mientras Holanda, Suecia y otros europeos cierran cárceles por carencia de "presidiarios", en Bolivia es al revés, se necesitan cárceles y ampliar las existentes. es tal el hacinamiento, la promiscuidad que DDHH clama por una solución que pasa por "amnistía a los que no tienen sentencias". sistema "en funcionamiento" que ha dado pocos resultados.

Expertos señalan, con razón, que las cárceles son el mejor espejo de una sociedad. No es la excepción en Bolivia, donde el hacinamiento, la violencia y la falta de autoridad han transformado los centros penitenciarios en verdaderos focos de corrupción e inseguridad, lejos de cumplir su objetivo de rehabilitación de personas que cometieron delitos. Según datos de la Defensoría del Pueblo, 14.816 personas están detenidas en los presidios del país hasta junio de este año. Llamativamente, solo 4.698 de estos presidiarios tienen sentencia ejecutoriada por delitos graves, mientras que 10.118 se encuentran con detención preventiva a la espera de una resolución del sistema judicial que defina su situación. El dato revela el grado de retraso que enfrenta la justicia en Bolivia, lo que configura un caldo de cultivo para la violencia y la impunidad.

El Defensor del Pueblo, David Tezanos, ha planteado que una solución a esta dura realidad es aprobar un decreto de amnistía para detenidos por delitos menores. Entre 2012 y 2016, unas 1.458 personas recibieron este beneficio, pero diversas entidades humanitarias reclaman ampliar este derecho a fin de mejorar las condiciones de vida en los diversos centros penitenciarios.

La medida genera una natural polémica debido a que dicho beneficio no debería resultar en otro mecanismo más para la impunidad frente al delito. Todas las personas son iguales ante la ley y si han cometido delitos deben pagar por sus actos. Otra cosas es que, por razones humanitarias, este precepto pueda alcanzar a personas de la tercera edad o enfermos terminales que no deberían estar en centros penitenciarios. El propio papa Francisco ha solicitado impulsar esta medida humanitaria para atender las necesidades de un sector altamente vulnerable de la sociedad.

La inseguridad que aún afecta a la mayor parte de la sociedad boliviana exige medidas inteligentes y efectivas para poner a raya a las organizaciones irregulares, especialmente, aquellas vinculadas al tráfico de drogas, la trata y tráfico de personas y otros delitos graves. Sin duda, esa es una de las grandes deudas de la actual gestión de Gobierno.

El próximo 24 de septiembre se celebrará el Día de la Persona Privada de Libertad. Ojalá dicho evento permita reflexionar aún más sobre la situación de los presos en Bolivia, sobre las condiciones sociales que llevan al delito y sobre la inseguridad como el fenómeno más preocupante para todos los bolivianos