Hará falta mucho más que lisonjas, reuniones y promesas para que vuelvan las inversiones al país, cuyo descenso ha sido del 40 por ciento en el 2010 en los rubros de minería e hidrocarburos, mientras que en el transporte la caída fue del 62 por ciento. En el campo, la producción agrícola bajó un 19 por ciento ya que alrededor de 150 mil hectáreas se dejaron de sembrar.
El Presidente sigue despotricando contra los empresarios ligados a la cadena del azúcar y los culpa por el desabastecimiento. Qué podría decir él de los petroleros, dada las condiciones actuales, con un Estado obligado a importar el 95 por ciento del diesel y el gas licuado, con un gasto anual de 85 millones de dólares para traer gasolina desde el exterior y 600 millones de dólares para subsidiar el consumo de hidrocarburos. De continuar semejante sequía de capitales, sobre todo en la producción de líquidos, el colapso total podría ocurrir dentro de cuatro años.
Mientras esto sucedía en Bolivia, en el resto de América Latina se producía un fenómeno totalmente distinto. Tras la crisis del 2008, la región recuperó su atractivo para las inversiones y sólo en el año 2010 captó alrededor de 100 mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa, un crecimiento del 50 por ciento en relación al año anterior. Brasil concentró el 25 por ciento de esos recursos y Chile el 12 por ciento.
El vicepresidente García Linera se reunió hace unos días con las máximas autoridades del sector empresarial del país, a quienes les ha pedido que saquen la plata de los bancos y del colchón y los inviertan en los cuatro rubros que manifiestan situaciones críticas: agricultura, minería, electricidad e hidrocarburos. La promesa ha sido alta rentabilidad y retorno rápido y seguro. Los empresarios han aplaudido la inusitada voluntad de diálogo del Gobierno, pero dicen que aún faltan condiciones para generar la confianza que necesita el dinero para salir a la luz.
Apenas han pasado unos días de la salida del “bulldog” que puso el Gobierno para amedrentar, hostigar y buscar la destrucción de algunas empresas del país. Muchos empresarios están convencidos que tal vez puedan correr la misma suerte que Humberto Roca, obligado a huir de Bolivia por atreverse a competir con el Estado o que les pase lo mismo que a Samuel Doria Medina, a quien se le confiscó su empresa de un plumazo. Las petroleras todavía tienen fresca en la memoria lo ocurrido con Petrobras, sacada e empellones de varios campos gasíferos y a la que se acusó de incurrir en actos delincuenciales. Nadie quiere pasarla como los empresarios cruceños: insultados, criminalizados, estigmatizados y a quienes se les prohíbe exportar sus productos, aunque después se les pide producir a manos llenas y vender barato. Las compañías no quieren arriesgarse a que grupos leales al Estado les invadan sus concesiones, les destruyan sus equipos mientras el Gobierno y la Policía miran de palco.
Muchos empresarios tal vez quisieran venir a Bolivia para hacer negocios, porque de hecho, hay plata para gastar y existe una gran cantidad de nuevos ricos que suelen ser muy desprendidos. El problema es que el perfil de empresa que se está popularizando en el país no tiene nada de convencional. Se trata de inversiones que se hacen en el Chapare, en Colomi, en la frontera con Perú, en medio de la selva del parque Isiboro Sécure, donde narcotraficantes y contrabandistas no saben de crisis y menos de restricciones. Es el modelo de negocio en el que incursionó aquel amauta, el alcalde de Calamarca y recientemente la ex ministra Antonia Rodríguez, quien especulaba con el azúcar en su propia casa.
Muchos empresarios querrán venir a Bolivia para hacer negocios, porque de hecho, hay plata para gastar y existe una gran cantidad de nuevos ricos muy desprendidos.
