La noticia de una niña de 12 años que dio a luz por segunda vez en la maternidad Percy Boland no tuvo mayor resonancia en medio de la estridencia del conflicto de los médicos y trabajadores de salud.
La chica, oriunda del municipio de Cabezas, fue sometida a una cesárea dos años después de su primer alumbramiento. Las autoridades relacionadas con la niñez investigan un tenebroso caso de prostitución y abuso alrededor de esta desdichada criatura, cuya historia lamentablemente no es un caso aislado.
En el último año, más de tres mil adolescentes han dado a luz en el hospital maternológico cruceño y casi un centenar de ellas no pasaban de los trece años. En la gran mayoría de los casos se trata de abuso sexual, un delito penado con hasta 25 años de cárcel y que debería ser investigado de oficio por el Ministerio Público; sin embargo, en muy pocas ocasiones los culpables son sancionados, ya que sea porque llegan a un arreglo con los familiares de las víctimas o porque el violador es pariente cercano de la menor abusada, cuya existencia quedará marcada para siempre por una gran herida abierta a causa de la impunidad y la falta de atención a su drama.
Según datos difundidos recientemente, los embarazos de chicas de 10 a 19 años de edad han ido en aumento en Santa Cruz. Han pasado de 14 mil casos en el 2004, a 27 mil en el 2009, mientras que en el 2010 se registraron 35.281 casos en todo el departamento. En lo que va del 2012 ya suman 16 mil las adolescentes abusadas que terminan embarazadas.
Bolivia tiene uno de los más altos índices de embarazos en adolescentes en América Latina. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el 25 por ciento de los embarazos en el país corresponden a chicas de entre 12 y 18 años de edad, cifra que en el 2008 estaba en el 18 por ciento. El promedio a nivel continental no sobrepasa el 15 por ciento, aunque preocupa el incremento de este fenómeno en casi todos los países, donde al igual que en el país, existe una combinación nefasta de falta de educación, marginalidad, hacinamiento e impunidad, pues casi siempre hay abuso de por medio.
Las consecuencias que este problema acarrea son más graves de lo que se piensa. Estamos hablando de que un 40 por ciento de los alumbramientos en Santa Cruz corresponden a adolescentes, muchas de las cuales enfrentan dificultades para criar a sus hijos. Detrás de los dramas sociales que vemos en las calles, como la drogadicción, la criminalidad y el abandono está precisamente esta realidad de hogares destruidos, madres solas, cuya descendencia está prácticamente condenada a repetir las tragedias.
El abuso, la explotación infantil, la prostitución de menores, son realidades lacerantes que merecen una mayor atención de las instituciones gubernamentales, de las instancias que tienen que ver con la justicia, la educación y la protección de la familia.
El Estado no está haciendo lo suficiente por los problemas sociales. Las evidencias gritan con este tipo de dramas humanos. No es suficiente con entregar bonos, con inaugurar obras y estrenar edificios.
Hace falta que todos los estamentos del Gobierno, ya sea en los niveles central, departamental o municipal, se humanicen y tomen contacto con las realidades que están lastimando a la gente.
La chica, oriunda del municipio de Cabezas, fue sometida a una cesárea dos años después de su primer alumbramiento. Las autoridades relacionadas con la niñez investigan un tenebroso caso de prostitución y abuso alrededor de esta desdichada criatura, cuya historia lamentablemente no es un caso aislado.
En el último año, más de tres mil adolescentes han dado a luz en el hospital maternológico cruceño y casi un centenar de ellas no pasaban de los trece años. En la gran mayoría de los casos se trata de abuso sexual, un delito penado con hasta 25 años de cárcel y que debería ser investigado de oficio por el Ministerio Público; sin embargo, en muy pocas ocasiones los culpables son sancionados, ya que sea porque llegan a un arreglo con los familiares de las víctimas o porque el violador es pariente cercano de la menor abusada, cuya existencia quedará marcada para siempre por una gran herida abierta a causa de la impunidad y la falta de atención a su drama.
Según datos difundidos recientemente, los embarazos de chicas de 10 a 19 años de edad han ido en aumento en Santa Cruz. Han pasado de 14 mil casos en el 2004, a 27 mil en el 2009, mientras que en el 2010 se registraron 35.281 casos en todo el departamento. En lo que va del 2012 ya suman 16 mil las adolescentes abusadas que terminan embarazadas.
Bolivia tiene uno de los más altos índices de embarazos en adolescentes en América Latina. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el 25 por ciento de los embarazos en el país corresponden a chicas de entre 12 y 18 años de edad, cifra que en el 2008 estaba en el 18 por ciento. El promedio a nivel continental no sobrepasa el 15 por ciento, aunque preocupa el incremento de este fenómeno en casi todos los países, donde al igual que en el país, existe una combinación nefasta de falta de educación, marginalidad, hacinamiento e impunidad, pues casi siempre hay abuso de por medio.
Las consecuencias que este problema acarrea son más graves de lo que se piensa. Estamos hablando de que un 40 por ciento de los alumbramientos en Santa Cruz corresponden a adolescentes, muchas de las cuales enfrentan dificultades para criar a sus hijos. Detrás de los dramas sociales que vemos en las calles, como la drogadicción, la criminalidad y el abandono está precisamente esta realidad de hogares destruidos, madres solas, cuya descendencia está prácticamente condenada a repetir las tragedias.
El abuso, la explotación infantil, la prostitución de menores, son realidades lacerantes que merecen una mayor atención de las instituciones gubernamentales, de las instancias que tienen que ver con la justicia, la educación y la protección de la familia.
El Estado no está haciendo lo suficiente por los problemas sociales. Las evidencias gritan con este tipo de dramas humanos. No es suficiente con entregar bonos, con inaugurar obras y estrenar edificios.
Hace falta que todos los estamentos del Gobierno, ya sea en los niveles central, departamental o municipal, se humanicen y tomen contacto con las realidades que están lastimando a la gente.
En el último año, más de tres mil adolescentes han dado a luz en el hospital maternológico cruceño y casi un centenar de ellas no pasaban de los trece años. En la gran mayoría de los casos se trata de abuso sexual, un delito penado con hasta 25 años de cárcel y que debería ser investigado de oficio por el Ministerio Público.
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