Los indígenas que defienden la integridad del TIPNIS fueron obligados a atravesar un callejón de insultos, repletos de barricadas y alambres de púa a su paso por la ciudad de San Ignacio de Moxos, donde finalmente se cumplió aquella fábula tantas veces repetida de que los originarios -en el viejo estado colonial-, no podían pisar las plazas de los pueblos. Es curioso que semejante realidad se haya hecho carne en un período en el que supuestamente se rescata la dignidad de los nativos de esta tierra.
Los dirigentes de la CIDOB tuvieron que soportar en silencio la humillación, pero han advertido que ellos serán quienes van a señalar también el trazado de la carretera y que esperan ser respetados en su decisión.
Hace más de un mes que los médicos del país están en huelga y es lógico que la desesperación lleve al Gobierno a convocar a la gente a rebelarse contra una medida tan dura. Lo que no es coherente es que el Ministerio correspondiente, no mueva ni un dedo para evitar el abuso que han cometido los transportistas de todo el país, especialmente los paceños, que no solo han dejado a la población sin un servicio elemental, sino que han bloqueado las principales arterias de la sede gubernamental, han agredido a la gente y la han obligado a vivir un verdadero suplicio. Los colegios tuvieron que suspender las clases, la ciudadanía hacía hasta lo imposible para llegar hasta sus fuentes de empleo, todo en medio de ataques verbales y físicos de los choferes, que abogan por el desorden y la ausencia de control.
No hay miras de que las calles bolivianas vuelvan a la normalidad y que la gente deje de amargarse la vida para llegar al trabajo, a la escuela o al hospital. Se vienen tres días de movilizaciones de la Central Obrera Boliviana y el Gobierno pretende hacer lo suyo con una marcha de “autodefensa” en la que están involucrados varios movimientos sociales afines al oficialismo. La consigna parece ser mantener al país bajo una eterna pulseada entre dos gigantes que se pelean por el poder y los ingresos económicos, mientras la ciudadanía que se las busca para sobrevivir como puede, paga los platos rotos. Por eso es que resulta incongruente hacer un llamado a la población a que se rebele. De ser así no habría quién trabaje para que otros peleen, entre ellos un Estado parasitario que siempre ha sido el botín político de un sector.
Y mientras el grueso de la gente vive estas penurias por la ausencia de Gobierno que busque la justicia y el orden, otros también viven “calles de la amargura” muy puntuales, como aquellos dos policías que ha sido secuestrados por comunarios potosinos que rechazan una concesión minera en la zona de Mallku Khota. Ante la amenaza de que puedan ser linchados como ocurrió en el año 2010 en Uncía y como acaba de suceder en el área de influencia de Yapacaní, con un ataque de “narcocomunarios”, más de 500 policías y el gobernador de Potosí en persona se han movilizado hacia el lugar del conflicto.
Lo más insólito de este país es que los senderos también se vuelvan tenebrosos para quienes insisten en producir, exportar y dar de comer a la población, como ocurre con los agricultores, agobiados por prohibiciones, tomas de tierra, inseguridad jurídica y un acecho gubernamental que no parece tener límites.
No hay miras de que las calles bolivianas vuelvan a la normalidad y que la gente deje de amargarse la vida para llegar al trabajo, a la escuela o al hospital. Se vienen tres días de movilizaciones de la Central Obrera Boliviana y el Gobierno pretende hacer lo suyo con una marcha de “autodefensa” en la que están involucrados varios movimientos sociales afines al oficialismo.
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