La difamación hecha por la ministra de Transparencia en contra de los medios de Paraguay y Bolivia es otro golpe contra la imagen gubernamental
La actuación de la ministra de Transparencia en Paraguay –a donde viajó para evitar que esa nación otorgue refugio político al gobernador suspendido de Tarija–, las desaprensivas declaraciones presidenciales sobre el mismo tema –en las que incluyó a su colega paraguayo– y las del ministro de Relaciones Exteriores sobre el mismo tema han dejado, una vez más, muy mal parado al país porque, por un lado, se trata de acciones que muestran que las autoridades desconocen elementales normas del relacionamiento internacional y, por otro, han confirmado que el defenestrado gobernador tarijeño sufre una sañuda persecución política en Bolivia y que las acusaciones de corrupción –así las hubiere– no son sino el pretexto para eliminar a un opositor que en forma consecutiva recibió, en su región, la adhesión ciudadana expresada mediante el voto.
La ministra de Transparencia se reunió con las representantes del Congreso Paraguayo ante la entidad que define si se otorga o no la calidad de refugiado a quien lo solicite. De acuerdo a la versión de una de las parlamentarias, la dignataria boliviana, muy suelta de cuerpo, habría intentado ejercer indebida presión sobre ellas y entre otros improperios habría dicho que el suspendido gobernador de Tarija “habría comprado” a los medios paraguayos, como, además, sucedería en el país.
Por su parte, el Presidente declaró que esperaba que las instituciones del Estado (paraguayo) no sean protectoras de la corrupción (sentenciando de esa manera y sin proceso debido al Gobernador), lo que podría suceder porque su colega paraguayo no tiene el control de “la mayoría de la estructura del Estado en Paraguay”. Para rematar, el Canciller solicitó que Paraguay rechace la solicitud de refugio porque “en la pasada gestión el Gobierno boliviano negó la solicitud de refugio a ciudadanos paraguayos porque el Gobierno de ese país entregó documentación incriminatoria”.
En Paraguay, salvando las agrupaciones políticas afines al MAS, parecería que hay un acuerdo mayoritario en otorgar la calidad de refugiado al gobernador tarijeño partiendo de un hecho contundente: la norma por la que ha sido suspendido contradice la Constitución Política del Estado y no existe ninguna garantía en el país para que sea procesado conforme a ley. De hecho, el presidente paraguayo ha dicho que si bien se escuchará el alegato del Gobierno boliviano, su país “nunca ha dejado de ser solidario con quienes vienen a pedir refugio, siempre que se ajuste a la ley”.
Como colofón corresponde poner énfasis en dos aspectos. Uno, que la situación del gobernador tarijeño es absolutamente diferente a la de dos ciudadanos paraguayos procesados por ser coautores del secuestro y asesinato de la hija de un ex mandatario paraguayo y que las autoridades del Ministerio de Gobierno de entonces los hicieron escapar, hecho que obligó al Gobierno a aceptar la renuncia del entonces viceministro de esa repartición.
El otro, que es intolerable la difamación hecha por la ministra de Transparencia en contra de los medios de Paraguay y Bolivia. Es una muestra más de que en el país todo recurso es válido –sea legal o no– para buscar el control total de la sociedad. Así de simple.
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