El país ha llegado a uno de los momentos más tristes de su historia. Las libertades esenciales de que gozan los ciudadanos de las sociedades civilizadas están a punto de ser violadas en Bolivia con la ley anti-racismo, que es, a pesar de su nombre, sólo el último golpe a la libertad de expresión.
La libertad de expresión y de prensa, que están garantizadas por la Constitución aprobada hace solamente dos años, han sobrevivido pocos meses antes de ser severamente dañadas por una iniciativa que podrá actuar como guillotina contra profesionales y medios de comunicación.
Las organizaciones gremiales, de profesionales y medios, así como las sindicales, han hecho gestiones para convencer a las autoridades sobre el peligro de dañar la libertad de expresión y de prensa, pero todo muestra que la determinación de acabar con esas libertades es mucho más fuerte.
Un senador oficialista que estaba decidido a llevar adelante un diálogo honesto, es decir que sea capaz de producir consensos, fue marginado de la comisión que analizaba el proyecto, con lo que quedó demostrado que incluso dentro de las fuerzas oficialistas hay criterios favorables a llegar a un entendimiento.
Voces opositoras, que no hablan en nombre de los medios ni del periodismo, han dicho que la ley en cuestión será usada de manera discrecional por los funcionarios del Gobierno, de un sistema judicial domesticado en medio de un clima de prepotencia.
Quizá la realidad no llegue a tanto, pero el hecho de que se aprueben leyes que autorizan pasar por alto principios que han sido reconocidos por la Constitución, deja espacio para que los ciudadanos y, en este caso, los profesionales de la comunicación, esperen lo peor.
Es cierto, las leyes pueden ser cambiadas en el futuro, o sencillamente abrogadas, pero el daño que aquellas mal diseñadas pueden causar a la sociedad a veces es irreparable.
Gobiernos anteriores que coartaron la libertad de expresión fueron casi exclusivamente de facto, conducidos por militares golpistas que encarcelaron a los periodistas, los enviaron al exilio, atacaron medios de comunicación, clausuraron radios y canales de Tv de sindicatos, y la sociedad boliviana tiene recuerdos amargos de esas épocas.
Esta es la primera vez que un Gobierno democrático, que no ha barrido la Constitución, como hacen los de facto, sino que la ha reformado, supuestamente para mejorarla, comete estos hechos contra la libertad de expresión.
El aspecto más preocupante de todo esto es, precisamente, cómo se manejarán estos alcances de la referida ley. El temor es que los criterios de acusación de racismo o discriminación a algunos profesionales o medios sea resultado de actitudes políticas. Y que los jueces no puedan –o no quieran- ser justos.
La imagen internacional del presidente Evo Morales se ha deteriorado en los últimos días, sobre todo a propósito del artero golpe que dio a un jugador de fútbol en un partido amistoso. Ahora los medios de comunicación e importantes organizaciones internacionales han comenzado a observar con mucha atención lo que está ocurriendo con la libertad de expresión en Bolivia.
En realidad, toda la imagen del país ha sido afectada por estos hechos. Sería bueno que alguna autoridad produzca el milagro de devolver racionalidad a todo este proceso.
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