El ex presidente de YPFB, Santos Ramírez, recluido preventivamente en la cárcel de San Pedro, acusó al actual titular de la estatal petrolera, Carlos Villegas de estar perjudicando económicamente al país al haber firmado el contrato para la construcción de la planta de Río Grande en un monto mucho mayor al que podía haber costado si se permitía entregar esta estructura a la constructora contratada inicialmente.
Santos Ramírez explicó que YPFB y técnicos de PDVSA realizaron una auditoría técnica sobre la fabricación de la planta de Río Grande en Houston, Estados Unidos, en la cual se revisaron todos los planos, en diez empresas de la construcción de las instalaciones.
“Esa auditoría verifica la conclusión del 100% del turbo expander que precisamente debía separar del gas 360 toneladas de GLP y más de aproximadamente 280 barriles de gasolina día, lamentablemente porque hay que sentenciar a Santos Ramírez desechan la auditoría y no continúan con ese contrato”, explicó Ramírez.
Según la versión del ex presidente de YPFB en julio de 2009 le llega una carta oficial a Carlos Villegas de parte de la Gulsby (que era la constructora contratada antes del escándalo de Catler) indicando que era posible seguir la construcción de toda la planta por un costo de 90 millones de dólares, y esto porque los costos subieron, además de conseguir el cronograma y la entrega de las instalaciones.
“Hoy lo que hemos visto es una estafa legalizada, porque la nueva planta va a costar 159 millones 400 mil dólares, esto vamos a debatir este proceso, eso si es una estafa legalizada en contra del país”, dijo Ramírez.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la empresa Astra Evangelistas S.A. (AESA), suscribieron la anterior semana el contrato de adjudicación de la Ingeniería, Procura, Construcción y Puesta en Marcha para la Planta de Separación de Líquidos Río Grande”, que se construirá en el campo del mismo nombre por un monto de 159.462.470 dólares. Instalación que debe estar completada a fines de 2012.
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