Conviene reiterar que el punto central no es la relación sentimental del Primer Mandatario y su desenlace, sino las denuncias de tráfico de influencias, en este caso, en favor de la empresa china Camce
Sin duda, las autoridades de gobierno están logrando desviar la atención a las denuncias sobre un presunto caso de tráfico de influencias en favor de la empresa china Camce, a la que se han adjudicado obras por más de 550 millones de dólares, hacia una compleja relación sentimental del Presidente del Estado con una ciudadana con la que, según confirmó él mismo, tuvo un hijo.
Pero, al seguir esa estrategia distractiva, los colaboradores del Primer Mandatario, además de mostrar rasgos de inmoralidad e indignidad, han afectado la investidura presidencial y, particularmente, han provocado que se mantengan en la impunidad a quienes son acusados de haberse beneficiado del tráfico de influencias.
Un factor central para esa inferencia es el informe de la comisión legislativa que “investigó” el caso Camce, en el que, con el voto de la mayoría oficialista, se dictamina que no hay tal tráfico de influencias a su favor. Sin embargo, se arriba a esa conclusión sin que, como se ha denunciado y establecido, se haya tomado declaraciones a los dignatarios involucrados en las adjudicaciones a Camce ni a los representantes de esta empresa en el país. En el primer caso, para que expliquen con claridad los procedimientos seguidos y los criterios adoptados para adjudicar a la empresa las obras en investigación; en el segundo para absolver una duda básica: ¿cómo explican esos ejecutivos la contratación en un puesto ejecutivo a la exenamorada del Primer Mandatario, persona sin la formación académica ni experiencia laboral para cumplir esas funciones?
Esos antecedentes explican, así sea parcialmente, los esfuerzos hechos por el oficialismo, particularmente ministros y legisladores, para incorporar en la agenda pública la relación sentimental, incluyendo una inexplicable difusión de fotografías en pose sensual de esa ciudadana, y así restar importancia a las denuncias sobre presunto tráfico de influencias.
Agravan la situación, por un lado, que las autoridades hayan lanzado una ofensiva represiva a cargo del Ministerio Público que ha llegado al extremo de instruir la detención, concretada en un caso, de los abogados defensores de Zapata, actitud ilegal sin precedentes desde la apertura del proceso democrático en 1982. Por otro lado, que desde los órganos Ejecutivo y Legislativo se amenaza con reformar la Ley de Imprenta con el explícito propósito de limitar el trabajo periodístico. Es decir, parecería que las autoridades, enceguecidas por el disfrute del poder, han optado (al margen de la institucionalidad vigente) por el camino del autoritarismo en vez de aprovechar esta crisis para, más bien, corregir los errores, dejar de usar la mentira como instrumento de gobernanza y, de ese modo, tratar de recuperar la confianza ciudadana.
Por ello, conviene reiterar que en el tema que se comenta, el punto central no es la relación sentimental del Primer Mandatario y su desenlace, sino investigar con rigor las denuncias de tráfico de influencias, en este caso, en favor de la empresa china Camce. Lo demás, es avalar que se imponga el reino de la impunidad, el miedo y la pérdida de horizontes, ingredientes, como se puede observar en algunos países de la región, que socavan la democracia y la pacífica convivencia.
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