Seguramente muchos de los excancilleres tuvieron en su momento sus propias visiones, pero parece que ha llegado el momento de unir criterios en un asunto supremo.
La estrategia marítima que el Gobierno lleva adelante ha sumado, hace algunas horas, un nuevo elemento a partir del apoyo que ha logrado de los excancilleres que se han reunido con el presidente Evo Morales, el canciller David Choquehuanca y el director de Reivindicación Marítima Rubén Saavedra.
Lo que se ha hablado en la reunión tiene carácter reservado y no puede ser de otro modo porque se trata de un asunto que, en materia internacional, debe ser considerado como de prioridad nacional y de alto interés para el país. Sin embargo, los ocho excancilleres que participaron en la reunión, expresaron su apoyo al presidente Morales en la decisión de demandar a Chile ante un tribunal internacional para que le sea restituida su salida soberana y útil al océano Pacífico.
En la reunión se recalcó que al tratarse de una causa superior, está por encima de cualquier diferencia ideológica, porque si se pretende establecer una política nacional marítima la participación de expertos internacionalistas, de historiadores, de expresidentes y de otros sectores que brinden aportes debe estar más allá de consideraciones de orden no sólo ideológico sino sectario y político.
En muchas ocasiones se ha pedido, desde diferentes foros públicos, académicos y algunos medios de comunicación, para que el Gobierno adopte la determinación de hacer participar, precisamente, a personas e instituciones para que aporten conocimientos tanto en el plano histórico, internacional y de estrategias para avanzar en el derecho marítimo que le asiste a Bolivia y que está pendiente con Chile desde hace 132 años.
La receptividad de los excancilleres a la iniciativa presidencial ha quedado explicada por las palabras del excanciller Gustavo Fernández quien ha significado que se trata de una herida en la conciencia de América Latina, un obstáculo a la integración latinoamericana y una amenaza a la paz y la estabilidad continental y por ello los excancilleres harán lo que “podamos para que la demanda nacional se concrete”.
En esta senda de la reivindicación marítima de Bolivia, todos los esfuerzos y la conjunción de ideas en torno a la búsqueda de soluciones al centenario problema son plausibles, porque sería un desacierto continuar con políticas aisladas, como las que se han ejercitado hace algunos años y lo que ha conformado esa especie de “tradición diplomática” y de relaciones internacionales que hace aparecer a Bolivia como un país que cambia respecto a su estrategia marítima, paradójicamente, siendo uno de los asuntos más importantes.
Seguramente muchos de los excancilleres, que asistieron a la reunión presidencial, tuvieron visiones diferentes en el ejercicio del cargo y de acuerdo a las posiciones globales de sus gobiernos, lo que en realidad, configuró que el problema del mar no sea conceptuado como una política de Estado.
Si el actual Gobierno está empeñado en llevar adelante una estrategia marítima que, como se ha dicho, deje abierta las puertas para el diálogo y que se manifieste en una propuesta clara y escrita de parte de Chile y, por otra parte, desarrollar recursos ante instancias internacionales, lo que se requiere internamente es unir voluntades y capacidades en un todo superando conductas fragmentadas.
En lo que se refiere al problema marítimo, los bolivianos tenemos un deber patriótico y en ese sentido se debe avanzar. Está claro que para no dar pasos en falso o que cubran sólo expectativas coyunturales, la gran responsabilidad es formular políticas consistentes en los campos mencionados.
Lo que se ha hablado en la reunión tiene carácter reservado y no puede ser de otro modo porque se trata de un asunto que, en materia internacional, debe ser considerado como de prioridad nacional y de alto interés para el país. Sin embargo, los ocho excancilleres que participaron en la reunión, expresaron su apoyo al presidente Morales en la decisión de demandar a Chile ante un tribunal internacional para que le sea restituida su salida soberana y útil al océano Pacífico.
En la reunión se recalcó que al tratarse de una causa superior, está por encima de cualquier diferencia ideológica, porque si se pretende establecer una política nacional marítima la participación de expertos internacionalistas, de historiadores, de expresidentes y de otros sectores que brinden aportes debe estar más allá de consideraciones de orden no sólo ideológico sino sectario y político.
En muchas ocasiones se ha pedido, desde diferentes foros públicos, académicos y algunos medios de comunicación, para que el Gobierno adopte la determinación de hacer participar, precisamente, a personas e instituciones para que aporten conocimientos tanto en el plano histórico, internacional y de estrategias para avanzar en el derecho marítimo que le asiste a Bolivia y que está pendiente con Chile desde hace 132 años.
La receptividad de los excancilleres a la iniciativa presidencial ha quedado explicada por las palabras del excanciller Gustavo Fernández quien ha significado que se trata de una herida en la conciencia de América Latina, un obstáculo a la integración latinoamericana y una amenaza a la paz y la estabilidad continental y por ello los excancilleres harán lo que “podamos para que la demanda nacional se concrete”.
En esta senda de la reivindicación marítima de Bolivia, todos los esfuerzos y la conjunción de ideas en torno a la búsqueda de soluciones al centenario problema son plausibles, porque sería un desacierto continuar con políticas aisladas, como las que se han ejercitado hace algunos años y lo que ha conformado esa especie de “tradición diplomática” y de relaciones internacionales que hace aparecer a Bolivia como un país que cambia respecto a su estrategia marítima, paradójicamente, siendo uno de los asuntos más importantes.
Seguramente muchos de los excancilleres, que asistieron a la reunión presidencial, tuvieron visiones diferentes en el ejercicio del cargo y de acuerdo a las posiciones globales de sus gobiernos, lo que en realidad, configuró que el problema del mar no sea conceptuado como una política de Estado.
Si el actual Gobierno está empeñado en llevar adelante una estrategia marítima que, como se ha dicho, deje abierta las puertas para el diálogo y que se manifieste en una propuesta clara y escrita de parte de Chile y, por otra parte, desarrollar recursos ante instancias internacionales, lo que se requiere internamente es unir voluntades y capacidades en un todo superando conductas fragmentadas.
En lo que se refiere al problema marítimo, los bolivianos tenemos un deber patriótico y en ese sentido se debe avanzar. Está claro que para no dar pasos en falso o que cubran sólo expectativas coyunturales, la gran responsabilidad es formular políticas consistentes en los campos mencionados.
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