Como parte de las movilizaciones en todo el país por la abrogación del artículo 16 y la modificación del 23 de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, los periodistas de Cochabamba convocaron a todos los ciudadanos a las 10:00 al “bocinazo”, una caravana que partirá desde el Viaducto y que recorrerá la ciudad.
La representante del Comité por la libertad de expresión, Darinka Sánchez, manifestó que la convocatoria a la ciudadanía es para que asistan con sus autos, motos, bicicletas y cualquier otro medio e instrumento que implique una bocina, como las vuvuzelas o los pitos.
Entretanto, la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa del país instruyó que la recolección de firmas debe continuar porque aún no se ha llegado a la meta. En Cochabamba se registraron ya más de 20 mil firmas, según confirmó Sánchez.
Además, el fiscal general de la empresarial Asociación Nacional de la Prensa, Antonio Vargas, será recibido mañana por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
Esta audiencia servirá para denunciar un paquete de al menos cinco “artículos mordaza” insertados en cuatro leyes aprobadas por el Movimiento Al Socialismo que, en conjunto, conforman una “arquitectura jurídica” que limita las libertades ciudadanas y de prensa, según anunciaron dirigentes de la Asociación de Periodistas de La Paz y de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia.
Los resultados previos de la recolección de firmas, serán presentados en las instancias internacionales, además de un informe que observa la vulneración a los derechos a la libertad de expresión y de información.
También serán utilizadas para emprender una iniciativa legislativa ciudadana que obligue a la Asamblea Plurinacional a modificar la actual ley, ya que esta iniciativa es considerada como un derecho político fundamental de las bolivianas y los bolivianos que está reconocido en el artículo 11 parágrafo ll, numeral 1, de la Constitución Política del Estado y en todos los tratados internacionales de derechos humanos que consagran el derecho inalienable del pueblo a tomar decisiones en el marco de la democracia directa y participativa.
Los periodistas consideran que los artículos 16 y 23 de la ley antirracismo, por los contenidos y alcances que tienen, conllevan una clara y evidente violación a los derechos a la libertad de expresión, prensa e información, reconocidos en los artículos 21, 106 y 107 de la Constitución boliviana; artículo '19 del Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Políticos; y artículo l3 numerales 1), 2) y 3) de la Convención Americana sobre DD.HH.
Medios extranjeros ven a la ley como una amenaza
La promulgación de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación el pasado 8 de octubre ha provocado una serie de cuestionamientos también en el exterior del país, porque consideran que es una amenaza a la libertad de expresión.
Un artículo del Semanario “Búsqueda”, de Uruguay, afirma que la ley incluye artículos que operan como una auténtica mordaza para los medios de este país, por cuanto parte de su articulado es “ambiguo” y “vago” y su aplicación quedará librada a la interpretación de un comité controlado por el Poder Ejecutivo.
“La norma, que tiene 90 días para ser reglamentada (a partir de su promulgación) y entrará en vigencia, introduce, argumentando la finalidad de luchar contra el racismo, artículos que, ´como un caballo de Troya´, ponen en jaque la ´institucionalidad democrática´, según sostuvieron varias asociaciones de defensa de la libertad de prensa”, señala el artículo.
Agrega que el artículo 5 define una descripción tan amplia del término discriminación que deja abierta la puerta a que todo pueda ser considerado como “discriminatorio” por el Gobierno, según los críticos.
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