaria” van a colaborar económicamente a la campaña oficialista. El otro documento está dirigido a la cooperativa Jesús Nazareno, en el que se le autoriza realizar el débito del sueldo por el tiempo de 18 meses y que el dinero sea abonado en la cuenta de caja de ahorros de la agrupación Santa Cruz para Todos.
Muy suelto de cuerpo, el jefe de bancada de la agrupación Santa Cruz para Todos en el Concejo ha advertido que los que no realicen el aporte pueden dejar sus puestos de trabajo. En la misma línea, diversos funcionarios de la administración pública nacional han denunciado que en los distintos ministerios se realizan descuentos salariales a fin de mes para destinarlos a la campaña del Movimiento Al Socialismo. El mismo Evo Morales anunció esta semana que su partido avanzará en un nuevo empadronamiento de militantes para lo cual los adherentes deberán pagar la suma de Bs 5. Aquellos que no lo hagan y ejerzan un cargo público, ¿también quedan fuera?
Esto es inadmisible. La sumatoria de estos casos muestra la persistencia de una práctica perversa en la política boliviana que no hace más que distorsionar la práctica democrática, evitar la transparencia y avalar el abuso de poder

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