Susana incansable nos recuerda, merced a su lúcida memoria los episodios de horror y crimen que Evo Morales protagonizó en El Chapare. Vacaflor y la Ley de Imprenta y asuntos que Evo no quiere saber porque no le convienen.

Lo que el poder no quiere saber
Susana Seleme Antelo


“Lo que da miedo es un presidente que no sabe lo que tiene que saber, y no parece tener interés en aprender lo que no sabe”, es una frase dicha por el presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Barak Obama. Razones sobran para aplicarla al presidente Evo Morales, porque tras 10 años de gobierno no sabe y no tiene interés en saber que en Bolivia está vigente la Ley de Imprenta de 19 de enero de 1925 y sus correspondientes Tribunales o Jurados. O peor aun, sabiéndolo, la ignora.
Esa ley protege a los hombres y mujeres profesionales del periodismo de los abusos y excesos del poder y de quienes lo ejercen,  siempre  impunes e inmunes  aunque cometan delitos de diversa índole, como no saber lo que deberían y tendrían que saber, respecto a las leyes amparadas constitucionalmente en el país. El artículo 1  de la ley que nos ocupa establece que “Todo hombre tiene el derecho de publicar sus pensamientos por la prensa, sin previa censura.”
La labor de informar y comunicar, de preguntar, de investigar y escarbar sobre lo que el poder político no quiere hablar, ni que se sepa, es castigada con juicios y procesos, pues el Poder Judicial está subordinado al  poder Ejecutivo. Es el caso del reconocido periodista Humberto Vacaflor, Premio Nacional de Periodismo 2009 y Premio Libertad de la Asociación Nacional de Prensa 2016, a quien Morales le ha abierto un proceso por difamación, pues recordó el asesinato de los esposos Andrade en el año 2000 en la zona cocalera de Chapare, amén de otros, todos macabros. ¿Quién o quiénes dieron la orden de matar a los agentes de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural, UMOPAR, en esos convulsos años 2000/2003 de erradicación de las hectáreas ilegales de la hoja de coca? Es el propio Morales quien los pone sobre el tapete,  convertidos en ‘muertos vivientes’ 16 años después. ¡Los teníamos olvidados! (Sobre el tema se puede ingresar a los siguientes links:  https://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/imf/bolivia/txt/2003/0723asesinatos.htm;  o www.los.tiempos.com.23/07/2003:  “Dos cocaleros confiesan asesinato de policías”
 o http://www.eldiario.net/noticias/2002/2002_01/nt020119/: “Por cada campesino muerto, habrá un uniformado muerto”:
Y habrá que aclarar que la “hoja sagrada” forma parte de un mito. Como casi todos, cubren con un velo impenetrable las verdaderas relaciones sociales y sustituyen la verdad por las apariencias, a través de una interminable repetición de estereotipos, a fin de arraigar la creencia que el poder necesita ‘hacer creer como verdad absoluta’.  Ese es el mito de la hoja de coca que, más que sagrada, es la materia prima de la mercancía cocaína y, de suyo,  de toda la cadena de producción capitalista ilegal-criminal de la droga, aunque forme parte de la inveterada costumbre de masticarla para evitar hambre, frío y cansancio, desde la época colonial.
Pese a los abundantes  testimonios de prensa sobre el brutal asesinato a los esposos Andrade, corroborados hoy por otras fuentes, Morales ha hecho caso omiso de la aplicación de la Ley de Imprenta en el caso de Vacaflor. Más bien recurre a una  ‘guillotina judicial’ en su contra. También desconoce,  o no quiere conocer, que la Constitución boliviana vigente,   en su art. 106 establece que el Estado garantiza la libertad de expresión, de opinión y de información; da derecho a la rectificación, a la réplica y a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa, acorde con el Art. 1 de la ley de Imprenta. La libertad de expresión, opinión e información, es un derecho fundamental e inalienable inherente a todas las personas y es requisito indispensable para la existencia de una sociedad democrática. De ahí la necesidad de precautelarla, como valor esencial e imprescindible en un Estado Constitucional y Democrático de Derecho. ‘Sin libertad de expresión, no hay  democracia’, que en la Bolivia de Morales está secuestrada por la violación sistemática a los Derechos Humanos, por la violencia de todo orden y por la corrupción en la administración pública central, devenida en sistémica.
Desde que Morales asumió el poder, enero 2006,  ha declarado que "Los medios de comunicación son mi principal oposición” y ha calificado a los/las periodistas como "pollos de granja”, "vuvuzelas”, "agentes de inteligencia”, “del imperio”, "cobardes” y "narcotraficantes” entre otras destemplanzas. Ellas hablan de su violento nivel emocional, demostrado desde que era dirigente sindical cocalero, sin que haya dejado de serlo. Es presidente de las poderosas 6 Federaciones del trópico  de Cochabamba, desde  hace 17 años, y también presidente de la ex República de Bolivia, hoy Estado Pluri de todo, menos democrático.
¿Será esa peculiar dualidad de funciones la responsable de los desentonados calificativos a la labor periodística? Poco condicen con su investidura como jefe de Estado. Le quedó muy grande el saco, tanto que al no bastarle las palabras para hostilizar a la libertad de expresión y de prensa,  echa mano del servil Poder Judicial, convertido en apéndice de su lógica de poder autoritaria y abusiva.
El caso de Vacaflor no es el único al que le corresponde la ley de Imprenta. A ella se acogieron los abogados del también periodista Carlos Valverde Bravo y sentaron jurisprudencia: el juzgado que vio el caso en Santa Cruz,  aceptó  que el juicio presentaba indebido procesamiento. En ese tenor, la denuncia se remitió al Jurado de Imprenta, único competente para conocer la materia. Esa es la instancia que le corresponde a Humberto Vacaflor. Ninguna otra, aunque se hagan los que no saben.