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viernes, 27 de junio de 2014

Gobierno que no respeta la Ley ni el Estado,ni los movimientos sociales. Carlos Toranzo hace ver que no existe el Estado de Derecho, por tanto la ausencia de las Leyes en la relación de unos bolivianos con otros, de unas instituciones con otras. grave. muy grave!

¿El Estado de Derecho es una institución occidental y por eso no merece existir? ¿El único Estado de Derecho es el poder de los movimientos sociales y la discrecionalidad del manejo del poder por parte del Gobierno?
¿Quién, quiénes aceptan la norma y la siguen? ¿Quiénes aceptan las leyes y las respetan en nuestro país? Parece que nadie o muy pocos; por el contrario, hemos entrado al torbellino del vale todo, al total irrespeto y violación de la ley y la Constitución Política del Estado.
¿Los cooperativistas mineros acatan la Ley Minera? ¿Los cocaleros aceptan las normas de erradicación de la coca? ¿Los transportistas aceptan las leyes de tránsito? ¿Los minibuseros aceptan la prohibición del trameaje?
Estamos en un ambiente de anomia, no hay sensación de existencia de la norma, cada quien puede hacer lo que quiera. Unos, aprobar sus normas y no respetarlas, como sucede con la Constitución ¿Es que acaso la re-reelección es constitucional?
Otros, creen que las normas aprobadas son malas y por eso no son respetables. Lo que hace cada uno es juzgado como legal por ellos mismos; en tanto, que es catalogado como ilegal lo que hacen los demás.
Pareciera haber un acuerdo implícito entre todos para aceptar que todos deben violar la ley. Pero, estamos en la jungla, pues vale la “ley” del más fuerte, del que tiene algún poder. La ley fundamental es la de quien tiene el poder esa es la única ley válida y aplicable y aplicada. El débil, el opositor, el que disiente, el que piensa diferente al Gobierno no tiene ley que lo ampare.
Cambalache es nada para describir lo que pasa en el país, no sólo vivimos el reino de los inmorales, -como dice el tango-, sino que el cinismo ha entrado vertiginosamente en la política, pero junto al cinismo está la obsecuencia que conduce a que se justifique lo injustificable.
Ya no se cuidan las formas para nada, ni para mentir, ni en lo privado ni en lo público. Ya no hay sonrojo por la violación de la ética; ahora vale la “ética” de la política, de ésa que no respeta principios morales, sino solamente la lógica del poder, la lógica de mantener el poder a toda costa. No sólo que no hay sensación de existencia de la norma, sino que cada día es más visible el hundimiento de las instituciones, la institucionalidad no sólo está desportillada, sino que, más grave que eso, está profundamente averiada y en camino de poseer más deterioro.
¿Qué es lo que tiene legalidad ahora en Bolivia? ¿Es legal que las FFAA hayan sido parte de un acto terrorista en Yacuiba hace años atrás? ¿Es legal que se impulse a que la Policía cuide a los movimientos sociales cuando éstos generan desorden público?
¿Fue legal que la Policía no actuara cuando los movimientos sociales acosaban al Parlamento? ¿Es legal que se asesine a supuestos terroristas separatistas? ¿Son legales todos los linchamientos que se justifican bajo el alero de la justicia comunitaria?
¿Es legal que el Ejecutivo siga regalando dinero a cooperativistas mineros y, a la COB? ¿La Contraloría General audita los dineros del Evo Cumple? ¿Es legal que la Contraloría tenga color partidario? ¿Es legal el uso de los recursos públicos en actos del MAS? ¿Dónde está la institucionalidad del poder Electoral, del Poder Judicial, dónde está la vigencia de los pesos y contrapesos de los poderes del Estado?
El Estado de Derecho se ha perdido, y cómo no se va perder si, desde hace años, se aceptó que el Presidente diga: yo le meto nomás, aunque sea ilegal, y que los abogados legalicen la ilegalidad.
El Gobierno no respeta la ley, el Estado no la respeta, pero tampoco la respetan los movimientos sociales. Qué importa que haya ley si nadie la acata. Pero, todo eso implica que está en peligro la convivencia cotidiana entre todos los bolivianos.
El Gobierno con lenguaje confrontacional y con el irrespeto de la ley conduce a un desmoronamiento de la democracia; los ciudadanos debemos evitar eso.

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