La Ley General de la Coca significa la legalización de tres décadas de ilegalidad de la coca excedentaria y en transición. Los agricultores de Chapare supieron sobrellevar los vaivenes de los sucesivos gobiernos y presionar para consagrar los cultivos de la coca. Supieron construir el discurso que justifica la sagrada hoja de coca como bien patrimonial natural y sagrado.
En ese trayecto no se pudo evitar tragedias. Algunos cocaleros pagaron con sus vidas la defensa de sus cultivos de coca. También fallecieron policías y militares. El fin era el mismo, mantener las superficies de coca o, si se podía, ampliar su frontera agrícola.
Al frente, el Estado y los sucesivos gobiernos fueron víctimas de la feroz presión social de los bloqueos de caminos y huelgas de hambre. ¿El objetivo? Mantener y ampliar las áreas de cultivo de coca. Nuestro país, sin políticas democráticas sobre la coca y las drogas, sigue en la incertidumbre sobre la producción, industrialización y consumo de la coca dentro de los marcos constitucionales, rituales, medicinales y tradicionales. ¿Industrialización? Se habló mucho y se avanzó muy poco. Se redujo a la obsesión sectorial: mantener las superficies de coca o, si se podía, ampliarlas.
En este proceso, se develó la artificialidad y artificiosidad del tema Madre Tierra. Su ensalzamiento duró muy poco tiempo. Su vocería quedó exilada a una esquina marginal de la plaza Murillo. La coca y el desarrollo nacional no lograron (¿o no quisieron?) comunicarse en una visión integrada y constructiva. Eso interesaba a pocos. Lo importante era mantener las superficies de coca o, si se podía, ampliarlas.
Junto a la caída de la productividad de coca, por el cansancio de la tierra y el uso de agroquímicos, se incrementaba el hambre por nuevas tierras, vírgenes y fecundas. En el trópico cochabambino, significa la invasión al territorio indígena del TIPNIS. En el país, la invasión a las tierras de las áreas protegidas, parques nacionales y áreas de manejo integrado.
Más de tres décadas de gobiernos elegidos por voto popular, fueron insuficientes para construir una política institucional, sobre la coca, sus derivados y la lucha soberana del narcotráfico. Hasta hoy, sobre todo la última década, los datos oficiales no son fiables. El Gobierno y las Naciones Unidas nos muestran una extensión de 20.200 has de cultivos de coca sustentada en una fotografía satelital. En cambio, otras mediciones basadas en más fotografías a lo largo del año, constatan 36.500 has en todo el pais.
Estos días, una alta autoridad, según ABI y el propio Ministerio de Gobierno, declaró que “siete de cada diez personas consumen cotidianamente hoja de coca”. No se dijo akulliku. Es cierto pero se dijo lo anterior. Por tanto, es necesario conocer como país el estudio de respaldo de semejante afirmación. Si se refieren al del 2012, ese estudio decía que 3 de cada 10 ciudadanos consumían coca. ¿Qué factores contribuyeron a la acelerada elevación del consumo tradicional de coca? ¿Qué intereses están detrás del aumento de 6.000 hectáreas de coca suficientes para el consumo legal hacia las ocho mil, diez mil y, finalmente, 14.705 hectáreas?
El último tropezón: “Un grupo de altos funcionarios del círculo cercano del presidente de Bolivia, están supuestamente bajo la lupa de las autoridades de EEUU que los acusa de narcotráfico…”. Es un contexto internacional adverso. Los tropiezos de la gestión pública empiezan a cobrar sus facturas
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