La transparencia es, junto con el pluralismo y el respeto a los derechos y libertades de la ciudadanía, uno de los pilares fundamentales de la democracia y lamentablemente es al que menos se le pone atención, porque frecuentemente se confunde el término “mandato” con el ejercicio del poder, justamente para hacer y deshacer, pasando por encima de los controles republicanos y del deber que tiene todo gobernante de rendirle cuentas al ciudadano que le ha confiado la responsabilidad de conducir y administrar la cosa pública.
En esa confusión y bajo los cánones del caudillismo populista reinante, a más poder, menos control y por ende menos nitidez, lo que implica también más posibilidades de corrupción y de desviación de las acciones que deberían estar orientadas hacia el bien común. En otras palabras, la falta de transparencia es en gran medida la explicación a la gran falla de nuestras democracias para responder a los problemas estructurales del país. La pobreza, la falta de educación, los tristes índices de salud y la carencia de servicios públicos se deben a la no observancia de este principio que fundamenta el contrato social entre gobernantes y gobernados.
Ningún gobierno, ninguna casta, ningún sector social, ningún iluminado, líder espiritual o cualquier ente, por más honesto e inmaculado que pueda ser, debe estar libre de la obligación de rendir cuentas de sus actos y de los recursos que administra. Porque cualquiera que haga uso de las facultades supremas de un Estado está expuesto a las tentaciones del poder y sus ventajas y por ende, todo demócrata que se precie de serlo, debería no sólo respetar, sino estimular a que se perfeccionen los mecanismos de transparencia, porque esta virtud es sinónimo de progreso y desarrollo de los pueblos. Todo lo contrario es simplemente borrachera de poder que se corrompe y que deriva en tiranía.
La transparencia exige eficiencia, capacidad y mucho trabajo, pues hace falta mucha gente especializada para cumplir con todos los requisitos que demanda, por ejemplo, la elaboración de un proyecto y la ejecución correcta de un presupuesto. Esto que algunos mediocres llaman “burocracia” y que sortean por cuestiones de agilidad o por bajar costos, es un mecanismo ineludible en los estados modernos, en las empresas y cualquier institución que se proponga construir, producir, incrementar, mejorar y progresar. Eludir los procedimientos legales y administrativos, no sólo resulta más costoso, sino que puede ser totalmente ineficaz, pues como se observa en la mayoría de las obras del programa “Evo Cumple”, casi todo se ha quedado en cemento tirado que no le sirve a nadie.
No podemos quedarnos en exigir la transparencia de 500 millones de dólares, que resultan una minucia para las millonadas de ingresos que ha recibido el régimen del MAS en los últimos siete años. Se trata de un período de bonanza histórico, en el que nada tiene que ver la eficiencia de los gobernantes, que sin embargo han actuado con absoluta discrecionalidad en la administración de ese dinero que, lamentablemente está dejando muy poco para la proyección del futuro de Bolivia.
En esa confusión y bajo los cánones del caudillismo populista reinante, a más poder, menos control y por ende menos nitidez, lo que implica también más posibilidades de corrupción y de desviación de las acciones que deberían estar orientadas hacia el bien común. En otras palabras, la falta de transparencia es en gran medida la explicación a la gran falla de nuestras democracias para responder a los problemas estructurales del país. La pobreza, la falta de educación, los tristes índices de salud y la carencia de servicios públicos se deben a la no observancia de este principio que fundamenta el contrato social entre gobernantes y gobernados.
Ningún gobierno, ninguna casta, ningún sector social, ningún iluminado, líder espiritual o cualquier ente, por más honesto e inmaculado que pueda ser, debe estar libre de la obligación de rendir cuentas de sus actos y de los recursos que administra. Porque cualquiera que haga uso de las facultades supremas de un Estado está expuesto a las tentaciones del poder y sus ventajas y por ende, todo demócrata que se precie de serlo, debería no sólo respetar, sino estimular a que se perfeccionen los mecanismos de transparencia, porque esta virtud es sinónimo de progreso y desarrollo de los pueblos. Todo lo contrario es simplemente borrachera de poder que se corrompe y que deriva en tiranía.
La transparencia exige eficiencia, capacidad y mucho trabajo, pues hace falta mucha gente especializada para cumplir con todos los requisitos que demanda, por ejemplo, la elaboración de un proyecto y la ejecución correcta de un presupuesto. Esto que algunos mediocres llaman “burocracia” y que sortean por cuestiones de agilidad o por bajar costos, es un mecanismo ineludible en los estados modernos, en las empresas y cualquier institución que se proponga construir, producir, incrementar, mejorar y progresar. Eludir los procedimientos legales y administrativos, no sólo resulta más costoso, sino que puede ser totalmente ineficaz, pues como se observa en la mayoría de las obras del programa “Evo Cumple”, casi todo se ha quedado en cemento tirado que no le sirve a nadie.
No podemos quedarnos en exigir la transparencia de 500 millones de dólares, que resultan una minucia para las millonadas de ingresos que ha recibido el régimen del MAS en los últimos siete años. Se trata de un período de bonanza histórico, en el que nada tiene que ver la eficiencia de los gobernantes, que sin embargo han actuado con absoluta discrecionalidad en la administración de ese dinero que, lamentablemente está dejando muy poco para la proyección del futuro de Bolivia.
Eludir los procedimientos legales y administrativos, no sólo resulta más costoso, sino que puede ser totalmente ineficaz, pues como se observa en la mayoría de las obras del programa “Evo Cumple”, casi todo se ha quedado en cemento tirado que no le sirve a nadie.
No hay comentarios:
Publicar un comentario