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martes, 6 de diciembre de 2011

por la enésima vez SEEM y toda la parafernalia oficialista se preparan para agredir a los medios y arrinconar la libertad de expresión y de información. el escenario elegido "la cumbre social" que parirá el proyecto para más tarde ser aprobado por la A.L. y ser promulgada por el Ejecutivo. previene El Deber

Los medios independientes de comunicación social en Bolivia estuvieron siempre en la mira del Gobierno actual. Así fue desde que Evo Morales Ayma y el MAS arribaron al poder político. Por parte del jefe de Estado, de sus principales colaboradores y de los denominados ‘movimientos sociales’, estuvieron a la orden del día los ataques y descalificaciones a la prensa que opina e informa en el marco de las libertades de prensa e información que establece la vigente Constitución Política del Estado.
Un episodio de la heroica marcha de protesta de los nativos del Tipnis hacia La Paz hizo rebrotar con fuerza tales ataques. Al Gobierno central no le gustó para nada que los medios difundieran datos e imágenes sobre hechos que realmente ocurrieron en aquella azarosa travesía y que no fueron inventados por periodista alguno. Los canales de televisión divulgaron en todo el país, y más allá de sus fronteras, la brutal represión policial contra los marchistas, seguida de golpizas a ciertos dirigentes y maltratos a algunas mujeres. Tan evidentes fueron estos abusos que ahora dan lugar a todo un proceso penal para establecer responsabilidades, aunque el régimen masista se esfuerza porque las mismas recaigan exclusivamente sobre los policías y no sobre quienes desde los superiores escalones políticos de mando les ordenaran cometer tan censurables acciones.
Salta a la vista que el Gobierno ahora elabora planes específicos para restringir al máximo la labor informativa de la prensa en casos de conflictos sociales cuya divulgación a través de los medios independientes le signifique pérdida de imagen, prestigio y aceptación ciudadana. Cree que con la elaboración y aprobación de una ley de reformas a la Ley de Imprenta, provista de sólidos parágrafos regulatorios, podrá alinear en una sola dirección a la prensa independiente, contra la que se desliza la calumnia de que confunde y mal informa a la población. Esto es lo que, muy suelto de cuerpo, sugiere un senador del oficialismo, en recientes declaraciones públicas.
Semejante embestida contra las libertades de prensa e información se reserva, en primera instancia, a la ‘cumbre social’ convocada para el 12 de diciembre en Cochabamba, donde la última palabra sobre el tema la tendrán sectores de ya reconocida funcionalidad filogubernamental como son los denominados ‘sectores sociales’ del MAS. Después, el proyecto será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional para la aprobación de rigor.
Resulta imposible conciliar semejante iniciativa con los principios constitucionales de las libertades de prensa y expresión. De concretarse este intento, ambos valores quedarían totalmente anulados por un manifiesto autoritarismo. Les asiste toda la razón del mundo, en consecuencia, a las organizaciones de la prensa cuando oponen rechazos contundentes al solapado propósito gubernamental de que los medios de comunicación independientes informen y opinen solo en una dirección favorable al Gobierno y no incomoden con su acción fiscalizadora sobre la administración de la cosa pública, sus críticas y cuestionamientos a los soberbios e intocables empoderados de turno.

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