Comienzo confesando mi aversión a los fundamentalismos privatizadores y estatizadores que han ordenado el péndulo de nuestra historia pasada y reciente. Y es que al igual que el dogmatismo privatizador, la corriente contraria tiene efectos perversos sobre la convivencia plural en democracia. Lo constatamos a la hora de analizar la confrontación política y de ideas a pocas semanas del referendo modificatorio de la constitución.
De hecho, la amenaza del retorno de la antipatria y de los malos bolivianos “privatizadores” constituye un eje discursivo recurrente a fin de neutralizar el No contrario a la repostulación, por cuarta vez consecutiva, de Evo Morales a la Presidencia.
La antipatria ha sido asociada al verbo privatizar en todos los tiempos y modalidades imaginables, al extremo que en una de las maratónicas entrevistas promotoras del Sí, el mismísimo presidente calificó de antipatriotas a quienes utilizan los servicios de las telefónicas privadas Tigo y Viva y no así de la estatal Entel.
Coherentes con esta línea de pensamiento simplista y caricaturesca , el régimen creó en su momento la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización 1989–2000, instancia encargada de identificar y llevar al cadalso a los herejes que de una u otra manera impulsaron la transferencia de recursos públicos a favor de gestores privados. Desde esta perspectiva, el MAS ha impulsado el juicio de responsabilidades a Samuel Doria Medina, por haber autorizado la transferencia de recursos públicos originalmente asignados al programa estatal de Formación de Capital en Áreas Secundarias (Focas) a favor de la Fundación para la Producción (Funda-Pro) para la creación de microempresas. Esta medida se habría dado en el contexto del proceso de condonación de deuda bilateral de más de 200 millones de dólares con los Estados Unidos, aplaudida en su momento por progresista e innovadora. De hecho la transferencia de los 20 millones de dólares fue condición del acreedor siempre y cuando se destinen al fomento de pequeños productores. 25 años después Funda-Pro sigue funcionando con similar fin.
Sin embargo, el desborde emocional, retórico y mediático antiprivatizador devela muchas contradicciones, ignorando que más allá de las nacionalizaciones propugnadas en estos 10 años, el Gobierno impulsa y convive con lógicas privatizadoras no siempre virtuosas. Curiosamente, el caso Fondioc ilustra este extremo. De hecho este polémico fondo operó autorizando la transferencia de millonarias sumas de dinero a entidades privadas y personas vinculadas a distintas organizaciones sociales campesinas e indígena, beneficiando incluso al sector cocalero que de vulnerable tiene muy poco.
Contradictoriamente, los voceros del Sí persisten con la cantaleta antiprivatizadora aun cuando ellos mismos propician transferencias de lo público a manos privadas. El programa Evo Cumple lo hizo al construir sedes sociales destinadas a organizaciones sociales y al regalar vehículos a entidades sociales representativas no productivas pero políticamente alineadas al proceso de cambio. El Fondo de Desarrollo Productivo opera bajo similar lógica, aunque con mayor rigor y menor discrecionalidad. Salvando diferencias también recurre la contratación directa, sin licitación ni estudios previos, de empresas privadas y extranjeras encargadas de millonarias inversiones.
Desde una perspectiva pragmática la privatización o las nacionalizaciones no son malas ni buenas en sí mismas. El problema radica en la impostura política, en la bipolaridad discursiva que deriva en la judicialización de la política, en dogmatismo e intolerancia sectaria aun a riesgo de reabrir heridas y despertar viejas tensiones el día después de un referendo que nunca debió convocarse.
La autora es psicóloga, cientista política y exparlamentaria.
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