Circula con insistencia desde Año Nuevo la versión de una reunión sostenida por jefes militares con el presidente Evo Morales, que habría sido decisiva para la abrogación del decreto 748 que instituía el ajuste de precios de los combustibles. Según esta versión, miembros del Alto Mando visitaron de manera sorpresiva al primer mandatario en la madrugada del 31 de diciembre, más exactamente a las 5:30 de la mañana, hora en la que Morales suele comenzar sus actividades. En el encuentro, los militares le habrían manifestado claramente al presidente que no participarían en una eventual represión a las protestas populares contra el gasolinazo, en el entendido que no serían parte de “un nuevo octubre negro”. La decisión castrense habría precipitado el “abrogazo” en la noche del 31, previa reunión con los cocaleros del Chapare. Todo apunta a que, como señaló un diputado opositor, el régimen evista habría caído en la primera semana de enero de no haber mediado el retroceso en la impopular medida, a raíz de una escalada en la conflictividad social. Lo cual nos pinta el panorama de un gobierno extremadamente debilitado, que no sólo ha perdido legitimidad, imagen, bases, fondos, cohesión y discurso, sino que también ve resquebrajarse el alineamiento político al que quiso forzar a las Fuerzas Armadas.
El plan detrás del gasolinazo
Con algo de tiempo de distancia, se va aclarando la figura sobre los verdaderos entretelones del fallido ajuste fiscal navideño. Por lo que se sabe, el “gasolinazo” habría sido un ejemplo de la estrategia leninista de “un paso atrás, dos adelante”, tan utilizada por el vicepresidente Álvaro García Linera. La maniobra consistía en implementar una aparente medida neoliberal como la supresión del subsidio a los combustibles (el “paso atrás”), que paradójicamente permitiría ampliar de manera notable la presencia del Estado en la economía (los “dos pasos adelante”). Esto sucedería de la siguiente manera: el “gasolinazo” iba a representar una transferencia de dinero de la sociedad civil al erario público equivalente al 10% del Producto Interno Bruto. Es decir, que el ajuste fiscal por sí solo representaba un crecimiento del Estado de diez puntos, del actual 46% de la economía boliviana (al que se llegó mediante la “nacionalización” de los hidrocarburos) al 56%. En una segunda fase, el monopsonio estatal de la compra de soya combinada con una bajada del dólar iba a convertir al Estado en el único exportador significativo de Bolivia, haciéndolo crecer otros veinte puntos, del 56% al 76%. Con lo cual se produciría una virtual homologación de la economía de Bolivia con la de Venezuela, donde el Estado copado por el proyecto chavista ya controla el 80% del PIB. Se trataba, entonces, de la curiosa utilización de una herramienta “neoliberal” para la profundización del socialismo del siglo XXI…
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