El Gobierno no terminaba de anunciar que daba por superado el problema de la escasez de alimentos y el pico inflacionario que emergió a raíz del gasolinazo y de pronto, en Llallagua una marcha de campesinos y mineros que protestaban por el incremento de los precios deriva en violencia y saqueos a los comercios de ese poblado del norte de Potosí. Las autoridades nacionales optan por calificar la reacción como un acto de connotaciones políticas e insisten en que no hay razones para quejarse porque los precios están bajando en los mercados. De cualquier forma, encomendarse al Ekeko para que no haga faltar comida en el país, parece ser la exteriorización del verdadero sentimiento de un Gobierno que sigue preso de la confusión y la incapacidad para enfrentar las dificultades que agobian a los bolivianos.
El Gobierno sigue en la suya, en el acullico, en la defensa de la coca y en la búsqueda de protagonismo a como dé lugar, atropellando autoridades locales como sucede en el Beni, donde la lucha contra el dengue exige un trabajo coordinado entre las distintas instancias del Estado y dejar de lado las miserias de la politiquería y los resentimientos.
El régimen del MAS continúa enfrascado en sus visiones mezquinas y excluyentes que le impiden reaccionar a tiempo frente a graves problemas. Así pasó con el dengue y ocurre con la tragedia del edificio Málaga, que requería la inmediata intervención del presidente para movilizar equipos, recursos y personal y no como realmente ha pasado, que recién al cuarto día del derrumbe se ordena el traslado de grandes perforadoras y se comienza a procurar ayuda internacional.
Cómo juzgar a este Gobierno, cuya propuesta estrella para luchar contra el contrabando consiste en ofrecerles el 20 por ciento de las incautaciones a aquellas personas que denuncien a los contrabandistas. La recompensa, según anuncia el vicepresidente, será en efectivo y de manera inmediata, sin trámites judiciales ni ningún otro paso “burocrático”. Es verdad que el contrabando es un monstruo de siete cabezas al que hay que enfrentar con todas las armas, pero eso no implica desatar una “cacería de brujas” que se puede prestar a la violación de las normas y los procedimientos administrativos. Con este mecanismo los únicos que saldrán ganando serán los dueños de las mercaderías ilegales, pues no hay forma de respaldar jurídicamente una medida con estas características.
Tal vez no se trate de la legalidad. Ya lo ratificó hace poco el Presidente: aquí se trata de que él hace y sus abogados legalizan. Y en esa línea va justamente la propuesta del senador masista Eugenio Rojas, quien a raíz de la detención del alcalde de Calamarca, Yasid Mamani (MAS), con tres kilos de cocaína, ha propuesto la reducción de las penas por el delito de narcotráfico. Cree que no se puede medir con la misma vara al que trafica con una tonelada que quien comercializa dos o tres kilos. Antes que sigan proliferando los saqueos y las propuestas descabelladas como ésta, el Gobierno –ya lo dijo alguien-, necesita una brújula y más que nada reflexionar con sinceridad sobre el rumbo que está tomando su administración. A este paso, el deterioro del régimen del MAS se producirá antes de lo previsto.
Tal vez no se trate de la legalidad. Ya lo ratificó hace poco el Presidente: aquí se trata de que él hace y sus abogados legalizan. Y en esa línea va justamente la propuesta del senador masista Eugenio Rojas, quien a raíz de la detención del alcalde de Calamarca, Yasid Mamani (MAS), con tres kilos de cocaína, ha propuesto la reducción de las penas por el delito de narcotráfico. Cree que no se puede medir con la misma vara al que trafica con una tonelada que quien comercializa dos o tres kilos.
1 comentario:
Este sujeto Rojas es un linchador que impidió hasta el dia de hoy que se investigue el linchamiento de ONCE personas, includas dos mujeres, una de ellas embarazada que ocurrio el 17 de noviembre de 2008 en Achacachi. Los linchados, dos de los cuales murieron, fueron rociados con gasolina y obligados a correr por la cancha de futbol del lugar. Este criminal que fungia de Alcalde dijo : “Yo personalmente voy a dar la cara por mi pueblo y voy a estar presente. Si quieren detener a alguien, me van a tener que detener a mí...”. . Luego organizo la resistencia de los pobladores a la entrada de los fiscales, decretando el “estado de sitio civil “amenazando con nuevos actos de violencia. Los linchados sobrevivientes fueron detenidos y puestos en prisión mientras que la investigación a los responsables de los salvajes asesinatos y torturas no pasó de anuncios. . El vice ministro de justicia justificó la barbarie. así como lo hicieron periodistas serviles al oficialismo.
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