La decisión del juez de Nueva York Thomas Griesa ha causado una situación internacional de imprevisibles consecuencias. Al rechazar una apelación del Gobierno argentino que buscaba forzar a los propietarios de los denominados "fondos buitre”, a aceptar las condiciones de recompra de la deuda propuestos, ha puesto en jaque a todo el sistema internacional de reestructuración de la deuda.
Con anterioridad a la decisión del juez, varios gobiernos, empezando por el de EEUU, además de representantes de organismos internacionales, como el FMI, solicitaron que la Corte Suprema de EEUU acepte una apelación de Argentina y, además, acceda a sus argumentaciones. EEUU, en particular, se esforzó por ayudar a la demanda argentina por dos motivos: uno, seguir con la estrategia de que cuando un país no puede pagar a sus acreedores por la emisión de bonos debe ser una red internacional la que ofrezca soluciones; y, dos, evitar que los países de ahora en adelante abandonen a Nueva York como lugar donde emitir bonos. La Corte Suprema no aceptó la apelación, con lo que el caso llegó a manos del juez Griesa.
La crisis económica argentina forzó a su Gobierno, en 2001, a decretar el default, es decir la cesación unilateral de pagos, una estrategia utilizada por Argentina y decenas de países varias veces en los últimos dos siglos.
Después del default de 2001, Argentina firmó acuerdos en 2005 y 2010 con el 92% de sus acreedores, que aceptaron unas condiciones muy ventajosas para ese país (y desventajosas para ellos), es decir recibir alrededor de un 20% de lo adeudado. El 8% de esos acreedores se negó a firmar el acuerdo, revendieron esos bonos a otras compañías y éstas exigieron que se les pague el total de la deuda, más intereses y penalidades, con lo cual Argentina debería pagar ahora unos 1.330 millones de dólares (cuando la deuda original era de 48 millones de dólares).
El temor argentino no es solamente verse obligado a pagar esa suma sino que otros acreedores aprovechen esta situación y también exijan los pagos totales adeudados, con lo que podría arriesgar cobranzas equivalentes a 15.000 millones de dólares.
Para el resto de la comunidad internacional, el fallo del juez Griesa pone en riesgo otros planes de reestructuración de deuda soberana, por ejemplo Grecia, que de una manera similar a Argentina ha renegociado sus deudas, ampliando plazos de pago y, sobre todo, reduciendo los montos a pagar. Casi todos los países han realizado en algún momento algún tipo de renegociación de adeudos. Bolivia, durante el Gobierno de Víctor Paz (1985-1989), logró pagar entre un 20% y 25% de la deuda externa bilateral y multilateral de ese momento.
Pero lo más grave del fallo de Griesa es que con su sentencia se mantiene bloqueado el pago que Argentina debía realizar la semana pasada al resto de sus acreedores.
Ante la situación hay pocos caminos que emprender. El tiempo corre y el 31 de julio vence el plazo para que ambas partes se sienten a negociar, es decir las autoridades argentinas y los ejecutivos de la NML y otras compañías propietarias de los bonos. Para los gobiernos que presentaron sus alegatos ante la Corte Suprema de EEUU respaldando a Argentina, como Brasil, México y Francia, no queda mucho que hacer a parte de mostrar su molestia. Para Argentina sentarse a negociar abre la puerta para que otros acreedores recurran a la justicia de Nueva York.
La compañía propietaria de los "fondos buitre” espera que con el fallo de Nueva York pueda embargar bienes argentinos (fondos en cuentas bancarias fiscales o envíos de productos exportados) a cuenta de la deuda de 1.330 millones de dólares.
Una posibilidad esgrimida por las autoridades argentinas es recurrir al Tribunal de La Haya (puesto que no existen otras apelaciones posibles considerando que la Corte Suprema de EEUU rechazó ver el caso), pero existen dudas de si ese tribunal internacional aceptaría también analizar el pedido. Griesa ha puesto el mundo patas arriba.
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