Desde la asunción de Cristina Fernández de Kirchner, en diciembre de 2007, se ha recurrido con llamativa y lamentable frecuencia a la teoría del complot, consistente en la invención de conspiraciones capaces de disimular los errores propios.
Esta táctica fue empleada contra los sectores agropecuarios que se opusieron a la inconstitucional resolución ministerial que aumentaba las retenciones a las exportaciones agrícolas. Poco después, se aplicó contra el vicepresidente Julio Cobos, a quien se tildó de traidor y desestabilizador por haber votado en el Senado en contra de esa medida.
Con peligrosa asiduidad, el gobierno kirchnerista quiso ver confabulaciones entre grupos económicos, jueces y medios de prensa no dispuestos a someterse a los designios del oficialismo. Por ejemplo, cuando un año atrás, una jueza intervino en favor del ex titular del Banco Central, Martín Redrado, en el conflicto por el uso de las reservas pasando por alto al Congreso.
Más recientemente, ante la aprobación por el Congreso de la ley -finalmente vetada por el Poder Ejecutivo- para garantizar el pago del 82 por ciento móvil a los jubilados, desde el Gobierno se esgrimió que los impulsores de esa iniciativa pretendían quebrar al Estado y provocar la caída de las autoridades.
Finalmente, tras los episodios violentos vividos días atrás en la estación Constitución, varios funcionarios, con la ministra de Seguridad, Nilda Garré, a la cabeza, denunciaron sin mayores elementos al Partido Obrero, a Eduardo Duhalde y al macrismo como responsables de los graves desmanes.
Estas teorías conspirativas se suman a la táctica de echarle siempre la culpa al otro por las torpezas propias. Se advirtió tras los violentos incidentes en el parque Indoamericano, cuando la máxima autoridad del país responsabilizó a jueces por el hecho de que delincuentes que son registrados por las cámaras de todos los canales de televisión no tenían órdenes de captura de la Justicia. Omitió la Presidenta que no se requiere orden judicial para detener, a través de las fuerzas policiales, a quien se pasea con un arma por un parque público.
La falta de reacción del Poder Ejecutivo frente a algunas de las citadas expresiones de violencia y de falta de respeto por la propiedad privada o por el espacio público fue absolutamente lamentable y contribuyó a que la violencia provocara muertes.
Los incidentes mostraron el divorcio de visiones entre el mundo de algunos funcionarios políticos y el de los ciudadanos, lo que sugiere que quizá los primeros no estén comprendiendo bien cuáles son efectivamente las urgencias y problemas de los segundos.
Las acusaciones del Gobierno a dirigentes que presuntamente "apadrinaron" a los violentos parecieron olvidar que desde el propio oficialismo se toleró y hasta se avaló la acción de grupos de piqueteros contra empresas privadas.
Las fantasías conspirativas a las que siempre recurren los populistas, con distinta intensidad y devoción, no son ciertamente nuevas en el mundo de la política. Con ellas se pueden buscar pretextos exculpatorios para la responsabilidad frente a problemas o situaciones concretas, o crearse los clásicos chivos emisarios, según convenga.
Ocurre que la credulidad de los desesperanzados aumenta exponencialmente en tiempos de dificultades económicas serias. Y los políticos lo saben o lo intuyen. Por eso, cuando la inflación erosiona fuertemente el poder adquisitivo de muchos, las teorías conspirativas, por absurdas que sean, prenden. Por lo demás, siempre es más fácil desplegarlas que atacar de plano los problemas reales que producen ansiedad en la gente.
La construcción de enemigos imaginarios o el lanzamiento de teorías "destituyentes" no es otra cosa que echarle la culpa a un tercero para distraer la atención de la opinión pública, en lugar de enfrentar y solucionar las verdaderas causas de un problema.
No es ni más ni menos que un reflejo de la desmesura oficial y un indicador más de intolerancia y de un proyecto político que se empeña en demoler lo que incomoda y que no admite otra cosa que adulación y sumisión.
