Bolivia necesita con urgencia un Estado. Nunca lo ha tenido y ante su ausencia seguirán proliferando males como el narcotráfico, el contrabando, la delincuencia y acumulándose deudas sociales como la pobreza y la desnutrición. Obviamente hay Estado para reprimir, para hacer politiquería y repartir pegas. En eso no hemos cambiado ni un ápice.
Acaba de difundirse un informe de la FAO que indica que casi un cuarto de la población boliviana sufre hambre y no ingiere los nutrientes necesarios para vivir decentemente.
Tenemos un Estado muy eficiente para organizar cumbres, que se mueve bien en eventos deportivos y que encarga obras faraónicas con mucha agilidad. Pero ese mismo aparato es lento para combatir la marginalidad y reconoce que tomará mucho tiempo, pese a que está por cumplir ocho años en el poder, uno de los periodos más largos de estabilidad política que se haya vivido en el país, tiempo coincidente con el lapso de mayor bonanza económica en la historia nacional.
Ese mismo Estado que recibe títulos y honores de todos lados queda muy mal parado cuando se habla de desigualdad. Precisamente la universidad que le entregó un título honoris causa al presidente Morales, ahora afirma después de elaborar un estudio, que Bolivia se ubica en el primer país más desigual de América Latina, superando a Brasil en este aspecto. Nos referimos al informe del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad de La Plata, Argentina que evalúa la inequidad en materia educativa, en cuanto a mortalidad infantil, el acceso a bienes durables e ingresos por grupos étnicos.
Estamos por presenciar la celebración de un nuevo aniversario de fundación del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia y seguramente se destacarán los grandes avances supuestamente conseguidos durante el “proceso de cambio”, pero en contraposición la realidad sigue demandando acciones estatales más efectivas para transformar la situación social de los bolivianos, cuyo nivel de vida no ha mejorado sustancialmente.
El Estado boliviano todavía tiene muchos desafíos para armar una estructura que busque el bien común, que ayude a equilibrar mejor el desarrollo social y que armonice el progreso económico –que algunos destacan-, con los niveles humanos que están muy lejos de la decencia, como lo indican los datos citados líneas arriba.
Paradójicamente, cuando se trata de convencer sobre las bondades del régimen imperante, el Estado boliviano se encuentra sumergido en acciones reprochables que no hacen más que destruir el tejido social destinado a constituir un sistema más democrático e incluyente y que consolida en cambio, un proyecto que busca el secuestro del poder como única función estatal.
Luego de haber destruido prácticamente la institucionalidad de los pueblos indígenas, el Estado ha ordenado la intervención policial de la Asamblea de Derechos Humanos, algo inédito en la historia democrática boliviana; en La Paz, el Gobierno central alienta el caos de los transportistas que boicotean un servicio público y por último, se comprueba que ciertas mafias sindicales son las que controlan las obras del Estado a través de avales que fomentan la corrupción. ¿Para eso es el Estado?
Acaba de difundirse un informe de la FAO que indica que casi un cuarto de la población boliviana sufre hambre y no ingiere los nutrientes necesarios para vivir decentemente.
Tenemos un Estado muy eficiente para organizar cumbres, que se mueve bien en eventos deportivos y que encarga obras faraónicas con mucha agilidad. Pero ese mismo aparato es lento para combatir la marginalidad y reconoce que tomará mucho tiempo, pese a que está por cumplir ocho años en el poder, uno de los periodos más largos de estabilidad política que se haya vivido en el país, tiempo coincidente con el lapso de mayor bonanza económica en la historia nacional.
Ese mismo Estado que recibe títulos y honores de todos lados queda muy mal parado cuando se habla de desigualdad. Precisamente la universidad que le entregó un título honoris causa al presidente Morales, ahora afirma después de elaborar un estudio, que Bolivia se ubica en el primer país más desigual de América Latina, superando a Brasil en este aspecto. Nos referimos al informe del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad de La Plata, Argentina que evalúa la inequidad en materia educativa, en cuanto a mortalidad infantil, el acceso a bienes durables e ingresos por grupos étnicos.
Estamos por presenciar la celebración de un nuevo aniversario de fundación del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia y seguramente se destacarán los grandes avances supuestamente conseguidos durante el “proceso de cambio”, pero en contraposición la realidad sigue demandando acciones estatales más efectivas para transformar la situación social de los bolivianos, cuyo nivel de vida no ha mejorado sustancialmente.
El Estado boliviano todavía tiene muchos desafíos para armar una estructura que busque el bien común, que ayude a equilibrar mejor el desarrollo social y que armonice el progreso económico –que algunos destacan-, con los niveles humanos que están muy lejos de la decencia, como lo indican los datos citados líneas arriba.
Paradójicamente, cuando se trata de convencer sobre las bondades del régimen imperante, el Estado boliviano se encuentra sumergido en acciones reprochables que no hacen más que destruir el tejido social destinado a constituir un sistema más democrático e incluyente y que consolida en cambio, un proyecto que busca el secuestro del poder como única función estatal.
Luego de haber destruido prácticamente la institucionalidad de los pueblos indígenas, el Estado ha ordenado la intervención policial de la Asamblea de Derechos Humanos, algo inédito en la historia democrática boliviana; en La Paz, el Gobierno central alienta el caos de los transportistas que boicotean un servicio público y por último, se comprueba que ciertas mafias sindicales son las que controlan las obras del Estado a través de avales que fomentan la corrupción. ¿Para eso es el Estado?
Estamos por presenciar la celebración de un nuevo aniversario de fundación del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia y seguramente se destacarán los grandes avances supuestamente conseguidos durante el “proceso de cambio”, pero en contraposición la realidad sigue demandando acciones estatales más efectivas para transformar la situación social de los bolivianos, cuyo nivel de vida no ha mejorado sustancialmente.
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