Los Tiempos reclama "esfuerzo colectivo para asumir la lucha en contra de la corrupción", algo difícil de entender que la oposición pueda hacer algo más que denunciar y convocar a los actores al parlamento que acuden allí y convierten su comparecencia en un show que termina en aplausos.

Como ya es habitual desde que a mediados de los años 90 comenzó a difundirse el informe anual de Transparencia Internacional sobre el estado de la lucha contra la corrupción en diferentes países del mundo, la publicación en pasados días, correspondiente al año 2016, ha sido tema de controversias entre quie-nes observan el asunto desde las filas del oficialismo y quienes lo hacen desde la oposición. Así, se ha reincidido en el error de banalizar y reducir los datos del informe al nivel de instrumentos al servicio de las escaramuzas políticas.

Como se recordará, ese tipo de reacciones ante el informe de TI ha sido siempre la más común, algo que, por lo demás, suele ocurrir en muchos países que, como el nuestro, tienen a la corrupción entre las principales preocupaciones de sus ciudadanos. Por eso, este informe, como otros similares, termina siendo una más de las armas empleadas para desacreditar la gestión del Gobierno de turno o para atribuirse supuestos méritos, sin aportar elementos útiles para afrontar el problema y no reducirlo a una especie de competencia deportiva en la que lo que cuenta es el lugar que cada país ocupa en el ya famoso “ranking mundial de la corrupción”.

Sin embargo, y a pesar de los muchos cuestionamientos que se pueden hacer al rigor y los criterios con que se elabora el estudio, lo cierto es que el informe anual de TI tiene una influencia nada desdeñable en la imagen que cada país proyecta en el mundo. Al ser un estudio elaborado a partir de las percepciones de las principales organizaciones del ámbito financiero internacional, además de empresarios de primer nivel, tiene un efecto multiplicador, pues es asumido como uno de los principales elementos de juicio por inversionistas, políticos y gobernantes a la hora de tomar decisiones sobre sus vínculos con cada país analizado.

Ante tal realidad no es razonable que las autoridades gubernamentales pretendan restarle importancia con argumentos tan pueriles como el que le atribuye intenciones políticas inspiradas en un supuesto afán conspirativo. Para descalificar tales reacciones basta recordar los elogiosos términos con que las mismas autoridades gubernamentales se referían a TI cuando su informe, como el de 2008 y 2009, destacaba a Bolivia entre los países que más avances podía mostrar en su lucha contra la corrupción. Y lo mismo, pero en términos diametralmente opuestos, puede decirse de los voceros de la oposición.

Más allá de esas consideraciones, lo importante es reconocer que el problema de la corrupción tiende a extenderse en el mundo entero como una epidemia que no respeta ideología, raza o credo religioso, penetra en los Estados y deja a su paso graves daños sobre la salud económica, política y ética de la sociedad.

Siendo esa la magnitud del mal, es necesario que el esfuerzo colectivo, que hace falta para afrontarlo, esté por encima de las mezquindades políticas. Debe ser asumido en forma conjunta y al margen de las legítimas diferencias político-ideológicas.