El fin de los aventurerosMartes, 18 de Enero, 2011El Ministerio Público, que hace unos días emitió una importante señal de integridad al suspender al fiscal que andaba en tratativas con un senador del MAS, debe ordenar la inmediata investigación del reciente video emitido por todos los medios de comunicación, mediante el que se comprueba que los servicios de inteligencia y de seguridad del Estado pagaron a un testigo falso para que incrimine a las personas que hoy están formalmente acusadas de vínculos con una supuesta célula terrorista.
Hay indicios que señalan que el video que muestra el momento en el que le pagan 31.500 dólares al “testigo clave”, Ignacio Villa Vargas, fue grabado por un funcionario de confianza y asesor del ministro de Gobierno que estaba ejerciendo ese cargo cuando se produjo la matanza del hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009. También se conoce el nombre del sujeto que paga el soborno, el mismo que se habría producido en la frontera con Argentina, país al que huyó el hombre que utilizaron los autores del “complot Eduardo Rózsa” para criminalizar a cientos de dirigentes cívicos, empresarios y líderes políticos de Santa Cruz. Además de esos dos empleados del Gobierno, un fiscal que participó en la investigación del “caso terrorismo”, habría estado presente en el momento en el que facilitaban la huida de Villa Vargas, quien posteriormente fue declarado prófugo acusado de ser el proveedor de armas del grupo comandado por el boliviano-húngaro Rózsa Flores.
Las evidencias que ofrecen pistas importantes sobre la burda manipulación de testigos, son demasiado importantes como para ser ignoradas, tal como sucedió con aquellos videos, fotografías y otros documentos que probaron que detrás del grupo Rózsa estaba la mano del terrorismo estatal tejiendo un perverso complot que terminó con tres personas acribilladas, 18 detenidos y numerosos ciudadanos bajo sospecha. La Fiscalía General del Estado debe ponerle fin al libertinaje con el que ha conducido la investigación el fiscal Marcelo Soza, quien descaradamente se puso a órdenes del Ministerio de Gobierno para orientar políticamente este proceso. Una revisión mínimamente sensata conduciría a la anulación de todas las actuaciones realizadas hasta la fecha y seguramente se harían sorprendentes hallazgos sobre los verdaderos responsables de la patraña armada.
El Presidente ha ordenado la investigación del video y el Ministerio de Gobierno ha anunciado que hará sus propias pesquisas. En el primer caso, conviene que Evo Morales reflexione acerca de la importancia de no seguir insistiendo en sostener una trampa que se les está volcando en contra y que podría acarrearle a él y a varios miembros de su entorno graves consecuencias jurídicas, tanto en el plano nacional como el internacional. Por otro lado, la manipulación que pueda ejercer un miembro del gabinete con probada torpeza, no deja de ser un agravante para aquellos que han armado esta patraña. La verdad verá la luz tarde o temprano y cuando ese momento llegue, tal vez los poderosos de hoy no estén en condiciones de seguir aplastándola. La Fiscalía es capaz de recuperar la credibilidad rifada por algunos de sus miembros, pero eso es entendiendo que el país ya no aguanta más a los aventureros.
La Fiscalía General del Estado debe ponerle fin al libertinaje con el que ha conducido la investigación el fiscal Marcelo Soza, quien descaradamente se puso a órdenes del Ministerio de Gobierno para orientar políticamente este proceso.
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