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jueves, 2 de febrero de 2017

insta Los Tiempos al Fiscal General revisar el informa que excluye al ex-comandante de El Alto y al funcionario del Ministerio de Gobierno que organizaron la trama en que murieron 6 personas hace un año.

El pasado 17 de febrero de 2016, una turba atacó las instalaciones de la Alcaldía de El Alto, provocando la muerte de seis personas, 18 resultaron heridas y se quemó un sinfín de documentos. Las filmaciones y crónicas sobre este hecho vandálico permitieron ver a una serie de líderes del MAS incitando a las acciones violentas, así como al entonces Viceministro de Régimen Interior aparentemente coordinando acciones, quien finalmente tuvo que renunciar.

Adicionalmente, los efectivos de la Policía no actuaron como correspondía y por esa inacción es que se produjeron los hechos criminales.

A casi un año de esos sucesos, el Ministerio Público determinó acusar formalmente a 15 ciudadanos, entre los que están dirigentes de la junta de padres de familia y tres funcionarios del Municipio, con cargos que van desde tentativa de homicidio hasta incumplimiento de deberes.
Como han señalado las autoridades del municipio alteño, se trata de imputaciones parciales y motivadas no por la investigación de los hechos, sino, al parecer, por presiones externas. De otra manera, no se comprende que el excomandante regional de la Policía no haya sido imputado por evidente incumplimiento de sus deberes, ni el exviceministro mencionado, sobre quienes, desde donde se analice, hay indicios comprometedores.

No hay que olvidar que la Alcaldesa de El Alto, cuyo delito es haber derrotado al candidato del oficialismo, aseguró que detrás de la protesta se encontraban dirigentes afines a su masista predecesor, procesados por distintos delitos cometidos en esa comuna. Además, varios testigos aseguraron que los asaltantes trataron de llevarse y quemar documentos que, supuestamente, los comprometían.

Al margen de que es posible que muchos autores intelectuales y materiales de estos actos de violencia pueden quedar en la impunidad por el dictamen que se comenta, éste pone nuevamente en evidencia que esta institución, creada para defender “la legalidad y los intereses generales de la sociedad” (Art. 225 de la CPE) actúa en función de las presiones foráneas que se ejerce sobre ella.

Hay que insistir en que si algo sobresale de lo que se conoce del dictamen del Ministerio Público en el caso del asalto y quema de las instalaciones de la Alcaldía de El Alto el pasado año, es que las evidencias y las declaraciones de los testigos constituían un invalorable material para realizar correctas imputaciones.

Desde otro enfoque, es pertinente señalar que dictámenes de esta naturaleza, si bien pueden ser útiles en el corto plazo, en el largo sólo restan legitimidad y aumentan desconfianza. Ya hemos señalado en los pasados días que la recurrente comisión de actos de violencia puede conducir al país a un estado de anomia que será muy difícil de controlar y revertir.

En este sentido, hay que exhortar al Fiscal General del Estado a tomar cartas en el asunto, revisar el informe que se comenta y, reencausándolo por los caminos de la legalidad y el rigor, ayude a que la ciudadanía recupere algo de fe en esta institución que tiene, además, la tarea de respaldar la pacífica convivencia.

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