tres aspectos destaca LT, en relación al intento de repostulación de Morales-García. Lo legal, lo ético y lo político. Lo primero contra el Régimen Electoral cuyas decisiones son de carácter vinculante. No es nada ético, burlar la voluntad popular sin respeto al voto, en cuanto a la pérdida de credibilidad, legitimidad y autoridad moral, parece despreocupar "a los estrategas" que continúan maniobras distractivas, para mantener en vilo a la ciudadanía que acusa agotamiento ante estas actitudes.

El principal efecto en la consciencia de la ciudadanía de las maniobras que se hacen para desconocer la voluntad popular es la pérdida de credibilidad, legitimidad y autoridad moral de quienes así actúan.

La decisión del XIII Congreso Ordinario de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba de “buscar y/o establecer el mecanismo jurídico de iniciativa ciudadana, asimismo otros medios necesarios para la repostulación del año 2020 (del presidente Morales)”, ha confirmado que las fuerzas oficialistas –tanto las formales como las informales– no tienen ninguna intención de acatar los resultados del referendo del 21 de febrero pasado.

Que así sea no es nada nuevo ni sorprendente. En efecto, si algo quedó claro a partir de la noche del domingo 21 de febrero pasado, cuando comenzaron a difundirse los resultados del referendo, fue que el Movimiento Al Socialismo, a través de sus diversos brazos operativos, recurriría a cuanto medio estuviera a su alcance para eludir el escollo interpuesto por las urnas a su afán prorroguista. A partir de ese día, diversas fórmulas fueron exploradas en el afán de poner en duda la legitimidad y el carácter vinculante de la voluntad popular mayoritaria.

Esa línea de acción, cuya más reciente expresión es la resolución del congreso de los productores de coca, tiene una triple dimensión: legal, ética y política.
Desde el punto de vista legal, es tan diáfana la situación que no tendría que haber ningún resquicio que dé lugar a dudas. En efecto, para dar por zanjado el asunto bastaría aplicar el Art. 15 de la Ley Nº 026 del Régimen Electoral que dispone: “Las decisiones adoptadas mediante Referendo tienen vigencia inmediata y obligatoria, y son de carácter vinculante”. Eso significa que la decisión adoptada por los ciudadanos y ciudadanas debe acatarse y respetarse.
Siendo tan claro lo que manda la ley, cualquier iniciativa, peor aún si proviene de las máximas autoridades del Estado Plurinacional, sólo puede interpretarse como una flagrante falta de respeto a la voluntad popular y a las reglas establecidas. Lo que, si hubiera en nuestro país la posibilidad de aplicar con rigor los mandatos constitucionales, bien podría dar lugar a que quienes insinúen siquiera la posibilidad de desacatarlos sean sometidos a enjuiciamiento bajo la figura de sedición.

Visto el asunto desde el punto de vista ético, esa conducta pone en evidencia el lugar desdeñable que el respeto a la voluntad popular y las normas legales ocupa en la escala de valores y principios de quienes se niegan a reconocer los resultados del referendo del 21 de febrero. Lo que no es sorprendente, pues se trata de personas que nunca negaron su desdén por las formalidades legales y la institucionalidad democrática y tampoco pusieron mucho empeño para disimular el doblez de sus pensamientos y acciones ante estos temas.
La tercera, la dimensión política del asunto es probablemente la más importante y, por muchas razones, la que más debería preocupar a los estrategas políticos del oficialismo. Es que el principal efecto de esas maniobras en la consciencia de la ciudadanía es la pérdida de credibilidad, legitimidad y autoridad moral de quienes así actúan. Y eso, como lo enseña la historia, la propia y la ajena, termina tarde o temprano privando a cualquier régimen de su principal base de sustentación.

excelente texto de Carlos Sánchez referido al discurso del Jefe del Estado Pluri en Nueva York. bien podría el texto titularse "El Pez Muere por la Boca" porque lo expresado por Evo es como una "confesión de boca", un supino atrevimiento, sin duda nadie de sus colaboradores "avaló el discurso" porque le resulta contraproducente.

El periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) es el escenario donde una vez al año los jefes de estado o sus representantes realizan planteamientos políticos para darles alcance mundial. Sin importar que el estado sea democrático, autoritario, dictadura o teocracia, su representante tiene la oportunidad de decir lo que quiera y la historia refleja la presencia de dictadores, guerrilleros, líderes religiosos, políticos, académicos y desde luego, estadistas.

 Este año son notorias las afirmaciones con valor de confesión del jefe del estado plurinacional de Bolivia, que ha dejado clara su condición de promotor y defensor del narcotráfico. Evo Morales en la ONU ha consolidado la imagen del narco estado que ha construido y que dirige.
Evo Morales es el líder máximo y vitalicio de los sindicatos cocaleros del trópico desde los 90 y defiende con violencia la coca ilegal que es sustancia prohibida y controlada como materia prima indispensable del narcotráfico. La coca está sujeta a fiscalización y control por la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes y por la Convención de la ONU contra el tráfico ilícito…. En su “lucha por la coca ilegal” Morales ha producido decenas de confrontaciones violentas y ha podido soslayar hasta ahora su responsabilidad en asesinatos y hechos criminales como los de los esposos Andrade y otros. Aprovechando la Ley de Participación Popular incursionó en la política y adquirió la sigla del partido Movimiento al Socialismo (MAS), una organización desgajada de la derechista Falange Socialista Boliviana (FSB).

Con el MAS como “instrumento político de los cocaleros”, Morales llegó a diputado nacional cocalero. Apoyado por la dictadura castrista, por el dictador Gadafi de Libia que le daba premios en dinero, los aportes sindicales y con Hugo Chávez, empezó a recibir respaldo y dinero. Conspiró y ejecutó el derrocamiento del Presidente Sánchez de Lozada en 2003 con intervención extranjera y para encubrir sus crímenes se convirtió en acusador de sus víctimas a quienes persigue hasta ahora. Llegó al poder en Bolivia el 2006 y se mantiene como líder de los cocaleros que son su principal fuerza política. Morales se ha presentado como el primer indígena en la presidencia cuando en verdad es el “primer cocalero presidente”. Los cocaleros integran ya el circuito de producción de cocaína, son dueños del poder político en Bolivia y su jefe, Evo Morales es el jefe del estado.

Para gobernar más de 10 años Morales ha liquidado la República, suplantado la Constitución Política y creado el estado plurinacional de Bolivia como parte del socialismo del siglo XXI; tiene presos y exiliados políticos, y ufana impunidad. Ha hecho desaparecer la democracia y lucha abiertamente por la legalización de la coca, buscando quitar a la coca de la lista de sustancias controladas y prohibidas. Cuando Morales tomó el poder Bolivia tenía 3.000 hectáreas de coca ilegal que hoy superan las 40.000 hectáreas, lo que produjo el geométrico incremento de droga con la que ha inundado Brasil y Argentina, abriendo ruta directa de narcotráfico con Venezuela y ahí al mundo e incluso vinculados al terrorismo islámico. Morales ha retenido por más de un año en la Embajada de Brasil en la Paz al senador boliviano Roger Pinto (hoy exiliado) por la información que éste le brindó sobre tráfico oficial de drogas entre Bolivia y Venezuela.

En su decidida narco política, Evo Morales como jefe de estado se ha quitado todos los obstáculos y con discurso castrista ha expulsado a la DEA, a USAID, al embajador de los Estados Unidos de Bolivia. Tiene el control total de la lucha antinarcóticos y de la erradicación de la coca. El resultado de que el infractor se encargue del cumplimiento de la ley es bueno para Evo pero malo para Bolivia, pues investigadores y medios de comunicación internacionales califican a la Bolivia gobernada por Evo Morales como “narco Estado”. En abril de este año en la Sesión Especial de la ONU sobre drogas UNGASS, Evo Morales afirmó que “la lucha contra el narcotráfico es un instrumento de opresión del imperialismo”, que usan los Estados Unidos como “medio de control político”, pidiendo además que la DEA sea desmantelada.

Si alguna duda quedaba sobre qué y a quién representa Evo Morales, en su intervención en el 71 Periodo Ordinario de Sesiones de la ONU ha hecho afirmaciones con valor de confesión diciendo: “en investigaciones realizadas ahora, se ha demostrado que la DEA instruía a la policía y militares para planificar asesinato a dirigentes”; acusó a la DEA de “hacer negocio con la droga que incautaba en Bolivia, la mitad del estupefaciente era para incinerar, pero el otro 50% se lo llevaba la DEA”; pidió la creación del “tribunal de los pueblos para juzgar al mandatario estadounidense Barack Obama por delitos de lesa humanidad”; defendiendo la narco dictadura de Venezuela dijo que “si la OEA no representa ni respeta la soberanía de sus estados miembros es mejor que deje de existir”; que ”en Bolivia estamos mejor que antes…sin la DEA y sin las bases militares estadounidenses”.
Si reparamos en que nunca existieron bases militares estadounidenses en Bolivia, que las acciones de la DEA en la lucha contra el narcotráfico llevaron a juicio a los sobrinos de la primera dama de Nicolás Maduro, que el jefe antinarcóticos de Evo Morales cumple condena por narcotráfico en Estados Unidos, que la economía ilícita produce aproximadamente 3.200 millones de dólares para el estado que Morales gobierna, que el informe Almagro ha puesto en evidencia la dictadura en Venezuela y amenaza la de Bolivia. Entonces podremos entender que Morales ¿se prepara respecto a la prueba que tiene la DEA contra él y su gobierno? En todo caso, no hay duda que en la ONU Evo Morales ha representado sus personales intereses vinculados al narcotráfico y no los del pueblo de Bolivia.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

Alvaro Puente escribe sobre nuestra llajta "El Puente de la Verguenza" cayó cerca de La Cancha, los bloques de cemento quedaron colgando, símbolo de la desidia, la corrupción, la pereza de las autoridades. los que pretendieron cambiar el país conviven con la mediocridad y la mentira. duras críticas a un régimen que ni siquiera castiga a los corruptos. no tiene capacidad ni para el castigo.

Hace meses cayó en Cochabamba un puente cercano al populoso mercado de la Cancha. Ahí quedaron colgando los bloques de cemento. Quedaron como bandera, como símbolo de la corrupción, la desidia y la pereza de las autoridades, como símbolo de nuestros pueblos y de todos nosotros, que hemos hecho las paces con la mediocridad y la mentira, que hemos adormilado la rebeldía.

La verdad es que el símbolo no son solamente los escombros. Todo el puente y su colapso son símbolos nacionales. La gran obra de ingeniería no soportó la carga que debía soportar, no unió las orillas que debía unir. Otra historia más de corrupción, como tantas obras públicas, como tantos servicios públicos.
Diseñaron y calcularon el puente unos ingenieros que no supieron calcular ni diseñar. No tuvieron honestidad para no ofrecer y para no cobrar lo que no eran capaces de dar. Egresaron de una universidad que no los preparó, ni como técnicos ni como personas correctas, pero certificó que eran los expertos que no eran. Un gobierno municipal compró lo que no servía y lo pagó a precio de oro, no porque quería construir la ciudad, sino porque estaban en juego jugosas comisiones. Recibió e inauguró solemnemente la obra, aunque no cumplía las condiciones. Encomendó el trabajo a contratistas que escatimaron hierro y cemento, robaron dimensiones y robaron calidad. Los inspectores de obra no inspeccionaron ni midieron ni comprobaron nada. No vigilaron. No avisaron a tiempo que daban por bueno un puente que era trampa de muerte.

Es el absurdo de las cajas de salud, que nos obligan a pagar para que nos maltraten y nos maten. Son las escuelas que atrofian a nuestros niños. Son las carreteras que destruyen las movilidades. Son los semáforos que no ordenan, sino paralizan. Es la Policía, que no soluciona el delito, sino es parte del problema. Son las cárceles convertidas en escuelas de delincuencia. Son las fábricas de papel donde no hay celulosa o de azúcar, donde no hay caña. Es el sistema judicial inicuo o las leyes laborales que matan puestos de trabajo.

El detalle que faltaba es que los que vinieron a cambiar el país, los que prometieron la nueva Bolivia, conviven con la mediocridad y la mentira. Las riegan, las abonan. Pareciera que una ministra iniciaba procesos judiciales a todos los que nos engañan, a los que roban, pero no. La ministra apedrea a juicios a los disconformes y a los críticos. Nunca se le ocurrió luchar contra la mentira

mientras Holanda, Suecia y otros europeos cierran cárceles por carencia de "presidiarios", en Bolivia es al revés, se necesitan cárceles y ampliar las existentes. es tal el hacinamiento, la promiscuidad que DDHH clama por una solución que pasa por "amnistía a los que no tienen sentencias". sistema "en funcionamiento" que ha dado pocos resultados.

Expertos señalan, con razón, que las cárceles son el mejor espejo de una sociedad. No es la excepción en Bolivia, donde el hacinamiento, la violencia y la falta de autoridad han transformado los centros penitenciarios en verdaderos focos de corrupción e inseguridad, lejos de cumplir su objetivo de rehabilitación de personas que cometieron delitos. Según datos de la Defensoría del Pueblo, 14.816 personas están detenidas en los presidios del país hasta junio de este año. Llamativamente, solo 4.698 de estos presidiarios tienen sentencia ejecutoriada por delitos graves, mientras que 10.118 se encuentran con detención preventiva a la espera de una resolución del sistema judicial que defina su situación. El dato revela el grado de retraso que enfrenta la justicia en Bolivia, lo que configura un caldo de cultivo para la violencia y la impunidad.

El Defensor del Pueblo, David Tezanos, ha planteado que una solución a esta dura realidad es aprobar un decreto de amnistía para detenidos por delitos menores. Entre 2012 y 2016, unas 1.458 personas recibieron este beneficio, pero diversas entidades humanitarias reclaman ampliar este derecho a fin de mejorar las condiciones de vida en los diversos centros penitenciarios.

La medida genera una natural polémica debido a que dicho beneficio no debería resultar en otro mecanismo más para la impunidad frente al delito. Todas las personas son iguales ante la ley y si han cometido delitos deben pagar por sus actos. Otra cosas es que, por razones humanitarias, este precepto pueda alcanzar a personas de la tercera edad o enfermos terminales que no deberían estar en centros penitenciarios. El propio papa Francisco ha solicitado impulsar esta medida humanitaria para atender las necesidades de un sector altamente vulnerable de la sociedad.

La inseguridad que aún afecta a la mayor parte de la sociedad boliviana exige medidas inteligentes y efectivas para poner a raya a las organizaciones irregulares, especialmente, aquellas vinculadas al tráfico de drogas, la trata y tráfico de personas y otros delitos graves. Sin duda, esa es una de las grandes deudas de la actual gestión de Gobierno.

El próximo 24 de septiembre se celebrará el Día de la Persona Privada de Libertad. Ojalá dicho evento permita reflexionar aún más sobre la situación de los presos en Bolivia, sobre las condiciones sociales que llevan al delito y sobre la inseguridad como el fenómeno más preocupante para todos los bolivianos

de la redacción propia de EJU.Tv, este texto que da visos de una "rebelión en la Granja de Evo", con todos los trascendidos, inclusive de García Linera de haberle quitado las cámaras de la TV oficialista al Ministro Romero. tendrá ésto, alguna explicación?

La victoria electoral en 2014 no fue todo lo contundente que se esperaba. La estrategia le garantizó los dos tercios en la Asamblea Plurinacional, pero las caídas en los departamentos nicho, que se salvó con el crecimiento en departamentos pragmáticos, como Santa Cruz, daban muestra de que algo no funcionaba. La realidad estalló en las elecciones departamentales de 2015 y se convirtió en pesadilla en el referéndum de febrero, cuando Evo Morales perdió por primera vez. En carne propia.
Se preveía batalla en el caso de ganar, pues todos querrían estar bien colocados para prorrogarse hasta 2025. Pero la derrota abrió una guerra sin cuartel. En cualquier caso, los “expertos” no han movido una coma en su estrategia.
Cuando alguien mete la pata, lo importante, parece, es no inmutarse. No se mueve un pelo en el Gabinete. Todos quietos en sus puestos. Fernando Molina lo calificaba esta semana, en su artículo “¿Por qué Evo Morales no cesa de equivocarse?” publicado en Infolatam de actitudes caudillistas: “El camino del presidente boliviano Evo Morales ha dejado de ser uno de conquistas y alabanzas; cada vez se parece más a un ascenso al calvario”.
“Frente a los escándalos, no articuló una respuesta gubernamental bien pensada, coherente y colectiva, sino que tomó decisiones fragmentarias, dejando que los hechos se sucedieran y que sus colaboradores actuaran inarmónicamente” dice Molina.
A estas alturas ya nadie duda que el escándalo “Fondo Indígena” fue detonado por una “mano blanca” que denunció el canciller David Choquehuanca, uno de los más afectados, ya que el desfalco involucra sobre todo a las bases y movimientos sociales del MAS. También pocos cuestionan que el “escándalo Zapata” tiene los componentes necesarios para ser considerado un ajuste de cuentas: 7.000 millones de dólares del crédito chino y funcionarios de Presidencia involucrados. Los más audaces aseguran que es una batalla de unos contra otros. De unos: García Linera y Juan Ramón Quintana contra otros: David Choquehuanca y Carlos Romero y que tienen a Luis Arce Catacora como convidado de piedra en ambos.
Agresión
Esta semana, como nunca antes, dos altos funcionarios (ex funcionario en un caso) se han atrevido a citar el nombre del presidente Evo Morales en el fragor de los escándalos.
El último fue el ex embajador en Paraguay Rosendo Alpiri, que duró las horas del fuego en el cargo cuando su nombre apareció entre los beneficiarios del malversado Fondo Indígena. El jueves se conoció que había pedido refugio en Chile y añadió que el presidente Evo Morales conocía del caso desde 2013, mucho antes de que estallara.
Las palabras de Alpiri, junto a la conferencia apresurada del vicepresidente Álvaro García Linera que se llevó las cámaras de Canal 7, opacaron la declaración del ministro Carlos Romero en sede parlamentaria por la muerte de cinco mineros y el viceministro Rodolfo Illanes aquel trágico jueves en Panduro.
Illanes era un funcionario del ministerio de Gobierno, pero parte del grupo de Juan Ramón Quintana y que por aquellas cosas del cuoteo acabó en esa dependencia. Illanes fue al encuentro de los mineros para forzar la reunión en sede de gobierno, en la que esperaba Juan Ramón Quintana. Illanes pidió ayuda a altos funcionarios de Gobierno, pero fue asesinado por la turba horas después. Nunca hubo intervención. Muchos ojos miraban a Romero por la no acción. Romero dijo que se consultó con el presidente Evo Morales. Casi nada.
Seguramente los “expertos” recomendarán no salirse del manual. Silencio y ataque. Sin que nada se mueva, mientras un grupo usufructa el poder a costa de la imagen del presidente Evo Morales.

Hernán Maldonado pregunta si R. Illanes es realmente "héroe o mártir" concluye que sólo mártir, porque las 6 horas que transcurrieron en la consulta con EVO y parar la acción policial, fue Illanis librado a su suerte. en nuestra opinión esa "demora de Evo" determinó el padecimiento y la muerte del malogrado funcionario público. Romero y Quintana, no se hablan?

Rodolfo Illanes, Viceministro de Régimen Interior, fue asesinado brutalmente por mineros enardecidos el 25 de agosto, y el presidente Evo Morales lo declaró de inmediato “héroe” nacional de la defensa de los recursos naturales, aunque ahora surgen evidencias de que fue solo un mártir por haber sido dejado a su suerte por sus inmediatos superiores.
“Me han tomado como rehén, hermano ministro. Yo estaba entrando a Mantecani y estaba contabilizando cuántos compañeros estaban en los cerros… ahí me han tomado como rehén. Le rogaría doctor que paralice cualquier actividad de despeje de vía y cualquier enfrentamiento”, rogó Illanes a Carlos Romero.
Según admitió Romero, fue la primera de las 3 llamadas que hizo Illanes el trágico día. Se habría producido poco antes de las 11 de la mañana. En el video que acaba de divulgarse, Illanes muestra algunos hematomas en el rostro. Ya había sido golpeado y es prueba del temor que tenía por su vida y de ahí su ruego para que la policía suspendiera la represión a los mineros en la localidad altiplánica de Panduro.
Los mineros estaban furiosos y claramente le pedían a Romero (usando el mismo teléfono de Illanes) que libere a sus compañeros presos y que dialogue. Romero revela que “casi de inmediato” dispuso el repliegue de las fuerzas del orden. Ese “casi” habría sido de 6 horas, porque Illanes fue asesinado, según los forenses y testigos presenciales, como a las 5 de la tarde.
Una hora antes, el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana anunció que el diálogo se produciría el 26 de agosto. O sea que el gobierno no tenía apuro o hay que admitir una incomunicación total entre éste y su colega Romero. En el video, Illanes revela que en el momento de su detención estaba “solo”, quizás únicamente con un edecán y el chofer. ¿Un Viceministro del Gobierno casi sin escolta iría a “mediar” ante enfurecidos mineros? El régimen dice que fue por iniciativa propia. ¿Pasó por encima de sus superiores?
El gobierno, tras los videos divulgados, se ha puesto furioso y siembra la idea de que develó una conspiración. Morales fue más allá, dijo que se había frustrado un golpe de Estado. Los periodistas que divulgan los videos y grabaciones radiales son acusados de tergiversar y manipular la verdad, pese a que los hechos y las palabras de Illanes no necesitan de ayudas extras. Son el testimonio vivo de quien vislumbraba en los rostros de los mineros su atroz muerte.
Para saber si Illanes fue héroe o mártir habría que establecer ¿a quién benefició su asesinato? El movimiento de los mineros cooperativistas fue descabezado. Se acabaron los bloqueos de caminos. Fue acallada su emisora y la persecución contra sus dirigentes es inmisericorde. Muchos yacimientos son ahora revertidos al Estado La muerte de Illanes “es imperdonable”, dijo Morales.
Más de 120.000 mineros cooperativistas ayudaron en el derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada y fueron la vanguardia obrera con la que Morales se encumbró en el poder. En agradecimiento, hasta su primer Ministro de Minería fue uno de los cooperativistas. Se les dio toda clase de facilidades para administrar minas sin casi tributar. Desvirtuaron el movimiento cooperativista al convertirse en empresarios y tener trabajadores a sueldo, a los que les prohibían la sindicalización.
Como los precios de las materias primas bajaron y los costos de producción se elevaron, los “cooperativistas” querían más y el régimen “socialista” recién descubrió que había prohijado a unos patrones “capitalistas”, tanto como sus “colegas” cocaleros, tan prolíficos sembradores de la materia prima que, en 8 meses, la policía decomisó 17 toneladas de cocaína.
¿Acabó el lío de los mineros cooperativistas? Lo dudo. El problema es la crisis que empieza a sentirse en los centros mineros por las bajas cotizaciones de los minerales. Los cooperativistas quieren tributar menos y tener más yacimientos y no sindicatos. El Estado necesita más minas porque están agotándose las que administra. La crisis significa despido de mineros y el eventual cese amenaza con el hambre. Esta la dura realidad. Amanecerá y veremos.
*Periodista. Ex UPI, EFE, dpa, CNN, El Nuevo Herald. Por 43 años fue corresponsal de ANF de Bolivia.

como a Messi. contrato de por vida, a Messi le ofrece el Club Barza, a Evo le ofrece el MAS. ya no más cambios "la rodilla de Evo, no es de Evo, es del pueblo" dice uno de sus llunkus y Karen Arauz, con ese exquisito gusto de decir las cosas, nos lo recuerda.

Recojamos de Adlai Stevenson, demócrata conocido por su hábil oratoria, el guante que lanza con certera propiedad -dadas las actuales circunstancias- : “…el sonido de incansables voces, es el precio que hay que pagar por el peso de las propias opiniones. Pero también es el momento de que la democracia demuestre su capacidad de actuar. Todo hombre tiene derecho a ser oído, pero ningún hombre tiene el derecho de estrangular la democracia, ni con una sola de las cuerdas vocales…”.
Estamos bajo la impresión, que está arreciando la necesidad del oficialismo de acallar las voces disidentes por la precariedad de su estantería y se está recurriendo a un amplio abanico de voceros, cuya inteligente y educada manera de comunicar, ha perdido su toque. Si es que alguna vez lo tuvieron.
Digamos que la arremetida de Quintana contra un importante matutino nacional, es el mayor síntoma que la administración está al borde de un ataque de nervios. La mejor defensa, no siempre es el ataque.
Ya tuvimos la oportunidad de notar su afinidad con el mundo de los insectos al mandar a un opositor a convivir con los gusanos. Hoy arremete con lo que debe considerar una genialidad dialéctica de la que sentirse muy orgulloso: “polillas sin sangre”. Y osa además,  vincular a la prensa en la muerte del vice Illanes. En atención a su línea zoo-pensante, debería tener cuidado con sus delirios, no vaya a ser que su destino sea metamorfosearse irremisiblemente en Gregor Samsa.
El Ministro de Hidrocarburos, a quien no le quita el sueño las dudosas reservas de gas que se le cuestionan, halla también gran inspiración en los sobresaltos y pretende -esta vez en el ámbito deportivo-, que el país le dé a Evo Morales un contrato -merecido- como el que el Barcelona le está ofreciendo a Messi. Vale decir de por vida.
Es tragicómico cómo se organizan. Siguen al pie de la letra la estrategia de que siempre tiene que haber uno que haga el papel del malo y el otro del bueno.  El presidente de las federaciones cocaleras y de paso también del Estado, anuncia su predisposición a dejar el poder en enero de 2020. Es muy obvio que pretende hacer sentir mal a la ciudadanía por haber determinado en el referendo de Febrero, que no hay posibilidad de un nuevo período para él. Entonces, automáticamente surgen los adláteres que niegan esa terrible y catastrófica perspectiva. Ya el vice García Linera, se dio el trabajo de anunciar el seguro apocalipsis y la inminente invasión de plagas que nos azotarán y plantó en algunas mentes la infalibilidad de sus pronósticos.
El gobernador de Cochabamba, otrora indiscutible  hombre serio de la prensa, se explaya en un discurso  sentenciando que la rodilla de Evo Morales, ya no le pertenece. Es la rodilla del pueblo y por eso debe cuidarse. No es muy claro si la rodilla en cuestión, es la misma que el Presidente futbolista, usó para dejar sentado el orden de jerarquías en la humanidad del empleado municipal allá en los albores de su mandato. Si su articulación ya no le pertenece, es obvio que su decisión de irse, mucho menos. Lo consideran un patrimonio de la Bolivia toda y como tal, debe estar dispuesto a aceptar lo que se decida para él. Y ya sabemos el respeto que le tienen a la Constitución. Por momentos todo esto toca el límite de un arcano mesianismo.
Hasta la pintoresca ministra Paco, es presa de la psicosis oficialista y se estrella contra las redes sociales al ser blanco de críticas por su inseparable sombrero. La verdad que ella es dueña de ponerse lo que más le acomode y andar de sombrero de noche o de día, en exteriores o interiores. Pero al ser un personaje público, los otros tienen también el derecho de manifestarse sobre si les gusta o no. Es el precio de la fama. Es más, muchos -hasta ahora-, ni habían reparado en ello y ha sido ella misma al amenazar virulentamente con procesos por discriminación, la que ha puesto bajo la luz de un potente reflector su coqueto adminículo.
Si existiera alguna posibilidad de aportar con una crítica constructiva, estoy segura que varios lo harían. Pero el nerviosismo es tal, que nadie se anima a mencionar por ejemplo, la urgencia de hacerle sana-sana al Brasil. Que también sería bueno tener algo de consideración con la ciudadanía y explicaran de qué se trata exactamente, el “intercambio” militar con Rusia por ejemplo. A los hijos, no les agradan los cuchicheos a sus espaldas. Y cuando las cosas no se dicen de frente de tal modo que les haga sentido y sientan que se les oculta temas que les incumbe, surgen los problemas de conducta y los brotes de rebeldía. Toda acción, provoca una reacción.
Otra vez apelando a Stevenson, aunque es dudoso que sea bien recibido, va su mensaje y su consejo a los oponentes políticos: “dejen ustedes de mentir, y nosotros dejaremos de decir la verdad”.

quizá el título copiado del cacho cuadraría mejor "perdedor paga" aunque el autor Vacaflor pleno de ironía y de verdad, esto es lo grave elige "el último paga" a una curiosa transacción que Bolivia estaría intentando con Brasil, aunque sin éxito porque, mal que nos pese Brasil lleva las de ganar.

Hay algo de descarado, de deshonesto, en la decisión de YPFB de negociar con Brasil el momento en que Bolivia deberá entregar el gas natural que le debe, porque fue pagado al comenzar el contrato.

Dicen quienes conocen estos detalles que durante 18 o 24 meses, Bolivia le cobró a Brasil por el gas que el vecino no podía recibir porque le faltaban los ductos internos necesarios.

Se estaba aplicando el “take or pay”, como figura en el contrato GSA: si no puedes recibir el gas que te comprometiste a comprar, tienes que pagar. (Si no estabas en condiciones de recibirlo, ¿por qué te comprometes a comprarlo?)

En su momento, cuando el contrato estaba comenzando, los brasileños creían que Bolivia tenía una actitud poco cortés por lo menos, porque le debía a Brasil algunos favores, comenzando por el financiamiento del ducto.

Pero Bolivia cobró por ese gas que Brasil no podía recibir. En algunos brasileños seguramente se alimentaba la idea de tomar revancha, cuando llegara la oportunidad.

Ahora que el contrato está a tres años de expirar, dice el contrato, Bolivia debería entregar el gas que estaba pagado pero que el comprador no recibió. Y entregarlo gratis, por supuesto, entre 2018 y 2019, que es cuando fenece el contrato.

Entonces, aparece ahora el presidente YPFB, Guillermo Achá y dice que la empresa quiere negociar con Brasil para que el pago del gas no entregado se haga después de 2019.

Nadie había pensado, cuando se firmaba el contrato, que la fecha de expiración coincidiría con un cambio de gobierno en Bolivia. Y que el gobierno saliente tuviera la deshonesta intención de dejar para el siguiente la entrega del gas que ya fue pagado.

Dice Achá que YPFB quiere firmar con Brasil un contrato de dos años que permitirá ajustar esos detalles. Es decir, que sea el próximo gobierno el que entregue el gas ya pagado por Brasil.

El contrato GSA dice que el volumen de gas pagado pero no entregado debe ser puesto a disposición del comprador antes de que concluya el contrato, no después.

Por una extraña decisión, inspirada en alguna aptitud deshonesta, ahora lo que quiere el gobierno es dejar el pago de esa deuda pendiente para el próximo.

YPFB quiere que Brasil acepte firmar un contrato por dos años para que haga ese pago. Deshonesto, ¿verdad? ¿De tahúr?

no ha sido "golpe de Estado" lo de Brasil, el golpe de Estado ocurre en Venezuela porque "rompe el Estado de Derecho" norte y guía de todo Estado Democrático califica el internacionalista Oppenhaimmer desde una amplia red de medios en el mundo.

Contrariamente a lo que está diciendo el ex precandidato demócrata Bernie Sanders y sus amigos de la vieja izquierda, la destitución de la ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff no fue un golpe de estado. Lo que es un golpe de estado –y uno que ellos están ignorando– es la ruptura del estado de derecho por parte del régimen de Venezuela.
Rousseff, que fue formalmente expulsada de la presidencia tras un juicio político en el Congreso, fue destituida por manipular el presupuesto nacional para hacer que las finanzas del país se vieran mejor durante su campaña de reelección de 2014.
Sanders, haciéndose eco de los reclamos por los presidentes de Venezuela y Bolivia, dijo en un comunicado sobre Brasil el 8 de agosto que el “el polémico proceso de juicio político se parece más a un golpe de estado”. Agregó que “el esfuerzo para destituir a la presidenta Rousseff no es un juicio legal, sino más bien político. Estados Unidos no puede quedarse en silencio”.
¿Pero fue realmente un golpe de estado lo que pasó en Brasil, o incluso un “golpe blando”?
Según la mayoría de las definiciones, un golpe implica una acción militar, u otra forma de tomar el poder que quiebre el estado de derecho.
El diccionario de Merriam-Webster dice que un golpe de estado es “un intento súbito por un pequeño grupo de personas para asumir el control del gobierno generalmente a través de la violencia”.
Lo que pasó con Rousseff no cae bajo ninguna definición de un golpe, ni remotamente.
Por el contrario, el proceso de juicio político de Rousseff siguió todos los pasos judiciales y legislativos exigidos por la Constitución de Brasil, incluyendo el derecho de la ex presidenta a defenderse públicamente.
Como me dijo en una entrevista esta semana el ex presidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso, el arquitecto de la recuperación económica de Brasil en la década de los 1990: “No hubo ningún golpe. La Constitución brasileña es muy clara en cuanto a que si el presidente desobedece las reglas presupuestarias sufragando gastos sin previa autorización del Congreso, está cometiendo un crimen de responsabilidad”.
Asimismo, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, afirma que “nunca hemos caracterizado lo que ocurrió como un golpe de estado, ni lo vamos a hacer”.
Incluso hay varios politólogos para quienes el juicio político a Rousseff fue una señal de madurez democrática.
“Un juicio político es saludable porque es el equivalente a un voto de no confianza en un sistema parlamentario”, escribió el politólogo John Polga-Hecimovich en LatinAmericagoesglobal.org.
Bernie, permítame explicarle lo que es un golpe de estado: Un golpe de estado es lo que hizo el dictador chileno Augusto Pinochet en 1973, lo que hizo la dictadura argentina en 1976, lo que intentó hacer el teniente coronel venezolano Hugo Chávez en 1992 , lo que intentaron hacer contra Chávez en 2002, y el quiebre del estado de derecho que está realizando ahora el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Maduro, que ganó una elección controvertida en 2013, amplió ilegalmente el Tribunal Supremo de Justicia nombrando a más de una docena de jueces chavistas para tenerlo bajo su control en 2015, y luego usó el Tribunal para invalidar las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
Asimismo, Maduro encarceló a líderes de la oposición como Leopoldo López, y ahora está recurriendo a tecnicismos para negarle a la oposición su derecho constitucional a recolectar cuatro millones de firmas necesarias para convocar un referendo revocatorio.
Mi opinión: Quienes llaman a lo que sucedió en Brasil un “golpe” están mirando al país equivocado. En lugar de indignarse con el proceso constitucional que tuvo lugar en Brasil, deberían indignarse contra el proceso inconstitucional que está teniendo lugar en Venezuela.
No debe haber un doble rasero en materia de golpes (seguramente habré hecho muchos errores en mi carrera periodística, pero uno de mis orgullos es haberme opuesto siempre a los golpes de estado, ya fueran de derecha o de izquierda, incluyendo el de 2002 contra Chávez).
Lo que pasó en Brasil no fue un golpe. Lo que está pasando en Venezuela sí lo es, aunque esté ocurriendo en cámara lenta

Puka ReyesVilla con senorío pronuncia su "requiem (oración fúnebre) para el Régimen" que según su razonamiento ha escrito su defunción en el conflicto minero. ha mostrado su descomposición, habiendo hecho explosionar la dinamita en un manejo chapucero del conflicto

Muy probablemente, 2016 pase a la posteridad –espero ratificarlo en mi columna de fin de año- como el de la inflexión en el pretenciosamente llamado “proceso de cambio”.

Los recientes acontecimientos en los que se cobró la vida de cinco compatriotas –escribo mientras un sexto se encuentra con muerte cerebral- no son sino el triste corolario del ejercicio atrabiliario del poder con el que, durante diez años, el régimen castigó al país sumiéndolo en un oscurantismo político que recién ahora, cuando los billetes que lo disimulaban se hicieron gas, es sometido a juicio por la ciudadanía –ya no es considerado como una de resentidos “opinadores” (como, despectivamente, llama el poder a los periodistas de opinión)-.
Tomar el asunto aisladamente, como quiere el régimen es, al menos patético. El mismo no puede ser desconectado del resto de actos bárbaros cometidos en nombre de los denominados “movimientos sociales” –eufemismo por “pacto de corporaciones”-. Pero no deja de ser sombrío que el hecho en cuestión hubiese sido perpetrado por dos (ex)aliados, hoy enfrentados.
En efecto, y como muchos ya lo han refrendado, la corporación “cooperativista” fue hasta hace poco la engreída del régimen –aunque, ciertamente, paulatinamente fue perdiendo espacios de poder (esto, quizás, explique parte del problema)-.
Los ahora no-amigos del régimen tuvieron, en su mejor momento, envidiables cuotas de poder; desde un ministerio hasta varios curules parlamentarios. En la cima de su fuerza corporativa llegaron a “poner” a uno de los suyos, su asesor jurídico, como vocal del organismo electoral. Recordemos que el tribunal del que formó parte el susodicho, fue el de peor desempeño en la historia electoral del país, relegando a segundo lugar, de lejos, a la malhadada “banda de los cuatro”. Por intermedio de este sujeto, los cooperativistas cohonestaron las fechorías que tal “institución” cometió para favorecer al MAS.
En plena descomposición del régimen, la corporación cooperativista llevo la peor parte, debilitándose y perdiendo casi toda influencia al interior del oficialismo; éste, no corto, no perezoso aprovechó el knock out técnico de este sector de mineros para “ponerlos en su lugar” (cosa que debió hacer, pacíficamente, hace diez años) y, regalo de dinamita incluido, éstos sacaron a las carreteras el último gramo de fuerza que les quedaba: la numérica. Y la dinamita explosionó en las manos del propio régimen. El chapucero manejo del conflicto que el Gobierno operó hizo el resto; y la sangre llegó al camino. “¡Golpistas!”, “¡derechistas!”, “¡imperialistas!”, se repitió como tantas otras veces.
El régimen también se acordó de que este “cooperativismo” es un eufemismo de capitalismo salvaje (que lo es, sin duda); que es una actividad depredadora del medioambiente (que lo es, sin duda)… lo que no dice es que apañó tal capitalismo y tal depredación durante diez años.
2016 es el año del réquiem por el régimen porque desde el primer día hasta la fecha no hace sino hundirse en su propia descomposición –corrupción, abuso de poder, terrorismo verbal, prédica del odio, culto a la personalidad, centralismo-. Así lo entendió la ciudadanía al sentenciar, con un “NO” rotundo, su inviabilidad a futuro.
Esto no quiere decir que lo que queda del proyecto cocalero no vaya a ocupar un lugar –cada vez más menguante, sin embargo- en la administración estatal, pero lo hará en calidad de zombie, toda vez que perdió para siempre el capital simbólico que alguna vez encandiló a un electorado fácilmente impresionable.
El remedio, una vez más, resultó peor que la enfermedad.