Bolivia acude hoy a las urnas para participar del Referendo Constitucional y decidir si se cambia uno de los artículos de la Constitución Política del Estado. La propuesta de reforma a la Carta Magna sobre el mandato presidencial ha sido promovida por sectores sociales afines al oficialismo para permitir una nueva postulación del presidente Morales en las próximas elecciones generales. Sin embargo, el artículo 168 de la Constitución se ha convertido de pronto en el impedimento legal para concretar ese propósito. Ante esa situación, el Gobierno ha decidido llamar a consulta popular para reformar el articulado constitucional, con la esperanza de obtener un resultado positivo.
En el fondo, conviene asumir que la realización del Referendo Constitucional deviene en un ejercicio saludable para la democracia boliviana. Resulta deseable, por tanto, que esa práctica democrática se la ejerza en un clima de paz y tolerancia, de respeto y convivencia civilizada, aspectos que se han olvidado de manera reiterada en la recta final de las campañas por una u otra opción, la de la aceptación o la del rechazo. La población debe recordar que todos y cada uno de los habitantes en edad de votar, ejercerá en la consulta popular sus legítimos derechos y puntuales obligaciones ciudadanas. Desde esa perspectiva, nada debe impedir que la ciudadanía se pronuncie.
Si se mira bien, el poder de la consulta popular radica en su esencia democrática. En el terreno de los hechos, es justamente esa esencia la que debe prevalecer en toda su magnitud y alcances. El poder de convocar al ejercicio pleno de la ciudadanía, de la participación para construir el futuro democrático del país, entre otras, son razones suficientes para enorgullecernos de una democracia que tiene sus altas y bajas, pero que ilusiona, porque se antoja casi siempre perfectible. En este contexto, la responsabilidad de garantizar el desarrollo pacífico de la consulta se perfila como una amplia tarea colectiva, pero específica de los organismos e instituciones de la seguridad y el orden.
Una de las más delicadas responsabilidades para que la jornada del referendo sea pacífica y disciplinada recae en la dirigencia de los partidos políticos tanto de la oposición como del oficialismo. Conviene que los líderes de las diferentes agrupaciones sociales y políticas instruyan a su militancia y a sus simpatizantes, a deponer de inmediato los enconos y evitar hasta las últimas instancias las provocaciones, por sutiles que ellas sean. La violencia de cualquier índole y venga de donde venga, atenta directamente contra las bases de la democracia y solo trae luto y dolor al pueblo boliviano. La ciudadanía debe estar vigilante para subsanar las situaciones conflictivas.
El poder de la consulta popular de este domingo radica también en la movilización hacia objetivos democráticos de un electorado altamente politizado como el boliviano. Ello significa que la ciudadanía participante puede ser capaz de construir el escenario futuro de la democracia con su voto consciente y reflexivo, sin coacciones ni amenazas. Los resultados serán, asimismo, producto de una democracia persistente y resistente, que al superar los obstáculos transita hacia su perfectibilidad. El solo hecho de realizarse el referendo debería considerarse un legítimo hito democrático, al que por fuerza debe acompañar una ciudadanía capaz de un deseable comportamiento pacífico y civilizado.
En el fondo, conviene asumir que la realización del Referendo Constitucional deviene en un ejercicio saludable para la democracia boliviana. Resulta deseable, por tanto, que esa práctica democrática se la ejerza en un clima de paz y tolerancia, de respeto y convivencia civilizada, aspectos que se han olvidado de manera reiterada en la recta final de las campañas por una u otra opción, la de la aceptación o la del rechazo. La población debe recordar que todos y cada uno de los habitantes en edad de votar, ejercerá en la consulta popular sus legítimos derechos y puntuales obligaciones ciudadanas. Desde esa perspectiva, nada debe impedir que la ciudadanía se pronuncie.
Si se mira bien, el poder de la consulta popular radica en su esencia democrática. En el terreno de los hechos, es justamente esa esencia la que debe prevalecer en toda su magnitud y alcances. El poder de convocar al ejercicio pleno de la ciudadanía, de la participación para construir el futuro democrático del país, entre otras, son razones suficientes para enorgullecernos de una democracia que tiene sus altas y bajas, pero que ilusiona, porque se antoja casi siempre perfectible. En este contexto, la responsabilidad de garantizar el desarrollo pacífico de la consulta se perfila como una amplia tarea colectiva, pero específica de los organismos e instituciones de la seguridad y el orden.
Una de las más delicadas responsabilidades para que la jornada del referendo sea pacífica y disciplinada recae en la dirigencia de los partidos políticos tanto de la oposición como del oficialismo. Conviene que los líderes de las diferentes agrupaciones sociales y políticas instruyan a su militancia y a sus simpatizantes, a deponer de inmediato los enconos y evitar hasta las últimas instancias las provocaciones, por sutiles que ellas sean. La violencia de cualquier índole y venga de donde venga, atenta directamente contra las bases de la democracia y solo trae luto y dolor al pueblo boliviano. La ciudadanía debe estar vigilante para subsanar las situaciones conflictivas.
El poder de la consulta popular de este domingo radica también en la movilización hacia objetivos democráticos de un electorado altamente politizado como el boliviano. Ello significa que la ciudadanía participante puede ser capaz de construir el escenario futuro de la democracia con su voto consciente y reflexivo, sin coacciones ni amenazas. Los resultados serán, asimismo, producto de una democracia persistente y resistente, que al superar los obstáculos transita hacia su perfectibilidad. El solo hecho de realizarse el referendo debería considerarse un legítimo hito democrático, al que por fuerza debe acompañar una ciudadanía capaz de un deseable comportamiento pacífico y civilizado.
El solo hecho de realizarse el referendo constitucional debería considerarse un legítimo hito democrático, al que por fuerza debe acompañar una ciudadanía capaz de demostrar un deseable comportamiento pacífico y civilizado.
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