Los abusos y el maltrato en los cuarteles no son de ahora y deben de ser, tal vez, incontables los casos que han quedado bajo un manto de silencio…
Conmocionada, la opinión pública nacional ha reaccionado unánime y vehementemente para condenar la tortura a manos de un oficial y de otros uniformados de un conscripto que cumplía su “servicio a la patria” en el cuartel del regimiento de fuerzas especiales Méndez Arcos con asiento en la localidad de Challapata (Oruro). El haber incumplido determinado horario fue la causa del atroz castigo que tuvo que soportar el joven soldado, amarrado de pies y manos e introducido, una y otra vez, en un cubo con agua mientras recibía golpes e insultos. El hecho ocurrió en este expirante 2009 y las impactantes imágenes captadas por un teléfono celular fueron difundidas a comienzos de esta semana por la red Unitel. Se sabe que los familiares del soldado denunciaron el hecho en febrero pasado pero, al no recibir ninguna atención, entregaron el registro de las imágenes a dicha red.
Hay una orden de baja y el correspondiente proceso ante la justicia ordinaria para los militares que participaron en la tortura, según una comunicación emitida por el Ministerio de Defensa, mientras que el presidente Evo Morales condenó lo ocurrido y anticipó que los responsables de la brutal acción serán severamente sancionados. El Jefe de Estado, además, agradeció a los medios de comunicación por haber divulgado públicamente lo sucedido y confirmó que la investigación fue puesta en marcha. He ahí, dicho sea de paso, la tarea de los medios que aún son capaces de filtrar la luz de la verdad entre las tinieblas y a los que se busca amordazar por la vía de cuestionables leyes actualmente en camino forzoso de su aprobación por mandato presidencial justamente.
Los abusos y el maltrato en los cuarteles militares no son de ahora y deben de ser, tal vez, incontables los casos que han quedado sepultados bajo un manto de silencio como impunes los endurecidos torturadores de uniforme. Los ultrajes contra la dignidad de los jóvenes conscriptos van desde los insultos hasta las agresiones de hecho. Incluso, abusivos e inescrupulosos oficiales y otros mandantes creen tener en los conscriptos mano de obra gratis para diversos menesteres, como recoger cosechas, construir viviendas, servir de choferes y realizar compras en el mercado “para la señora del comandante”.
Es de esperar que cuanto antes arriben a puerto alguno las investigaciones ordenadas por el propio Presidente del Estado y que no ocurra lo mismo con aquellos episodios del pasado reciente en los que estuvieron claramente involucrados uniformados, como en el “bombazo” contra un canal de televisión en Yacuiba y otros de los que, no obstante las comprometedoras evidencias, salieron librados de polvo y paja sus autores.
Lo ocurrido en Challapata, que astilla aún más la imagen de las Fuerzas Armadas de la nación, abre también el debate sobre la necesidad de mantener en vigencia el carácter obligatorio del servicio militar, en el que no se termina de erradicar los tratamientos torpes y abusivos contra quienes lo prestan en un país como Bolivia que, además, constitucionalmente se define como “pacifista” pero se mantiene, sin justificación alguna, en el empeño de gastarse una ponchada de plata en armamento bélico. He aquí la importancia de la sugerencia realizada por el Defensor del Pueblo, de convocar a una consulta ciudadana sobre el tema.
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