La decisión del XIII Congreso Ordinario de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba de “buscar y/o establecer el mecanismo jurídico de iniciativa ciudadana, asimismo otros medios necesarios para la repostulación del año 2020 (del presidente Morales)”, ha confirmado que las fuerzas oficialistas –tanto las formales como las informales– no tienen ninguna intención de acatar los resultados del referendo del 21 de febrero pasado.
Que así sea no es nada nuevo ni sorprendente. En efecto, si algo quedó claro a partir de la noche del domingo 21 de febrero pasado, cuando comenzaron a difundirse los resultados del referendo, fue que el Movimiento Al Socialismo, a través de sus diversos brazos operativos, recurriría a cuanto medio estuviera a su alcance para eludir el escollo interpuesto por las urnas a su afán prorroguista. A partir de ese día, diversas fórmulas fueron exploradas en el afán de poner en duda la legitimidad y el carácter vinculante de la voluntad popular mayoritaria.
Esa línea de acción, cuya más reciente expresión es la resolución del congreso de los productores de coca, tiene una triple dimensión: legal, ética y política.
Desde el punto de vista legal, es tan diáfana la situación que no tendría que haber ningún resquicio que dé lugar a dudas. En efecto, para dar por zanjado el asunto bastaría aplicar el Art. 15 de la Ley Nº 026 del Régimen Electoral que dispone: “Las decisiones adoptadas mediante Referendo tienen vigencia inmediata y obligatoria, y son de carácter vinculante”. Eso significa que la decisión adoptada por los ciudadanos y ciudadanas debe acatarse y respetarse.
Siendo tan claro lo que manda la ley, cualquier iniciativa, peor aún si proviene de las máximas autoridades del Estado Plurinacional, sólo puede interpretarse como una flagrante falta de respeto a la voluntad popular y a las reglas establecidas. Lo que, si hubiera en nuestro país la posibilidad de aplicar con rigor los mandatos constitucionales, bien podría dar lugar a que quienes insinúen siquiera la posibilidad de desacatarlos sean sometidos a enjuiciamiento bajo la figura de sedición.
Visto el asunto desde el punto de vista ético, esa conducta pone en evidencia el lugar desdeñable que el respeto a la voluntad popular y las normas legales ocupa en la escala de valores y principios de quienes se niegan a reconocer los resultados del referendo del 21 de febrero. Lo que no es sorprendente, pues se trata de personas que nunca negaron su desdén por las formalidades legales y la institucionalidad democrática y tampoco pusieron mucho empeño para disimular el doblez de sus pensamientos y acciones ante estos temas.
La tercera, la dimensión política del asunto es probablemente la más importante y, por muchas razones, la que más debería preocupar a los estrategas políticos del oficialismo. Es que el principal efecto de esas maniobras en la consciencia de la ciudadanía es la pérdida de credibilidad, legitimidad y autoridad moral de quienes así actúan. Y eso, como lo enseña la historia, la propia y la ajena, termina tarde o temprano privando a cualquier régimen de su principal base de sustentación.
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