Las autoridades, ancladas ideológicamente en la idea de hacer prevalecer la confrontación antes que el diálogo, pretenden manipular la información estatal a través de ejercer presiones ilegales sobre medios independientes
La semana pasada y como reacción a la explicación que ha dado el Vicepresidente del Estado sobre la desigual distribución de la información estatal, sea como tal o como publicidad o publicidad/propaganda, se ha desatado una intensa y muy útil polémica al respecto.
Varias autoridades han dicho que no se otorga información estatal a los medios que “son mentirosos”, pero, se ha retrucado de inmediato, ¿quién define qué información es verdadera o mentirosa? De acuerdo a nuestras normas, incluida la Constitución Política del Estado, sólo un jurado de imprenta puede definir qué información constituye un delito y no hay disposición que asigne al Órgano Ejecutivo (ni a ninguna dependencia estatal) la atribución señalada. Por tanto, se trata de una decisión emergente del uso arbitrario del poder; es decir, de la fuerza.
Más bien, hay explícitas disposiciones que prohíben que los Gobiernos utilicen la difusión de información estatal como mecanismo de coerción. El país es signatario de varios tratados y convenciones internacionales que disponen expresamente la obligación del Estado de difundir equitativamente sus productos informativos.
Sin embargo, corresponde reconocer que esta estrategia discriminadora ha sido utilizada a lo largo de nuestra historia, sin, empero, conseguir generalmente sus propósitos, pues no sólo que se atenta en contra de una libertad básica, sino que termina perjudicando a quienes la adoptan. No es casualidad (y se repite en todo el planeta) que los medios independientes del poder político gocen de la preferencia de las audiencias y lectores. Por tanto, al discriminarlos en la contratación de espacios para la publicidad y la propaganda estatales, lo que se hace es restringir su difusión masiva, como es muy fácil comprobar.
Desde otro enfoque, un columnista de Los Tiempos ha comentado que es lamentable que los medios requieran de la publicidad/propaganda para subsistir. Se trata de una percepción algo generalizada en los medios académicos y políticos cuando ése no es el debate de fondo. Éste es, por un lado, cómo se manejan los recursos públicos y como se evitan arbitrariedades y acciones que abren puertas a la corrupción. Por el otro, comprender que la información estatal es patrimonio de la ciudadanía y no de quienes circunstancialmente ejercen la administración estatal, por lo que se debe garantizar su adecuada difusión.
Por eso es que los periodistas siempre hemos insistido en que se establezcan parámetros claros para cumplir adecuadamente esa obligación, siendo uno de ellos los niveles de lectoría y audiencia.
En este sentido, parecería que las autoridades, ancladas ideológicamente en la idea de hacer prevalecer la confrontación antes que el diálogo, pretenden manipular la información estatal a través de ejercer presiones ilegales sobre medios independientes porque saben que los que controlan no tienen credibilidad. Por ello, utilizan todo argumento posible, por más falaz que éste sea, para justificar esta actitud miope y discriminadora, y a ello ayudan muchos colegas periodistas que alguna vez fueron abanderados de la lucha por la libertad de expresión y la equitativa distribución de la información estatal.
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